La Sala Segunda confirma la condena a un hombre que besó la mano de una mujer en una parada de autobús, pero dos magistrados sostienen que los hechos eran un delito leve de acoso callejero.
La sentencia del Tribunal Supremo 1000/2026, de 5 de marzo de 2026, ha sentado las fronteras entre el delito de agresión sexual (art. 178 CP) y el delito leve de vejaciones injustas (art. 173.4.2 CP). Sin embargo, estas fronteras parecen tambalearse no solo en el debate público, sino incluso en la misma sentencia, que cuenta con un voto particular del magistrado Leopoldo Puente Segura, al que se adhiere Antonio del Moral García.
Los hechos por los que se desestima el recurso de casación de la defensa y se confirma la condena por agresión sexual ocurrieron en una parada de autobús. Un hombre se dirigió a una mujer que se encontraba esperando, le cogió la mano y se la besó, al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara ofreciéndole dinero; esta última conducta llegó a repetirla hasta en dos ocasiones.
Un delito leve pensado para el piropo y el silbido
Para poder entender estos dos tipos penales, en primer lugar, debemos entender cuál es el bien jurídico protegido por cada uno de ellos. El delito de acoso callejero (art. 173.4.2 CP) se introdujo por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y protege la integridad moral de las personas, penando aquellas expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad.
Nace este tipo penal como respuesta a la impotencia, el miedo e incluso el estrés que han provocado y provocan los silbidos, gestos o palabras obscenas por la calle, una suerte de «ejercicio de poder» que perpetúa la cosificación de la mujer, históricamente la principal víctima de este delito, aunque también puede cometerse contra hombres.
Para la mayoría, el contacto físico marca la frontera
La sentencia marca un claro límite en su redacción. El acoso callejero es un ataque «ad extra» a una persona y constituye una manifestación de violencia sexual, o de otra naturaleza, en expresiones o comportamientos sin contacto físico.
Por su parte, justifica la aplicación del tipo de agresión sexual en que no hubo consentimiento para el agarre y posterior beso en la mano, que ese tocamiento tenía carácter sexual y que se impuso por fuerza la voluntad del condenado, sentenciando así que «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano, sino que el hecho probado contempla que el recurrente actuó con intención de atentar contra su integridad sexual (…)».
Saludar con dos besos no es un acto sexual
El voto particular, con el que coincido plenamente, es esclarecedor y un llamamiento al sentido común. Se distancia del criterio mayoritario destacando, en primer lugar, que hace ya tiempo que el Tribunal Supremo descartó el denominado ánimo lúbrico como elemento subjetivo de los delitos contra la libertad sexual. Es decir, el carácter sexual de un acto no puede depender de la intención de quien lo realiza, que es precisamente en lo que se apoya la mayoría.
En segundo lugar, nos explica cómo en nuestra sociedad, acostumbrada al contacto físico, nos saludamos con dos besos y nos abrazamos con asiduidad. De hecho, antes se saludaba a las mujeres besándoles la mano. ¿Pueden estas conductas ser actos de naturaleza sexual? Puente Segura responde con una rotunda negación y, si no son actos de carácter sexual, tampoco lo serán cuando no se consienten, pues no lesionan el bien jurídico protegido por el delito de agresión sexual, que es la libertad sexual de la víctima.

Advierte, además, que «banalizar el significado de aquello que presenta claramente naturaleza sexual equiparándolo con conductas que notoriamente carecen de aquel carácter, no contribuye tampoco, antes al contrario, a fortalecer la protección de las víctimas frente a los comportamientos que verdaderamente atentan contra su libertad sexual».
En tercer lugar, considera que debió estimarse el recurso y condenarse al acusado no como autor de un delito de agresión sexual, sino del delito leve del artículo 173.4, párrafo segundo, del Código Penal, en tanto en cuanto los hechos probados describen un comportamiento y una posterior proposición de carácter sexual que resultaron objetivamente humillantes para la persona a la que se dirigían, generándole una situación hostil.
Un perreo que terminó en delito leve
Esta tensión no es ajena a los juzgados, y desde marzo la frontera de lo que es o no agresión sexual parece todavía más difusa. En nuestro despacho defendimos a un joven acusado de agresión sexual por un «perreo» no consentido en una discoteca del área metropolitana de Valencia. Se acercó por detrás a una chica que bailaba con sus amigos, la cogió sorpresivamente de las caderas y la atrajo hacia él, rozando sus nalgas.
El Ministerio Fiscal le atribuía «ánimo libidinoso», el mismo elemento subjetivo que el voto particular recuerda descartado, y solicitaba dos años de prisión. El caso saltó a medios de alcance nacional y alimentó en la opinión pública la idea de que «ahora todo es agresión sexual». Finalmente, todas las partes, incluida la acusación particular, alcanzaron una conformidad por el delito leve del artículo 173.4, párrafo segundo, del Código Penal, con pena de multa, prohibición de aproximación y comunicación con la víctima e indemnización.
La práctica, por tanto, ya está trazando esta frontera con más sosiego que la teoría. Debemos reservar la agresión sexual para aquello que verdaderamente atenta contra la libertad sexual y hacerlo no desprotege a las víctimas; al contrario, como advierte el voto particular, es la mejor forma de protegerlas.
Leila Pérez Eloussif, abogada penalista en Aparicio&Lloret



