El Tribunal Supremo admite la posibilidad de reclamar la reparación del daño causado por alzamiento de bienes sin haber participado en el proceso penal que concluyó con la condena de sus responsables.
El ordenamiento jurídico español establece distintos regímenes de responsabilidad en función del origen del daño. No es habitual ejercitar la acción de responsabilidad civil ex delicto contemplada en el artículo 1092 del Código Civil, ya que, en la mayoría de los casos, la responsabilidad civil derivada del delito se resuelve en una pieza separada dentro del propio proceso penal (arts. 109 a 122 del Código Penal).
La sentencia del Tribunal Supremo n.º 1578/2026, de 7 de octubre, aborda una cuestión que, hasta entonces, no había sido resuelta por el alto tribunal: ¿puede reclamar responsabilidad civil ex delicto quien no intervino en el proceso penal que concluyó con una condena?
La controversia tiene su origen en unas letras impagadas por importe de 119.260,89 euros. La empresa acreedora había promovido cuatro juicios cambiarios contra una sociedad dedicada a la rehabilitación de edificios. Durante la tramitación de los primeros juicios cambiarios, el administrador vendió los tres inmuebles de la sociedad deudora a otra sociedad, administrada por su hermano. La transmisión frustró la inscripción de los embargos y el cobro de las letras de cambio en vía ejecutiva resultó imposible.
La empresa acreedora presentó una querella por alzamiento de bienes y el Ministerio Fiscal llegó a formular acusación. Sin embargo, el procedimiento penal promovido por la empresa acreedora terminó archivado por cosa juzgada, porque esos mismos hechos, consistentes en la venta de los tres inmuebles, ya habían sido enjuiciados. La exmujer del administrador de la sociedad vendedora había presentado previamente una querella, y ambos hermanos ya habían sido condenados por alzamiento de bienes como consecuencia de la venta de los tres inmuebles.
Tras el archivo del procedimiento penal por cosa juzgada, la empresa acreedora se reservó las acciones civiles e inició la reclamación en vía civil.

El artículo 1092 del Código Civil somete las obligaciones civiles nacidas del delito a las disposiciones del Código Penal. El alto tribunal reitera que, como regla general, el ejercicio de la acción ex delicto requiere una previa declaración de responsabilidad penal mediante sentencia condenatoria firme.
No obstante, el Tribunal Supremo ha admitido excepcionalmente la posibilidad de acudir a la vía del artículo 1092 del Código Civil sin necesidad de una condena judicial previa, como en los casos de indulto anticipado (STS 416/1985) o del fallecimiento del acusado (STS 720/1989).

La singularidad del caso radicaba en que la condena firme por los mismos hechos había recaído en un procedimiento promovido por una perjudicada distinta de la empresa acreedora que instó el procedimiento penal posteriormente archivado. Por ello, el alto tribunal debía pronunciarse sobre el alcance y los efectos de la cosa juzgada respecto de la acción de responsabilidad civil ex delicto.
El Tribunal Supremo fundamenta la procedencia de la acción en que el archivo y sobreseimiento del procedimiento penal instado por la empresa acreedora “se basaba en la misma venta, de los mismos inmuebles y entre las mismas partes, es decir, en un mismo acto de disposición patrimonial dirigido a dilatar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo, iniciado o de previsible iniciación (art 257.1.2.º CP)” (Fundamento de Derecho Sexto).
La acción penal tiene carácter público y su eficacia no depende de la identidad del perjudicado, máxime cuando existe un pronunciamiento judicial que aprecia cosa juzgada. Por tanto, no es admisible impedir a un tercero, en este caso la empresa acreedora, el ejercicio de la acción de responsabilidad civil ex delicto por no haberse reservado las acciones civiles en el procedimiento penal previo, cuando no tuvo la posibilidad de hacerlo al no ser parte de este. Lo contrario supondría privarlo de un derecho por una causa que no le es imputable.
En otras palabras, la cosa juzgada impide un nuevo enjuiciamiento penal, pero no la reparación civil de quien ha resultado perjudicado por los mismos hechos que dieron lugar a una condena penal firme, siempre que no haya tenido oportunidad de reservarse las acciones civiles.
Por último, la sentencia n.º 1578/2026, de 7 de octubre, determina el dies a quo del plazo de prescripción de la acción. En primer lugar, recuerda que la responsabilidad civil ex delicto se rige por el artículo 1964 del Código Civil, que establece un plazo de prescripción de cinco años (quince años antes de la reforma de 2015). En segundo lugar, señala que los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impiden ejercitar separadamente la acción civil mientras esté pendiente el proceso penal sobre los mismos hechos.
La acción de responsabilidad civil ex delicto no puede ejercitarse hasta que se disponga de todos los elementos fácticos y jurídicos necesarios para encontrarse en una situación de plena aptitud para litigar, conforme al principio de actio nata y al artículo 1969 del Código Civil. Por tanto, a falta de constancia de la notificación, el plazo de prescripción comienza a computarse el día en que se dictó el sobreseimiento y archivo del procedimiento penal iniciado por la empresa acreedora.
En definitiva, el alto tribunal refuerza la protección del perjudicado que no pudo intervenir en el proceso penal previo y subraya la importancia de determinar a partir de qué momento puede ejercitar la acción civil. La cosa juzgada no constituye un obstáculo para garantizar a los acreedores el ejercicio y la tutela de sus derechos. Al contrario, refuerza la seguridad jurídica en el ámbito de la litigación civil y mercantil.
Andrés Sanchis Godoy, Senior Lawyer en RSM Spain


