El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reconoce la prestación a un solicitante al que la Seguridad Social se la negó por 15.700 acciones del Sabadell que un juzgado le tenía retenidas desde 2018.
Un solicitante cántabro cobrará el ingreso mínimo vital con efectos de julio de 2024, aunque Hacienda le atribuía 15.700 acciones del Banco Sabadell embargadas por un juzgado desde 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria considera que no puede medirse la capacidad económica con un patrimonio del que no se puede disponer.
El hombre pidió la prestación como beneficiario individual el 12 de junio de 2024, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la denegó una semana después. Con los datos de la Agencia Tributaria de 2023, su patrimonio computado ascendía a 32.529,09 euros, frente a un límite de 21.751,80 euros. De esa cifra, 18.965,03 euros eran las acciones; el resto, inmuebles distintos de su vivienda (13.128,20 euros) y saldos bancarios (435,86 euros).
El INSS le reprochaba además superar el tope de rentas, con 7.996,07 euros computados frente a un máximo de 7.250,60. Ese obstáculo cayó por el camino, porque Hacienda rectificó sus ingresos de 2023 y los dejó en 6.586,55 euros. Desde ese momento, el litigio quedó reducido a saber si unas acciones retenidas por orden judicial forman parte del patrimonio que cierra el acceso a la prestación.
Las 15.700 acciones están embargadas desde el 18 de julio de 2018 por un juzgado de primera instancia de Santander, según el certificado del propio Banco Sabadell que aportó el solicitante. Ese embargo no aparecía en la información que la Agencia Tributaria trasladó al INSS. En octubre de 2025, el mismo juzgado ordenó al banco que vendiera los títulos.
El solicitante, defendido por la abogada Mónica Rodríguez Seisdedos, perdió en primera instancia. El Tribunal de Instancia de Santander desestimó su demanda en abril de 2026 al entender que sus rentas y su patrimonio superaban los límites legales. En su recurso sostuvo que la titularidad formal de un bien no equivale a capacidad económica real y que, descontadas las acciones, su patrimonio se quedaba en 13.564,06 euros.
Poder vender, no solo ser titular
El tribunal cántabro, en una sentencia del 9 de noviembre, admite que las acciones de un banco integran en principio el patrimonio de su dueño por su valor económico. Pero un embargo judicial supone una limitación muy relevante para disponer de ellas. Lo que se valora es la capacidad de vender ese patrimonio, y por eso concluye que «no se puede computar el valor cotizado de unas acciones que no están a su disposición».
La sentencia reprocha a la de instancia que partiera del valor de cotización sin tener en cuenta el embargo, pese a que la ley manda estar al patrimonio neto. Excluidas las acciones, el solicitante queda por debajo del límite y cumple el requisito de vulnerabilidad económica. El tribunal le reconoce el ingreso mínimo vital con efectos económicos desde el 1 de julio de 2024, el mes siguiente al de la solicitud.
La ley del ingreso mínimo vital ordena al INSS comprobar ingresos y patrimonio con la información que le llega por vía telemática de la Agencia Tributaria. En este caso, esos datos reflejaban quién era el titular de las acciones y cuánto valían a 31 de diciembre, pero no el embargo. En los datos de 2024, los mismos títulos figuraban ya por 29.324,08 euros, aunque su dueño seguía sin poder tocarlos.
El precedente de Aragón
El fallo cántabro llega diez meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmara en enero el ingreso mínimo vital de otro solicitante al que el INSS atribuía un patrimonio de 81.982,77 euros. Aquel tribunal sostuvo que el patrimonio solo revela capacidad económica en la medida en que pueda arrendarse o venderse, y que hay que valorar esa posibilidad real.
En Aragón la vía fue restar. Los inmuebles de aquel solicitante sumaban 46.451,21 euros, pero soportaban embargos y deudas por 151.337,93 euros, de modo que su patrimonio neto era negativo. El INSS alegó que eran meras anotaciones preventivas y que esas deudas no podían descontarse, y perdió el recurso. En Cantabria, en cambio, el bien embargado sale directamente del cómputo, sin calcular la deuda que lo grava.
Los embargos sobre cuentas, fondos y valores han dado lugar a otros conflictos recientes que The Digital Law ha seguido, como el criterio que permite a Hacienda embargar el dinero que la familia envía para llegar a fin de mes, la disputa entre un banco y la Agencia Tributaria por un fondo pignorado y embargado o el auto de un juzgado de Cuenca que inadmitió el concurso de un pensionista con 644 euros al mes.
Para quien pida la prestación, el efecto práctico es que el embargo no llega solo al expediente. Si Hacienda le atribuye bienes retenidos por un juzgado, tendrá que acreditarlo con el certificado de la entidad o la diligencia de embargo y pedir que se excluyan del patrimonio computado. En el caso cántabro, el certificado del banco fue el documento que permitió dar el embargo por probado.
Contra la sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el límite de patrimonio que fija este año la Seguridad Social para un adulto que vive solo es de 26.409,60 euros, tres veces la renta garantizada, sin contar la vivienda habitual.



