La Secretaría de Estado de Seguridad baja la protección de personas del 100 % al 85 % y deja sin categoría propia a hospitales, juzgados y edificios públicos, que en la última huelga general tenían un mínimo del 50 %
La Secretaría de Estado de Seguridad obliga a mantener en su puesto al 90 % de los vigilantes de seguridad privada que trabajan en puertos, aeropuertos, ferrocarriles y centros de telecomunicaciones durante la huelga general del próximo 11 de noviembre. Así lo establece la resolución de 30 de octubre firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre, que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2026-23157). El porcentaje supera en cinco puntos el que Interior fijó para la última huelga general convocada por CCOO y UGT en todo el país, la del 14 de noviembre de 2012, cuando lo situó en el 85 %.
La resolución fija los servicios mínimos del sector para el paro de 24 horas convocado por CCOO y UGT junto a CGT, CNT y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, entre otras organizaciones, con la vivienda y los salarios como reivindicaciones principales. La competencia recae en la Secretaría de Estado porque la convocatoria tiene ámbito supraautonómico, el supuesto en el que el artículo 3 del Real Decreto 524/2002 atribuye a su titular la determinación del porcentaje de vigilantes adscritos a servicios esenciales que deben trabajar.
Fuera del transporte, la mayoría de categorías queda en el 80 %. Es el mínimo para petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible, centrales nucleares, fábricas y almacenes de armas y explosivos, materias inflamables y suministro de agua, gas y electricidad. También para el depósito y transporte de fondos, para bancos, cajas y todos los establecimientos donde la seguridad privada es obligatoria, para las sedes de medios de comunicación y para las centrales de alarma. La protección de personas, incluidos los buques pesqueros o mercantes con bandera española que navegan con armas de guerra, se sitúa en el 85 %.
Qué cambia respecto al 14-N
La comparación con la resolución de 12 de noviembre de 2012 (BOE-A-2012-13970), firmada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio, muestra que el transporte es el único servicio que sube. Todos los demás bajan. La protección de personas pasa del 100 % al 85 %, mientras que fondos, bancos y servicios obligatorios, instalaciones energéticas y nucleares, centrales de alarma y medios de comunicación pasan del 85 % al 80 %.
El cambio de mayor alcance afecta a hospitales, juzgados y tribunales y dependencias de las administraciones públicas. En 2012, Interior declaró obligatorios durante la huelga los servicios de seguridad privada en estos edificios y les asignó un mínimo del 50 %, al considerar que cualquier cifra inferior anularía en la práctica su protección. La resolución de 2026 no incluye esa declaración ni una categoría específica para estos centros.
Eso no deja a sus vigilantes fuera de los servicios mínimos. Pueden quedar dentro del apartado tercero si la seguridad del centro se ha impuesto con carácter obligatorio, en cuyo caso rige el 80 %. Y en todos los supuestos debe cubrirse la dotación mínima exigida por la normativa, la autorización o el plan de seguridad o de autoprotección de cada instalación. Cuántos vigilantes de hospitales y juzgados entran en cada supuesto depende de cada edificio, y la resolución no lo concreta.
Turnos que empiezan el día 10
La nueva resolución lleva a su parte dispositiva una regla para los servicios a turnos. Los mínimos rigen desde el inicio del primer turno afectado, aunque arranque antes de las 00:00 del 11 de noviembre, y hasta el final del último, aunque termine después de las 24:00. En 2012 esa previsión solo aparecía en la exposición de motivos, que extendía la huelga a las últimas horas del día 13 y las primeras del 15.
El suelo de plantilla también se refuerza. Como hace catorce años, cada porcentaje incluye en todo caso un vigilante, que la exposición de motivos concreta ahora por servicio y turno. La diferencia es que el texto de 2026 añade la obligación de respetar siempre la dotación mínima prevista en la normativa sectorial o en los planes de autoprotección.
La Secretaría de Estado apoya los porcentajes en la Ley 8/2011, de protección de infraestructuras críticas, y en sus doce sectores estratégicos, en los disturbios de orden público ocurridos recientemente en España y en otros países de la Unión Europea y en el nivel actual de alerta antiterrorista. Para el transporte de fondos añade que la huelga coincide con el periodo de pago de nóminas. En 2012, el argumento central era la amenaza terrorista y la insuficiencia de recursos de la seguridad pública.
El apartado sexto deja además una cuestión abierta. Extiende el 85 % de la protección de personas a quienes se encuentren en el interior de establecimientos, lugares y eventos, públicos o privados, una fórmula que no figuraba en la resolución de 2012 y cuyo alcance el texto publicado en el BOE no delimita.
