El Tribunal Supremo obliga al juez a comprobar de oficio que no concurre ninguna causa de exclusión, aunque ningún acreedor se oponga, y atribuye al solicitante la carga de justificar cómo y por qué se endeudó.
Quien pide la exoneración de sus deudas ya no puede limitarse a enumerarlas, sino que debe explicar de dónde vienen y justificarlas si superaban sus ingresos al contraerlas. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 259/2026, de 18 de febrero, que impone al juez un examen de oficio de los requisitos de la segunda oportunidad.
Para quienes llevamos estos expedientes, la consecuencia es clara. La exoneración se queda muy comprometida dependiendo de cómo prepares la solicitud, y un expediente documental con falta de documentación ya no queda cubierto por el silencio de los acreedores.
El juez revisa la buena fe aunque nadie la discuta
El caso llegó al Supremo por otra vía, pero para la cuestión, el interés práctico está en el razonamiento. La buena fe que exige el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC) es un concepto normativo, definido por la ausencia de las causas de exclusión del artículo 487.1, que la Sala califica de «lista taxativa». Y como «la ley no supedita la verificación del cumplimiento de este presupuesto a la oposición de algún acreedor», lo que impone al juez un examen de oficio.
Ese examen necesita material, y la sentencia sitúa en el deudor la carga de aportarlo. Para descartar el endeudamiento temerario o negligente (art. 487.1.6.º TRLC), el solicitante debe «mostrar el origen de las deudas y su justificación cuando pudieran resultar desproporcionadas respecto de los ingresos». El juez puede, además, pedir explicaciones o documentación adicional.
La memoria tiene que contar la historia de cada deuda
La solicitud de concurso ya exige una memoria sobre la historia económica y jurídica del deudor y sobre las causas de su insolvencia (art. 7 TRLC). Tras esta sentencia, una memoria genérica es un riesgo. Fórmulas como «sobreendeudamiento por pérdida de empleo» no permiten al juez saber si cada crédito era razonable cuando se firmó, que es justo lo que debe comprobar.
El propio artículo 487 indica qué debe valorarse. Su apartado 1.6.º obliga al juez a tener en cuenta, para apreciar la temeridad o la negligencia, la información patrimonial que el deudor facilitó al prestamista para evaluar su solvencia, su nivel social y profesional y las circunstancias personales del sobreendeudamiento. Cada uno de esos criterios se prueba con documentos, y la memoria debería anticiparlos.
El incumplimiento del deber de colaboración e información con el juez y la administración concursal es otra causa de exclusión (art. 487.1.5.º TRLC). Una solicitud que deja preguntas sin responder dificulta el examen del endeudamiento y puede acabar valorándose también como falta de colaboración.
La herramienta más eficaz es una cronología de los créditos. Para cada uno deben constar la fecha, el importe, el prestamista y el destino del dinero, junto con los ingresos del deudor en ese momento. La vida laboral acredita los cambios de empleo, y las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas que exige el artículo 501.3 TRLC permiten contrastar la capacidad de pago.
Los cambios familiares que alteraron la economía del deudor, como una separación, nuevas cargas o una enfermedad, deben explicarse y acreditarse aparte. Sin ellos, el juez solo verá deudas e ingresos, sin el contexto que explica por qué dejaron de cuadrar.
La falta de documentos también se tiene que documentar
La objeción más seria es conocida. Muchos solicitantes son personas vulnerables que no conservan los contratos de minicréditos firmados hace años, y exigirles una reconstrucción exhaustiva puede acercarse a una prueba imposible. La objeción es fundada, pero no exime al deudor de su carga, sino que cambia lo que debe probar. Si no puede aportar el contrato, debe acreditar que intentó obtenerlo.
El artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena tener en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria de cada parte, y quien conserva el contrato, la solicitud de crédito y la evaluación de solvencia es casi siempre el prestamista. Ese argumento solo funciona si el expediente demuestra las gestiones realizadas, quién tiene los documentos y por qué no se han podido aportar.
Con esas gestiones acreditadas, el deudor puede pedir al juez que requiera la información a la entidad, concretando qué dato falta y para qué resulta relevante. Ni la reclamación ni el burofax garantizan la exoneración, pero convierten una laguna sospechosa en una dificultad explicada.
La carga de la prueba debe medirse con lo que el deudor puede aportar
Los minicréditos, que son los más difíciles de documentar, suelen dejar rastro aunque el contrato no aparezca. El ingreso del préstamo y las cuotas figuran en los extractos de la cuenta, y la entidad envía correos de confirmación al contratar. Con ellos se pueden reconstruir fechas e importes, y una declaración del deudor sobre el destino de cada préstamo completa lo que los papeles no cuentan.
La carga de la prueba tiene, en todo caso, un límite. La sentencia pide mostrar el origen de las deudas, y esa exigencia debería medirse con lo que el deudor razonablemente puede aportar. Reclamar una reconstrucción exhaustiva a quien no conserva los documentos, cuando los guarda la entidad que le prestó, convierte un control contra el fraude en un obstáculo para quien menos medios tiene.
Ahí está el trabajo del abogado. Le corresponde reunir lo que exista, explicar lo que falta y defender ante el juez que una laguna justificada no equivale a una conducta negligente. Hacerlo antes de presentar la solicitud ahorra requerimientos y evita que el juez tenga que suponer lo que el expediente no cuenta.
El control de oficio que impone el Supremo es razonable si sirve para detectar el fraude. Aplicado con la vara de quien guarda cada papel, dejaría fuera a quienes la segunda oportunidad está pensada para proteger, y la falta de un contrato de hace seis años acabaría convirtiéndose en una condena económica permanente.
Joan De la Haba Herrera, abogado en Aceroladeuda
