Los muertos del bando carlista podían entrar en el Registro Civil con los papeles de sus propios hospitales y ambulancias, y solo de forma provisional. Lo dispuso la Gaceta de Madrid tal día como hoy hace 150 años, ocho meses después del fin de la tercera guerra carlista
El martes 7 de noviembre de 1876 la Gaceta de Madrid amaneció con su liturgia de costumbre. El marqués de Novaliches daba cuenta de una suscripción que engordaba real a real, el Gobierno anunciaba un proyecto de ley para levantar edificios públicos y los ministerios repartían nombramientos como quien reparte una baraja. Madrid tenía un rey de dieciocho años, a Cánovas en la presidencia del Consejo y la sensación, todavía nueva, de que las guerras se habían terminado. Lo había firmado la víspera Alfonso XII, con el refrendo de su ministro de Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera, y mandaba rehacer los registros civiles de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, destruidos en su mayor parte durante la tercera guerra carlista. Para rehacerlos, el Estado aceptaba como prueba los libros de los hospitales del bando derrotado.
Ocho meses antes, Carlos VII había cruzado la frontera por Valcarlos prometiendo volver. Ahora era el vencedor quien tenía que fiarse de su letra. En esa misma página, el Ministerio de la Guerra daba de baja a un brigadier, Francisco de la Guardia y Ortega, por haber desaparecido de la Corte sin el permiso correspondiente. Un vivo se esfumaba sin papeles. Miles de muertos esperaban papeles para poder existir.
El libro donde constan los nuestros
Todas las civilizaciones han imaginado un libro donde constan los suyos. Los egipcios ponían a Thot, el escriba con cabeza de ibis, a anotar el peso del corazón de cada difunto, y el Apocalipsis reserva para el final de los tiempos una escena de archivo en la que los muertos son juzgados por lo que estaba escrito en los libros. La eternidad, vista de cerca, siempre ha tenido algo de negociado.
En España ese libro lo llevaba la Iglesia desde el concilio de Trento. El párroco bautizaba, casaba y enterraba, y todo quedaba en sus cuadernos con una caligrafía que hacía fe en cualquier pleito. La revolución de 1868 decidió que el Estado necesitaba un libro propio, y en junio de 1870 llegaron la ley provisional del Registro civil y la del matrimonio civil. La pluma pasó del cura al juez municipal.
El nuevo registro abrió sus libros el 1 de enero de 1871. Cuando estalló la guerra, en la primavera de 1872, no había cumplido año y medio. Era un recién nacido instalado en el peor barrio posible, el de unos valles donde casarse ante un juez se vivía como un sacrilegio y donde el lema de Dios, Patria y Rey no dejaba mucho sitio para un funcionario con tintero.
Una guerra contra un cuaderno
Los carlistas entendieron mejor que nadie lo que significaba aquel libro. La propia exposición del decreto de 1876 lo admite sin rodeos cuando cuenta que la sublevación se dirigió desde el primer momento contra el matrimonio y el Registro civil, y que destruyó o incendió la mayor parte de los registros de las cuatro provincias. Se quemaba el cuaderno porque se quemaba la idea. Un juzgado municipal en llamas era un argumento teológico.
Al otro lado de las líneas, mientras tanto, crecía un Estado de imitación con todos sus accesorios. Carlos VII instaló su corte en Estella, imprimió sellos de correos, acuñó calderilla con su perfil y nombró autoridades que firmaban, sellaban y archivaban como cualquier Administración de verdad. Durante años, Navarra y las provincias vascas vivieron con dos Estados superpuestos, como en esas fotografías antiguas en las que alguien se movió y aparece dos veces.
Los hospitales de doña Margarita
Uno de esos accesorios acabó siendo el más incómodo para el vencedor. En octubre de 1874, Margarita de Borbón-Parma, la esposa del pretendiente, fundó La Caridad, una asociación católica para socorrer a los heridos. La necesitaba porque la Cruz Roja no podía actuar legalmente en territorio insurrecto. Su sede principal se instaló en el monasterio de Irache, junto a Estella, y en dos años llegó a sumar 33 hospitales y varias ambulancias volantes.
Allí se curaba y allí se moría. Y quien moría quedaba anotado en los libros de un hospital que, para Madrid, no existía. Los caídos de Montejurra, una de las últimas batallas de aquel febrero de 1876, tenían su nombre escrito en un cuaderno rebelde. El decreto lo cuenta con frialdad de inventario. Esas defunciones o no se habían inscrito en ninguna parte o figuraban en los libros parroquiales a partir de los papeles de los propios sublevados.
La exposición habla del «excesivo número de fallecimientos ocurridos en campaña, con especialidad en las tropas rebeldes». Es una frase de contable que contiene la tragedia entera. El Estado había ganado la guerra y había heredado los cadáveres del adversario, y con ellos un problema que ninguna victoria resuelve. Un muerto que no consta en ninguna parte no termina nunca de morirse.
La moneda del enemigo
La solución de Martín de Herrera tiene la paciencia de un orfebre. A los medios de prueba que ya había previsto en enero un decreto pensado para los registros destruidos de Barcelona y Sevilla, el nuevo texto sumaba los documentos de «Autoridades ó funcionarios no reconocidos legalmente», que era la manera oficial de nombrar al Estado carlista sin pronunciarlo. Y con ellos los libros de hospitales, ambulancias y depósitos de heridos y prisioneros, los de cárceles y casas de beneficencia y los de los capellanes castrenses.
Había una condición. Esos papeles solo valían si los confirmaban autoridades o corporaciones legítimas, y las inscripciones que se hicieran con ellos serían provisionales, sujetas a un expediente con intervención del juez municipal. El plazo era de treinta días sin prórroga posible y el presupuesto, de 100.000 pesetas. Era una especie de denominación de origen aplicada a la muerte, un sello oficial estampado sobre un producto ajeno.
Ahí está el centro jurídico del asunto, y es más fino de lo que parece. El decreto acepta el hecho sin aceptar la autoridad que lo certifica. Hace con los papeles carlistas lo mismo que un cambista prudente con las monedas de Carlos VII, que las pesa por el cobre y no por la cara. El Estado no reconocía al rey de Estella, pero sí a sus muertos. Separaba la tinta del sello.
Conviene recordar a Creonte. Polinices había muerto atacando Tebas y el rey prohibió enterrarlo, porque el traidor no merecía tierra. Antígona lo enterró de todos modos y la tragedia se puso en marcha. Martín de Herrera hizo algo más modesto y bastante más raro. No le dio sepultura al enemigo, porque de eso ya se habían ocupado los capellanes, pero le abrió la puerta del libro. Un Creonte con manguitos de oficinista, arrepentido a tiempo.
Por qué un Estado cuenta a sus enemigos
Sería bonito atribuirlo todo a la piedad, pero el decreto da sus propias razones y son más terrenales. Habla de los derechos legítimos de terceros ajenos a la lucha. Un muerto sin inscribir deja una viuda que no puede volver a casarse, unos hijos que no heredan con limpieza y unas deudas que nadie sabe a quién reclamar. Detrás de cada nombre ausente había una casa entera detenida, como un reloj al que nadie da cuerda.
Había, además, un calendario político. Ese mismo verano, la ley de 21 de julio de 1876 había extendido a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava el servicio de las armas y las contribuciones del resto de la nación. Un Estado que se dispone a llamar quintos y a cobrar impuestos necesita saber quién vive y quién no, del mismo modo que necesita saberlo antes de pagar una pensión de las clases pasivas o de negarla.
Gógol escribió una novela entera sobre un estafador que compraba siervos muertos que seguían vivos en el censo, almas que pagaban impuestos desde el cementerio. España tenía en 1876 el problema contrario, muertos de carne y hueso que no constaban en ninguna parte. Aquellas almas no estaban en venta. Estaban, sencillamente, fuera del libro, y fuera del libro un hombre no está ni vivo ni muerto. Está pendiente.
Contar a los muertos ha sido siempre en España una tarea más política de lo que parece, como se vio en las elecciones de 1936, y una tarea judicial cada vez que un tribunal tuvo que poner nombre a las víctimas de una desgracia. Pero lo de 1876 tiene algo de inaugural. El vencedor necesitaba al vencido para completar su propio archivo. La paz, en aquellos valles, empezó por una cuestión de papeleo.
Casi un siglo después, el Tribunal Internacional de Justicia llegó por su cuenta a la misma conclusión. En 1971, al declarar ilegal la presencia de Sudáfrica en Namibia, advirtió que la nulidad de los actos de aquella administración no podía alcanzar a la inscripción de nacimientos, defunciones y matrimonios, porque ignorarla solo perjudicaba a los habitantes. Los internacionalistas lo llaman la excepción de Namibia. En Gracia y Justicia la aplicaban en 1876 sin ponerle nombre.
Lo provisional
La maquinaria se puso en marcha despacio. En septiembre de 1877, casi un año después del decreto, la delegación del Ministerio anunciaba desde Pamplona la reconstitución de los libros de Navarra. Cada registro tenía su anuncio y su plazo, y los muertos fueron entrando uno a uno, con la letra prestada de hospitales que ya habían cerrado y de autoridades que ya no mandaban en nada.
Lo que quedaba escrito llevaba una marca. Provisional. La palabra tiene algo de penitencia administrativa. El soldado carlista entraba en el libro del Estado, pero entraba con un asterisco, a la espera de que un juez municipal confirmara que aquel cuaderno de Irache decía la verdad. Era el trato que el Estado reservaba a todo aquello que no terminaba de creerse.
