¿Es posible vivir con dignidad con 644€ y una deuda de 46.000€? El Auto de un juzgado de Cuenca dice «si»

El auto que inadmite el concurso confunde insolvencia con indigencia, ignora el régimen de inembargabilidad del salario mínimo y desoye la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo

Cuarenta y seis mil euros de deuda, dos infartos en el historial, dos hijos por alimentar y seiscientos cuarenta y cuatro euros al mes de pensión por incapacidad permanente. Pero un juez le ha hecho saber, mediante auto, que su situación no es crítica. Cobra, dice el magistrado, una cantidad “próxima al Salario Mínimo Interprofesional”, y tiene, además, descuentos en el transporte público. Es decir: tiene dignidad. El concurso de acreedores se le inadmite. Que pague.

Léanlo otra vez. Despacio. Hay frases que merecen una segunda lectura porque el cerebro al principio se niega a admitir lo que está leyendo. Pero el auto está ahí, firmado, sellado y registrado. Y conviene mirarlo de cerca, porque por debajo de su superficie de absurdo asoma una pequeña catástrofe técnica. El desconocimiento simultáneo de varias normas básicas del derecho concursal, y la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo. Todo en cuatro folios.

La insolvencia no es la indigencia

El artículo 2.3 del Texto Refundido de la Ley Concursal define la insolvencia como la imposibilidad del deudor de “cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Cumplir regularmente. Esas son las dos palabras claves del derecho concursal español desde hace siglo y medio. El concursado no es el indigente, ni el menesteroso, ni el vagabundo. Es el hombre que tiene algo pero no lo suficiente para pagar lo que debe. La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona —que es donde se decanta buena parte de la doctrina mercantil moderna— lo dijo en su Auto 142/2012, de 26 de noviembre. El hecho revelador es el sobreseimiento generalizado en el pago, no la ausencia total de patrimonio. La STS 585/2013, de 14 de octubre, lo confirmó con la solemnidad que tienen estas cosas en el Supremo. La insolvencia se configura “con independencia de la existencia de bienes o ingresos que cubran necesidades básicas”.

El juzgado de Cuenca, en cambio, parece operar con otro código. Para él, mientras al deudor le quede algo —aunque ese algo, exactamente, no permita pagar absolutamente nada— no hay insolvencia. Una doctrina inédita. Confundir la supervivencia con la solvencia es lo contrario de lo que la dogmática mercantil lleva enseñando un siglo y medio.

Hagan las cuentas, además, porque las cuentas no engañan. Para pagar cuarenta y seis mil euros con una pensión de seiscientos cuarenta y cuatro, el concursado tendría que destinar el cien por cien de su ingreso a la deuda durante cinco años y once meses. Sin comer. Sin pagar luz. Sin vestir a sus hijos. Sin medicarse el corazón. Esto no es una insolvencia probable ni una insolvencia inminente, es una insolvencia matemática. De las que el cuaderno cuadriculado de un niño de Primaria detectaría en treinta segundos.

El error patente del juez

La Constitución, en su artículo 24.1, garantiza la tutela judicial efectiva. Y el Tribunal Constitucional ha construido durante décadas una doctrina sólida —SSTC 82/2001, 256/2000, ATC 284/2002, entre otras muchas— sobre la diferencia entre una resolución motivada y una resolución que aparenta estarlo. La doctrina se llama, con cierta elegancia, motivación aparente. Una resolución basada en una premisa fáctica patentemente errónea no es una resolución: es el simulacro de una. La STS 628/2010, de 1 de julio, lo dice con palabras casi cortantes: una resolución vulnera la tutela judicial efectiva cuando “parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas, de tal magnitud que las conclusiones no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas”.

Apliquémoslo. El SMI son 1.134 euros mensuales. La pensión del concursado son 644. Decir que la segunda es “próxima” al primero es como decir que el Atlántico es próximo al estanque del Retiro. La diferencia es del 43,2 por ciento. Casi quinientos euros al mes. Un dato que cualquier vecino con una calculadora podría verificar en treinta segundos. Pero el auto lo afirma. La motivación, por tanto, no es motivación: es ornamento. Y el ornamento, en la jurisprudencia constitucional, es causa de nulidad. Esto no es derecho concursal. Es derecho constitucional puro.

(Hay además algo revelador en el ornamento. El juez se inventa un test que la ley no contempla: el test de la dignidad. El artículo 2 del TRLC es taxativo —la insolvencia es el único presupuesto objetivo del concurso— y el artículo 9.3 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Añadir requisitos no previstos en la ley es, técnicamente, una extralimitación. Pero suena tan bien la palabra dignidad que casi no se nota.

La masa activa de cero euros

Vayamos al núcleo del asunto, que es donde el auto se desmorona del todo. El artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es categórico: “Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”. Y el artículo 192.2 del TRLC excluye los bienes inembargables de la masa activa del concurso. La consecuencia es de aritmética elemental. Si los ingresos del concursado son 644 euros y el SMI es 1.134, el cien por cien de sus ingresos son legalmente intocables. La masa activa concursal es, en este caso, exactamente cero euros. Cero. Frente a una deuda de cuarenta y seis mil, lo que tenemos no es solo insolvencia: es el caso de manual de la insolvencia perfecta.

El juzgado le ha negado el acceso al concurso precisamente porque esos ingresos —que la ley declara intocables— le permiten “vivir con dignidad”. Pero esos ingresos no pueden destinarse al pago de la deuda. La ley lo prohíbe. La STC 113/1989, de 22 de junio, lo proclamó solemnemente en una sentencia que conviene tener sobre la mesa: la inembargabilidad es “una exigencia de justicia, plenamente congruente con el postulado de la dignidad humana, al que repugna sin duda que la efectividad de unos derechos patrimoniales tenga lugar a costa del sacrificio de unos bienes cuya posesión está ligada a un mínimo vital”.

Léanlo despacio. La dignidad humana, según el Tribunal Constitucional, sirve para proteger al deudor frente a los acreedores. El auto del juzgado de Cuenca usa la dignidad para hacer exactamente lo contrario: para impedirle defenderse de los acreedores. Hay una inversión perfecta del concepto. Un valor que se invoca por su contrario. El momento más español del auto.

El concurso sin masa, por cierto, existe. Está en el artículo 37 bis del TRLC. Es la figura técnica diseñada exactamente para casos como este. Las conclusiones del Encuentro de Magistrados de lo Mercantil de Andalucía celebrado en Córdoba en octubre de 2024 lo dejaron claro. Cuando la parte embargable es mínima o inexistente, la vía es el concurso sin masa, no la inadmisión. Y la Guía Judicial de Exoneración del Pasivo Insatisfecho de San Sebastián, marzo de 2026, añade un detalle más: las cargas familiares —dos hijos, en este caso— incrementan la parte inembargable entre un 10 y un 15 por ciento adicional, por aplicación del artículo 607.4 LEC. Los hijos del concursado, técnicamente, blindan aún más el dinero que el juez quiere considerar suficiente para vivir.

Un derecho reglado, no una concesión graciable

Conviene recordar lo elemental: el acceso al concurso es un derecho reglado. No es una concesión graciable. No depende de que al juez le caiga bien el deudor un martes por la mañana. Está en los artículos 1, 2 y 3 del TRLC. Tres artículos cortos. Léanlos. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho —el corazón de la Ley de Segunda Oportunidad— está además protegido por la Directiva (UE) 2019/1023, transpuesta por la Ley 16/2022. La idea, en el fondo conmovedora, es que la persona no es para siempre la suma de sus errores y sus desgracias, y que la sociedad necesita devolver a la circulación a sus muertos económicos como antes los pueblos devolvían a sus prisioneros de guerra. Una de las pocas leyes verdaderamente bellas que ha producido el siglo XXI europeo.

El Tribunal Supremo, en sus sentencias 264/2026 y 260/2026, ambas de 18 de febrero —fundamentales, hay que tenerlas también encima de la mesa—, unificó doctrina en este punto. Las restricciones al beneficio de exoneración deben ser, dice el Supremo, “excepcionales, justificadas y proporcionadas”. El juez no puede inventarse causas de exclusión no previstas en la ley. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias de noviembre de 2024, dijo lo mismo desde Luxemburgo. Cualquier limitación al acceso al mecanismo de exoneración debe ser proporcional, estar bien definida y fundarse en razones de interés público. Una denegación basada en que el deudor tiene ingresos mínimos de supervivencia no supera ese test ni en bachillerato.

La dignidad invertida

Recuerden ahora la parábola de Kafka, porque viene al caso. Un hombre del campo se presenta ante la puerta de la Ley y pide ser admitido. El portero le dice que ahora no puede. El hombre del campo espera. Año tras año. Décadas. Al final, ya viejo y enfermo, pregunta por qué nadie más ha intentado entrar. El portero le contesta que esa puerta estaba hecha solo para él. Y la cierra. El portero de Kafka, al menos, tenía una virtud. Era honesto. Le decía al hombre que no podía entrar. El portero de la plaza de Cuenca es más sofisticado. No le dice al deudor que no puede acceder a la Ley de Segunda Oportunidad. Le dice que no necesita acceder. Que ya está dentro de algo mejor: la vida digna. Donde Kafka veía un muro, nosotros ponemos un piropo. El portero del siglo XXI no cierra puertas. Devuelve cumplidos.

Y aquí late toda la cuestión. España es uno de los pocos países del mundo que ha hecho de la dignidad una industria de exportación. La palabra aparece en la Constitución (artículo 10), en los preámbulos de las leyes, en los velatorios y en los pliegos de cargos. Toda nuestra literatura está poblada de personajes que conservan la forma cuando ya no queda fondo: el hidalgo del Lazarillo en su casa vacía, el soldado de los tercios con sonetos en latín y piojos en la cabeza, el cura rural galdosiano, el funcionario decimonónico que iba al café con el último real en el bolsillo. La dignidad española es eso, la apariencia ininterrumpida en mitad de la catástrofe. Y el juez de Cuenca, sin saberlo, ha completado el círculo abierto en Salamanca a mediados del XVI. El hidalgo concursal del siglo XXI. Un señor con dos infartos, una pensión de mendigo y un bono de transporte.

La coartada del Bajo Imperio

Habrá quien diga, llegados aquí, que esto es una sentencia aislada. Una mala mañana de un juez. Un error de redacción. Y puede ser. La instancia superior, probablemente, revoque el auto. El sistema funciona casi siempre.

Esa frase, “el sistema funciona casi siempre”, es la coartada favorita de las instituciones que empiezan a fallar. Es lo que decían los romanos del Bajo Imperio mientras llegaban los godos. Es lo que decimos nosotros antes de cada catástrofe institucional. La frase es verdadera y a la vez insuficiente, porque las instituciones se juzgan, sobre todo, por sus márgenes. Por lo que ocurre cuando algo se rompe. Y aquí algo se ha roto con suficiente precisión técnica como para haber vulnerado, en cuatro folios, el artículo 2 del TRLC, el 607 de la LEC, el 192.2 del TRLC, el 24.1 de la Constitución y la doctrina unificada del Supremo de febrero de 2026. No está mal para una mañana de juzgado.

Hay una imagen, para terminar, que me persigue. Es la del hidalgo del Lazarillo cuando llega a su casa vacía, donde no hay comida, y se quita la espada con un gesto solemne, como si volviera del campo de batalla. Pone la espada sobre la mesa. Se sienta. Mira la pared. No tiene nada. Pero conserva la espada. Conserva la forma. Conserva la dignidad.Y por eso —precisamente porque conserva la forma— no puede pedir auxilio. Los pícaros pedían limosna. Los hidalgos, no. Para pedir limosna hay que admitir que se está en la indigencia y, si uno es hidalgo, eso es imposible. La forma protege y a la vez condena. El hidalgo se muere de hambre en su casa vacía mientras conserva la espada.

Y la espada, todavía hoy, brilla. La llamamos dignidad. Y aún nos parece bien.