El mismo 72 % de servicios mínimos valió para Renfe y no para Ouigo

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La Audiencia Nacional tumbó los mínimos de Ouigo por falta de motivación y mantuvo los de Renfe, aunque reprochó al Ministerio la misma omisión.

Transportes impuso a los maquinistas de Ouigo un 72,41 % de trenes en servicio sin explicar de dónde salía la cifra, y los jueces lo dejaron sin efecto. Trece días después, la Audiencia Nacional se negó a suspender un 72 % casi idéntico en la alta velocidad de Renfe.

Entre los dos porcentajes median tres centésimas. Los servicios mínimos que la Secretaría de Estado de Transportes, que dirige José Antonio Santano, impuso a los maquinistas de Ouigo para su huelga de otoño eran del 72,41 %; los que fijó para el paro de Renfe del 10 y el 12 de noviembre salían de mantener 452 de sus 624 trenes de alta velocidad y larga distancia, un 72,44 %. Y, sin embargo, la Audiencia Nacional dejó sin efecto los primeros y mantuvo los segundos.

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La paradoja es solo aparente, y su explicación es la lección que los dos autos, conocidos ahora, dejan para las próximas huelgas. El juez no controla el porcentaje, controla la motivación. Una misma cifra puede ser legítima o arbitraria según llegue acompañada de las razones que la sostienen o llegue desnuda, y el Ministerio, en el plazo de diez días, firmó la misma cifra con un papel trabajado y con otro vacío.

El punto de partida no es nuevo. El Tribunal Constitucional exige desde 1986 a la autoridad que fija servicios mínimos una motivación reforzada, que permita a los huelguistas conocer «las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó», y en 1992 precisó que no bastan las «indicaciones genéricas, aplicables a cualquier conflicto». Esa doctrina, que limita al poder precisamente cuando restringe un derecho fundamental, es la que la Audiencia Nacional recordó en el caso de Ouigo.

La resolución del 27 de octubre, que cubría seis jornadas de paro entre el 30 de octubre y el 8 de diciembre, se limitaba a invocar los festivos y el papel del ferrocarril en la movilidad del país, y desde ahí fijaba el 72,41 % de los servicios programados. «No se recoge criterio alguno en virtud del cual se fija dicho porcentaje», escribieron los magistrados en el auto de 6 de noviembre, que mantuvo la suspensión acordada el día siguiente a la firma de la resolución.

La omisión más seria era otra. El Ministerio no tuvo en cuenta los medios de transporte alternativos ni que otros operadores ferroviarios prestan servicio en los mismos trayectos, un dato que el tribunal calificó de hecho esencial para medir el grado de afectación de la huelga en el conjunto del transporte de viajeros. Ouigo compite en los corredores de alta velocidad con Renfe e Iryo, y el peso de un paro de sus maquinistas no puede calcularse como si fuera el único tren disponible.

La Abogacía del Estado intentó cubrir el hueco en el propio pleito. Alegó que la huelga afectaría a unos 122.500 viajeros en fechas de puente y que estos no encontrarían acomodo en los trenes de Renfe e Iryo. Y la Fiscalía, que veía en la resolución una motivación sucinta, pidió levantar la suspensión. La sala no se movió, y la lógica es elemental, porque lo que el acto no razonó no puede razonarse después en el escrito que lo defiende.

El auto añade dos precisiones de alcance. La primera, que una sentencia favorable a los maquinistas llegaría cuando las jornadas de huelga ya hubieran pasado, de modo que el daño al derecho fundamental sería irreparable, y que las consecuencias económicas y los trastornos para los pasajeros no pueden limitar la huelga sin esa motivación reforzada. La segunda, que no corresponde a los jueces fijar los mínimos, sino al Ministerio, que conserva la posibilidad de dictar una nueva resolución para los días restantes.

Cuatro días después, el 10 de noviembre, la misma Audiencia Nacional examinó la resolución de Renfe y llegó a la conclusión contraria. Esta vez el Ministerio había desglosado el servicio, con un 75 % de Cercanías en hora punta y un 50 % en el resto, 733 de 1.128 trenes de Media Distancia, 452 de 624 en alta velocidad y larga distancia y 71 de 364 en mercancías, y había designado a 2.730 maquinistas, el 43,30 % de la plantilla convocada.

Para los magistrados, esa resolución identificaba cada servicio afectado, describía sus características y el número de trenes que circulan a diario, la posibilidad de tráficos alternativos por carretera y la concentración de viajeros por franjas horarias. Con esos datos, su motivación, razonó el auto de 10 de noviembre, no podía calificarse de inexistente. Los mínimos no parecían desproporcionados ni distintos de los habituales, y quedaban por debajo de los que había propuesto la propia Renfe.

Lo revelador es que el auto de Renfe reprocha al Ministerio exactamente lo mismo que el de Ouigo. La resolución no analizó que la huelga afectaba solo a la operadora pública y no a Ouigo ni a Iryo, y el tribunal lo calificó de omisión, sin duda censurable. Pero concluyó que no bastaba para suspender, porque esos operadores no están presentes en todo el sector y sus servicios son muy limitados frente a la magnitud de un paro en Renfe.

Ahí está la regla que dejan los dos autos leídos juntos. La existencia de otros operadores es un dato que la Administración no puede ignorar, pero su peso depende de la proporción. Cuando la huelga afecta a un operador pequeño en corredores compartidos, ese silencio vacía la motivación; cuando afecta a la operadora que sostiene casi toda la red, el mismo silencio es un defecto censurable que no derriba una resolución trabajada en todo lo demás.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), recurrente en los dos casos, sostuvo ante la sala que los mínimos de Renfe eran «servicios abusivos que pretenden desbaratar la medida constitucional del ejercicio de huelga». Su propia propuesta, que la resolución ni tuvo en cuenta ni citó, contemplaba una cobertura conjunta con Ouigo e Iryo en torno al 65 % en alta velocidad. El tribunal no apreció entre ambas cifras una diferencia sustancial que justificara suspender un servicio esencial.

Los dos autos miden además la apariencia de buen derecho con varas distintas, y la tensión entre ellos se resuelve por el grado. En el de Renfe, la sala recuerda que ese criterio solo permite suspender ante una nulidad manifiesta u otros supuestos excepcionales, y que en la fase cautelar no puede exigirse la intensidad de motivación propia de la sentencia. En el de Ouigo, el vacío era tan completo que no hacía falta esperar a la sentencia para advertirlo.

La regla tiene ya aplicación práctica. Este martes, 17 de noviembre, Renfe afrontó una nueva huelga, convocada por el comité general del grupo y seis sindicatos, y la Secretaría de Estado volvió a fijar en el 72 % los mínimos de alta velocidad y larga distancia, 177 de 246 trenes afectados, según su resolución del 12 de noviembre. Es el porcentaje de siempre, y su solidez ante un juez dependerá de las razones que lo acompañen.

La fijación de los mínimos se ha convertido en uno de los frentes más litigiosos del otoño, desde la seguridad privada en la huelga general del 11 de noviembre hasta si quienes los cubren pueden exigir un rótulo en pantalla que lo avise, y en el ferrocarril se suma a otros conflictos laborales que ya han pasado por la Audiencia Nacional, como los turnos de doce horas en Adif.

Nada de esto está decidido en el fondo. Ambos recursos siguen su curso por el procedimiento de protección de derechos fundamentales, y será en las sentencias donde la sala examine, entre otras cuestiones, el 43,30 % de plantilla fijado de forma global en Renfe, que el propio auto reserva para ese momento. En Ouigo siguen convocadas las jornadas del 4 y el 8 de diciembre, y en la relación de resoluciones que publica el Ministerio no figura, por ahora, una nueva para esas fechas.

Juvenal dejó en su sexta sátira el verso con que el poder arbitrario se retrata a sí mismo, hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas, lo quiero, lo mando, y que mi voluntad ocupe el lugar de la razón. La resolución de Ouigo era eso, una cifra sin razón; la de Renfe, con sus defectos, una cifra razonada. Entre ambas no median tres centésimas, sino la distancia que separa la autoridad de la arbitrariedad, y esa es la única medida que a los jueces corresponde tomar.

Laura Barquilla Torres
Laura Barquilla Torres
Laura Barquilla Torres es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y analista de actualidad jurídica e institucional en The Digital Law, donde firma los artículos de fondo. Sigue la independencia judicial, las reformas legislativas y los choques entre el Estado de derecho y la política del momento, siempre a partir de la resolución, el informe o el texto legal que los origina.
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