Una reforma pensada para proteger a niños españoles abandonados por sus familias se aplica hoy a centenares de menores por temporada. La tutela ex lege del artículo 172 del Código Civil impone a Ceuta la protección de cada menor a 52.900 euros anuales, sobre una capacidad ordinaria de 29 plazas, y con el Estado guardándose la competencia sobre la frontera. Un análisis de la brecha entre la norma y la factura.
La agresión de Moguer a una niña de doce años ha instalado el mantra de que las agresoras «son inimputables». Pero la inimputabilidad penal no significa que no pase nada: sus padres responden civilmente por el artículo 1903 del Código Civil, con indemnizaciones que pueden alcanzar los 100.000 euros. Y difundir el vídeo o señalar a menores inocentes también es delito.
Los vecinos de la Sierra Oeste reconocen su fachada calcinada al fondo de un directo y siguen sin permiso para pisar su calle. La restricción se apoya en un riesgo que ya nadie acredita, y nadie tiene incentivo para levantarla.
Ocho horas de emisión, diez combates y más de ocho millones de espectadores en directo sin una sola indicación de edad en pantalla. No hubo infracción: el artículo 94.1 de la LGCA convierte al creador en prestador audiovisual, pero deja fuera los apartados 2 y 3 del artículo 99, donde vive la protección de los menores. La reforma que lo corrige lleva dieciséis meses en el Congreso.
A un agricultor o a un ganadero le abren expediente por desbrozar, por retirar leña o por meter el ganado en el monte sin autorización. A la administración que no previene no le abre expediente nadie.
El Citroën C3 que originó el fuego de San Martín de Valdeiglesias no ha ardido solo: ha incendiado también un debate sobre coches eléctricos que no venía a cuento. Analizamos qué dice realmente el Código Penal sobre la responsabilidad del propietario, y por qué la respuesta no es la que exige la turba de las redes