La Audiencia de Cáceres le impuso dos penas de muerte por el doble parricidio de Baños de Montemayor. Las dudas sobre su cordura y el paso del tiempo le salvaron en octubre de 1909.
En noviembre Baños de Montemayor se quedaba sin agüistas. El balneario cerraba las pilas donde desde tiempos de los romanos se metían en agua caliente los enfermos de reúma, los últimos forasteros habían cogido el tren y el pueblo volvía a ser lo que era el resto del año. Un puñado de calles empinadas al pie del puerto de Béjar, en la raya de Cáceres con Salamanca, con olor a castaña y a leña verde.
La noche del lunes 11 de noviembre de 1901, en una de aquellas casas, un matrimonio se sentó a cenar con su hijo. Él se llamaba Santiago Iglesias y ella Leocadia Cáceres. Entre las diez y las once de la noche los dos estaban muertos. Les dio tiempo a sentirse mal, a que alguien corriera a buscar al médico y a que el médico llegara y les atendiera. No les dio tiempo a nada más.
El veneno había ido en la cena. El hijo, que comía en la misma mesa, seguía vivo. Se llamaba Leandro, tenía novia en el pueblo y dentro de unos días iba a decir que lo había hecho él. Lo que vino después tardó ocho años en terminar y dejó una pregunta que nadie consiguió contestar del todo, la de qué se hace con un condenado a muerte cuando ya no se sabe si está en su juicio.
Un detenido que desconfiaba del médico
En Baños se dio el crimen por imposible de aclarar. Subieron el juez de instrucción del partido y un teniente de la Guardia Civil y se pusieron a trabajar de día y de noche, casa por casa y testigo por testigo, mientras el pueblo esperaba con la puerta entornada. A los pocos días, a las doce de la noche, ordenaron las detenciones. Una era la del hijo de los muertos. La otra, la de Feliciana Robles, la madre de su novia.
Registraron a fondo la casa de Feliciana y tomaron declaración a los dos. Leandro confesó que había envenenado a sus padres. En los primeros partes que salieron del pueblo su nombre viajó cambiado, y durante unos días Salamanca leyó que el parricida se llamaba Leonardo. Luego los pusieron frente a frente en un careo. Él sostuvo que Feliciana había sido su cómplice. Ella lo negó.

La noche del 13 de noviembre a Leandro le llegó la cena al depósito municipal, donde lo tenían encerrado, y se la llevó Feliciana. Después de comer se sintió mal y el juez mandó que lo viera un médico. El médico recetó un vomitivo. Leandro se negó a tomarlo hasta que el médico lo probara delante de él. Un hombre que acababa de matar a sus padres con la comida no se fiaba de lo que le daban a beber. Al final se tomó el vomitivo y devolvió la cena.
Aquella segunda cena fue la que acabó sentando a Feliciana en el banquillo. Para la acusación, ella había proporcionado el veneno de la primera noche y había echado otro en la comida del calabozo para que Leandro muriera antes de contar lo que sabía.
El vecindario tenía su propia versión, que corrió de boca en boca durante años. Se dijo que Feliciana tenía tratos con el padre y que había empujado al hijo a envenenar a la madre para dejar al padre libre. En la cena murieron los dos. En el campo de entonces se mataba por una herencia, por unos amores o por una peseta con ochenta céntimos, y en Baños nadie llegó a saber con certeza por cuál de esas cosas se había matado.
Dos penas de muerte y una absolución
El juicio por el parricidio de Baños de Montemayor empezó el viernes 3 de julio de 1903 en la Audiencia de Cáceres, ante un jurado. El fiscal pidió dos penas de muerte para cada procesado. El defensor de Feliciana, Ramiro Alegre, sostuvo que nada probaba que hubiera tenido parte en las muertes. El de Leandro, Germán López Redondo, también alegó falta de prueba, y añadió algo más. Dijo que había indicios para asegurar que su cliente era «imbécil ó demente».
El jurado no lo vio así. Declaró culpable a Leandro e inculpable a Feliciana, y el tribunal hizo el resto con el Código Penal de 1870 en la mano. El parricidio se castigaba con cadena perpetua a muerte, una pena compuesta de dos indivisibles, y el Código mandaba imponer la mayor cuando en el hecho concurría una agravante y ninguna atenuante. El veneno era agravante por sí mismo. Había dos muertos. Dos penas de muerte para Leandro Iglesias y la libertad para Feliciana Robles.
Feliciana salió absuelta, pero no salió limpia. En los meses siguientes se contaba en Cáceres que en los pueblos por donde pasaba la recibían a pedradas y que los vecinos no la dejaban quedarse. Seis años después, cuando hubo que pedir la vida de Leandro, los abogados de Cáceres todavía escribían que la verdadera autora, según la conciencia pública, había sido absuelta por el jurado. Lo que el pueblo creía y lo que el jurado contestó nunca llegaron a coincidir.

El recurso que nadie tuvo que firmar
Las condenas a muerte llevaban la casación incorporada. El recurso se tenía por interpuesto de derecho, en beneficio del reo, lo quisiera o no. El de Leandro llegó a la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo en octubre de 1903, y los hechos que había dado por probados la Audiencia eran tan negros que el abogado de oficio no encontró dónde agarrarse. Se limitó a pronunciar unas palabras de clemencia. Los móviles del crimen, se reconoció entonces, seguían sin aclararse.
El Supremo declaró que no había lugar al recurso el 30 de octubre de 1903, dos semanas después de que un real decreto sacara del garrote a Cecilia Aznar, la criada de la calle de Fuencarral. La sentencia de Cáceres era firme. Entre Leandro Iglesias y el tablado ya solo se interponía la gracia del indulto.
Entonces empezó a pasarle algo en la cárcel.
La locura llega a la celda
A primeros de noviembre de 1903 el director de la prisión de Cáceres dejó caer que había notado algo anormal en el condenado. Poco después el capellán lo dijo sin rodeos. Leandro estaba loco. Hubo en la ciudad quien lo leyó como un castigo de la Providencia, la conciencia del parricida vuelta contra él en la soledad del calabozo. En diciembre se daba ya por hecho que el reo se hallaba en «completo estado de locura».
La noticia no le salvaba de nada, y el Código de 1870 lo dejaba escrito sin adornos. Cuando el delincuente caía en locura después de la sentencia firme, se suspendía la ejecución de la pena personal. Y en cualquier tiempo en que recobrara el juicio, cumpliría la sentencia, salvo que la pena hubiera prescrito. El Código no perdonaba al loco. Lo esperaba. La razón se había convertido en el último requisito del patíbulo, como el reconocimiento médico que se pide antes de un viaje largo.
Así que el Estado se sentó a esperar, y a averiguar. Cuando llegó el Viernes Santo de 1904, el día en que el Rey firmaba cada año un puñado de indultos, el nombre de Leandro Iglesias no estaba en la lista. Se estaba instruyendo un expediente sobre su estado mental. El médico de la prisión entregó a la Sala un informe sin conclusión firme, condicional. Se nombraron cuatro médicos para reconocerlo y dos renunciaron porque no se consideraban especialistas en la materia.
En la primavera de 1905, durante un banquete en Cáceres, dos de los comensales propusieron que se pidiera también el indulto del reo de muerte de Baños, y algún político de la ciudad movió papeles para colarlo entre los del Viernes Santo. Tampoco salió. El expediente siguió su camino por los despachos y el condenado siguió en su celda, con dos sentencias de muerte encima y una cabeza que nadie sabía leer.
Seis años en la antesala
De aquellos años quedó muy poco escrito. Lo que sí llegó fue un dictamen de la Academia de Medicina, a la que se había sometido el caso después de la condena. Los académicos escribieron que Leandro era hijo de un epiléptico e impulsivo y que tenía más parientes epilépticos. No afirmaron que fuera responsable. Dijeron solamente que lo parecía, pero que había cometido el crimen en un estado de error prolongado, sostenido por un estímulo tan poderoso que le había producido «verdadero arrebato y obcecación».
Aquella frase no la habían inventado los médicos. El artículo 9 del mismo Código que lo condenó contaba entre las atenuantes la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hubieran producido arrebato y obcecación. Era la llave que en julio de 1903 habría podido compensar la agravante del veneno y abrir la puerta a la cadena perpetua. Llegaba firmada por una academia y con seis años de retraso, cuando la sentencia ya no admitía atenuantes de ninguna clase.
Para entonces, en el Colegio de Abogados de Cáceres se manejaba además el dictamen de dos médicos que lo declaraban imbécil, y no pocos en la ciudad opinaban lo mismo. Ninguno de esos papeles cerraba la cuestión. Servían para otra cosa. Mientras hubo duda, el expediente durmió en los despachos, y mientras el expediente dormía, el verdugo también.
La última orden del Gobierno Maura
En octubre de 1909 España tenía otras cosas en la cabeza. El verano había dejado la Semana Trágica de Barcelona, el 13 de octubre habían fusilado en Montjuïc al pedagogo Francisco Ferrer Guardia y media Europa se había echado a la calle contra el Gobierno de Antonio Maura. El jueves 21 de octubre Maura dejó la presidencia del Consejo y Alfonso XIII llamó a los liberales de Segismundo Moret.
Ese mismo día se supo en Cáceres que se habían dado las órdenes para ejecutar al reo de Baños. En la Audiencia nadie quiso confirmarlo, que era la forma de confirmarlo. En la ciudad se habló de la última herencia de Maura y se recordó que hacía seis años que aquel hombre esperaba el garrote, mientras se discutía si estaba o no en posesión de sus facultades.
La reacción fue inmediata. El Colegio de Abogados se reunió en junta general y acordó por unanimidad pedir el indulto. Telegrafió al presidente del Consejo y al ministro de Gracia y Justicia que se ordenaba ahora una ejecución «inhumana» contra un hombre condenado en julio de 1903, y les recordó el dictamen de la Academia. Telegrafiaron el alcalde, Juan Jacobo de la Riva, y el presidente de la Diputación. El abogado Germán López, que seguía con el caso, agotó todos los recursos que tenía a mano.
Uno de los telegramas llegó a Palacio. El mayordomo mayor del Rey lo pasó al presidente del Consejo por si el Gobierno encontraba motivo para aconsejar la gracia. El ministro de Gracia y Justicia, recién llegado al cargo, ordenó suspender la ejecución hasta examinar el expediente con detenimiento. El Consejo de Ministros lo estudió y el lunes 25 de octubre, a las cinco de la tarde, salió hacia Cáceres el telegrama. El Rey conmutaba la pena de muerte por la inmediata. Cáceres respiró.

Lo que dijo la Gaceta
El real decreto se publicó al día siguiente en la Gaceta de Madrid. Recordaba la casación rechazada en 1903, citaba la ley de 18 de junio de 1870 que regulaba la gracia de indulto, había oído al Supremo y al Consejo de Estado en pleno, y daba dos razones. El tiempo transcurrido desde los crímenes y que habían surgido dudas respecto del equilibrio de las facultades mentales del reo. Cambiaba la muerte por cadena perpetua con sus accesorias. Firmaba Alfonso y refrendaba el ministro Eduardo Martínez del Campo.
El decreto no decía que Leandro estuviera loco. Decía que había dudas. Con eso bastó. Ocho años después de la cena de Baños, el Estado renunció a matar a un hombre sin llegar a averiguar si ese hombre entendía por qué iban a matarlo.
Hasta el nombre se le había ido escurriendo por el camino. En el pueblo lo detuvieron como Leonardo. En Cáceres lo juzgaron y lo defendieron como Leandro Iglesias Cáceres, con el apellido de la madre a la que había envenenado. La Gaceta que le salvó la vida lo llamó Leandro Iglesias Simón. En una España donde los papeles del Estado y los del pueblo no siempre coincidían, el preso de Baños salió del garrote con un apellido que en su tierra nadie le conocía.
El condenado que no entiende su condena
La Constitución de 1978 abolió la pena de muerte, pero la pregunta del caso de Baños sigue abierta en las cárceles. El artículo 60 del Código Penal vigente la resuelve a su modo. Cuando después de la sentencia firme el penado sufre un trastorno mental grave y duradero que le impide conocer el sentido de la pena, el juez de vigilancia penitenciaria suspende la ejecución, le garantiza asistencia médica y puede imponerle una medida de seguridad que nunca será más dura que la pena que sustituye.
La ley de 1995 conserva la estructura de la de 1870. Si el penado recupera la salud mental, cumplirá la condena si la pena no ha prescrito. La diferencia está en una cláusula que en tiempos de Leandro no existía. El juez puede dar por extinguida la condena, o acortarla, cuando por razones de equidad su cumplimiento resulte innecesario o contraproducente. El castigo ya no espera al loco con la misma paciencia. Le espera con una puerta abierta.
Lo que ninguna de las dos leyes resuelve es la cuestión de fondo, la de qué castiga el Estado cuando castiga a alguien que no sabe por qué está preso, y qué perdona cuando perdona a quien quizá no entiende que le han perdonado. En octubre de 1909 Cáceres recibió la noticia con júbilo. En la celda, el único que no dejó constancia de haberse enterado fue Leandro Iglesias.
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