Athanasios Rantos funda la legitimidad de la contribución solidaria del Reglamento 2022/1854 en que es temporal y recae sobre el exceso de beneficio. El...
La Sala de lo Social del Supremo sostiene que la recontratación inmediata no borra la extinción del contrato; la jurisdicción contencioso-administrativa y el órgano...
La Sala Cuarta del Tribunal Económico-Administrativo Central extiende a la inspección la obligación de motivar el inicio de la comprobación de valores y responde...
En el primer asunto del Reglamento de Mercados Digitales que llega al Tribunal de Justicia, la Comisión gana el pleito y pierde discrecionalidad, mientras...
El Ejecutivo apenas puede invocar ante el Tribunal Constitucional garantías procesales propias. Las vías reales para discutir el voto del 29N son el Fiscal,...
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reconoce que la sanidad autonómica actuó contra Derecho en la asistencia a una joven que quedó en estado vegetativo tras una crisis anafiláctica, pero limita la reparación a cien mil euros de los más de cuatro millones reclamados. El fallo repara el error del centro de salud y deja intacto el funcionamiento anormal que lo hizo posible, la no interconexión efectiva de las historias clínicas entre comunidades.
Una reforma pensada para proteger a niños españoles abandonados por sus familias se aplica hoy a centenares de menores por temporada. La tutela ex lege del artículo 172 del Código Civil impone a Ceuta la protección de cada menor a 52.900 euros anuales, sobre una capacidad ordinaria de 29 plazas, y con el Estado guardándose la competencia sobre la frontera. Un análisis de la brecha entre la norma y la factura.
La agresión de Moguer a una niña de doce años ha instalado el mantra de que las agresoras «son inimputables». Pero la inimputabilidad penal no significa que no pase nada: sus padres responden civilmente por el artículo 1903 del Código Civil, con indemnizaciones que pueden alcanzar los 100.000 euros. Y difundir el vídeo o señalar a menores inocentes también es delito.
Los vecinos de la Sierra Oeste reconocen su fachada calcinada al fondo de un directo y siguen sin permiso para pisar su calle. La restricción se apoya en un riesgo que ya nadie acredita, y nadie tiene incentivo para levantarla.
Ocho horas de emisión, diez combates y más de ocho millones de espectadores en directo sin una sola indicación de edad en pantalla. No hubo infracción: el artículo 94.1 de la LGCA convierte al creador en prestador audiovisual, pero deja fuera los apartados 2 y 3 del artículo 99, donde vive la protección de los menores. La reforma que lo corrige lleva dieciséis meses en el Congreso.
A un agricultor o a un ganadero le abren expediente por desbrozar, por retirar leña o por meter el ganado en el monte sin autorización. A la administración que no previene no le abre expediente nadie.
El Citroën C3 que originó el fuego de San Martín de Valdeiglesias no ha ardido solo: ha incendiado también un debate sobre coches eléctricos que no venía a cuento. Analizamos qué dice realmente el Código Penal sobre la responsabilidad del propietario, y por qué la respuesta no es la que exige la turba de las redes
El auto que inadmite el concurso confunde insolvencia con indigencia, ignora el régimen de inembargabilidad del salario mínimo y desoye la jurisprudencia consolidada del...
