Un real decreto firmado en Barcelona el 22 de octubre de 1926 convirtió el nombre Rioja en marca colectiva y sentó a Logroño, Álava y Navarra en un mismo consejo, la mesa que la justicia ha impedido romper un siglo después
El 22 de octubre de 1926 Alfonso XIII firmaba papeles en Barcelona. La ciudad tenía Montjuïc sembrado de andamios y zanjas para la Exposición Internacional que debía abrirse en 1929, el Directorio de Primo de Rivera había cumplido tres años y el rey despachaba aquella semana lejos de Madrid. Uno de ellos era un leridano de poco más de treinta años, Eduardo Aunós Pérez, titular de Trabajo, Comercio e Industria, un hombre que soñaba con ordenar España por gremios.
La carpeta de Aunós no hablaba de telares ni de puertos. Hablaba de botellas. Y de un precinto que debía cerrarlas.
Con aquella firma nacía en Logroño el Consejo regulador de la denominación vinícola «Rioja», un organismo creado para defender una palabra que no era el nombre oficial de ninguna provincia, partido o municipio de España. En su mesa se sentaban, desde el primer día, las diputaciones de Logroño, Álava y Navarra. Cien años después, esa mesa a tres ha tenido que defenderse en los tribunales frente a quienes quisieron levantarse de ella.
La Gaceta de Madrid publicó el real decreto el 29 de octubre de 1926, en el número 302, páginas 580 y 581. Hoy se cumple exactamente un siglo. En la misma plana, unas líneas más arriba, el rey nombraba a un barcelonés Comisario Regio de la Seda. Así se gobernaba la España de la Dictadura, a golpe de comisarios y consejos, con un organismo para cada riqueza del país. Los periódicos de Madrid habían despachado la firma al día siguiente en una sola línea, perdida entre un decreto sobre las Escuelas de Veterinaria y la aprobación de un reglamento, «Creando el Consejo regulador de la demarcación vinícola Rioja». Nadie podía sospechar que aquella línea iba a sobrevivir a la Dictadura y a la monarquía que la firmaban.
Haro llamó tres veces
La historia no empezó en Barcelona, sino en Haro. Aquella ciudad junto al Ebro vivía del vino desde que los negociantes de Burdeos bajaron a comprar caldos cuando la filoxera arrasó sus viñas, y alrededor de su estación de ferrocarril se habían levantado bodegas de piedra pegadas a las vías. Presumía de modernidad con un dicho que aún repiten sus vecinos, «Haro, París y Londres», por haber encendido la luz eléctrica en sus calles antes que casi nadie en España.
En Haro estaban también las Bodegas Cooperativas de los Sindicatos Católicos Agrícolas de la Rioja Alta, que en representación de «todas las fuerzas vivas de la Rioja» pidieron al Gobierno un reglamento para proteger la industria vinícola y el uso del nombre «Rioja». Las presidía Felipe R. del Castillo, y su paciencia quedó escrita en el expediente. En marzo de 1924 el asunto ya dormía en Hacienda. El 21 de noviembre de 1924 la Jefatura del Gobierno reenvió al Ministerio de Trabajo una instancia suya recordando la petición. El 31 de diciembre volvió a presentarla. El 25 de abril de 1925, otra vez.
Lo que pedían los cosecheros de Haro era mucho más que una etiqueta. Su proyecto regulaba guías de circulación y aforos de cosecha, es decir, contar cuánto vino salía de cada pueblo y vigilar por dónde viajaba. Eso era materia fiscal, y la Hacienda de 1925 no quería oír hablar de nuevos gravámenes. Su informe, fechado el 20 de febrero de 1925, recordaba que el Estado ya no cobraba directamente ningún impuesto sobre el vino y que la ley de propiedad industrial ya ofrecía todas las garantías necesarias.
La respuesta llegó por una real orden de 6 de junio de 1925, firmada por delegación desde la Presidencia del Directorio Militar. El proyecto de Haro tenía ocho artículos. El Estado rechazó del primero al séptimo y aceptó el octavo, el que pedía un precinto sobre los envases que acreditara la procedencia del vino. La región quedaba autorizada a crearlo «con el carácter de marca colectiva». Una comisión de técnicos y representantes de los pueblos debía trazar después la raya de lo que era Rioja, «tanto Alta como Baja».
De ocho artículos, uno. Con ese uno se levantó todo lo demás.
Una marca y no una denominación
El real decreto de 1926 explica su razón de ser en una exposición firmada también en Barcelona, y lo hace con una ley de veinticuatro años atrás. La Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 decía en su artículo 124 que «el nombre de un lugar de producción pertenece colectivamente a todos los productores que en él están establecidos», y en el 125 que «nadie tiene derecho a servirse del nombre de un lugar de fabricación para designar un producto natural o fabricado procedente de otro sitio». Ahí estaba el hueso jurídico del asunto. Un nombre de lugar era una propiedad común, y como tal podía protegerse con un signo colectivo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial.
Por eso el Rioja nació como marca colectiva y no como lo que hoy llamamos una denominación de origen. El régimen general de las denominaciones llegaría con el Estatuto del Vino de 1932, ya en la República. En 1926 el instrumento era más modesto y más mercantil, un sello de garantía sobre la botella y un consejo encargado de registrarlo, «regular su uso» y denunciar la «falsa indicación de procedencia» y la usurpación del nombre. El Rioja fue primero una marca y solo después una denominación.
La propia Administración sabía que la ley se quedaba corta. En 1924 el Ministerio de Trabajo ya había advertido que aquellos artículos alcanzaban a las indicaciones geográficas falsas, pero no a las «mixtificaciones del producto aprovechándose del crédito de una determinada producción», que exigían una intervención del Estado «no establecida aún». La ley protegía el nombre, no el vino. Un vino riojano adulterado seguía siendo, para aquella ley, un vino riojano.
Quedaba el problema más curioso. La real orden de 1925 exigía delimitar primero la zona porque «Rioja» no era «un nombre geográfico español que corresponda a un término administrativo ni político, suficientemente determinado». La provincia se llamaba Logroño. Y la misma orden salvaba un obstáculo del reglamento de marcas precisamente por eso, porque se trataba «del nombre de una región» y no del de una diputación o un ayuntamiento. La Rioja existió como marca de vino 54 años antes de existir como provincia. El nombre no llegó al mapa oficial hasta la Ley 57/1980, de 15 de noviembre, que cambió la denominación de la provincia de Logroño por la de La Rioja.
El decreto daba al Consejo un año para elevar al Ministerio la «relación nominal razonada» de los pueblos de Rioja Alta y Rioja Baja, con audiencia de los municipios interesados, y una Comisión permanente de tres funcionarios con sede en Madrid debía informar cada inclusión y cada exclusión. Dos zonas, ninguna más. Los viñedos alaveses tenían silla en el Consejo, pero todavía no tenían nombre propio en el decreto.
Quince sillas en Logroño
El artículo 6 dibujaba la mesa. La presidía el presidente de la Diputación provincial de Logroño. A su lado, un representante de cada una de las diputaciones de Álava y Navarra; los presidentes de la Cámara de Comercio de Álava y de las cámaras agrícolas de Logroño, Álava y Navarra; un representante del Consejo provincial de Fomento de Logroño; el presidente de la Asociación de Vitivinicultores de la Rioja; el ingeniero director de la Estación enológica de Haro; los ingenieros de los servicios agronómicos de Logroño y de Álava, y los tres funcionarios de Madrid. Quince sillas. Álava ocupaba cuatro y Navarra dos.
Había un hueco llamativo. Álava tenía su cámara de comercio en el Consejo y Logroño no. Lo corrigió una real orden de 27 de diciembre de 1926 que, a propuesta de la Cámara Agrícola de Logroño, nombró vocal a Felipe M. Zaporta, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de la provincia. La silla número dieciséis se añadió dos meses después del nacimiento.
Los nombres habían llegado por otra real orden, de 11 de diciembre de 1926. Presidente, Enrique Herreros de Tejada y Santa Cruz, al frente de la Diputación de Logroño. Por Álava, el diputado provincial Pablo Hermosa Elizondo, y por Navarra, Mariano Arrásate. Moisés Martínez Zapata, por la Estación de Haro. Y en la silla de los vitivinicultores, Felipe Ruiz del Castillo, con toda probabilidad el mismo hombre que había llamado tres veces a la puerta del Gobierno desde Haro. Tenían un mes improrrogable para constituirse.
En apenas tres meses la Gaceta llamó al organismo de tres maneras. «Demarcación vinícola» en el sumario del decreto. Consejo de la «denominación vinícola» y «del uso y administración de su marca colectiva» en diciembre. Consejo «para la defensa y administración de la marca colectiva» en enero de 1927. La institución todavía no sabía si era una comarca, un nombre o una marca. Era las tres cosas.
Aquella mesa tenía además la forma exacta del país que Aunós imaginaba, con diputaciones, cámaras, asociaciones e ingenieros del Estado sentados juntos para gobernar una riqueza. El 27 de noviembre de 1926, un mes después de la Gaceta del Rioja, su ministerio publicaba el Real decreto-ley de Organización Corporativa Nacional. El Consejo del Rioja fue un ensayo a escala de bodega del corporativismo de la Dictadura. Las corporaciones suelen durar más que los regímenes que las inventan.
Cien años después, la misma mesa
En 2016 la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) pidió al Gobierno Vasco una denominación de origen protegida propia, «Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava». También intentó registrar ese nombre como marca, y la Oficina Española de Patentes y Marcas lo rechazó el 30 de noviembre de 2016. El Gobierno Vasco, en cambio, emitió una decisión favorable el 10 de marzo de 2021 y en julio desestimó el recurso de alzada del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
El Consejo fue a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resolvió el recurso 725/2021 en la sentencia 499/2024, de 5 de noviembre, con ponencia del magistrado Luis Ángel Garrido Bengoechea, y anuló la decisión del Gobierno Vasco. La Sala se apoyó en un informe técnico del Ministerio de Agricultura que contenía la frase que resume el caso, «la misma zona geográfica natural, las mismas variedades de vid, las mismas prácticas agrícolas y enológicas no puede dar lugar a dos DOP». Y otra que parece escrita para 1926, la de que las denominaciones de origen «no se crean, sino que se reconocen».
El tribunal concluyó que no se acreditaba «el uso y notoriedad del nombre» ni se justificaba que Viñedos de Álava tuviera «una existencia distinta a la de los vinos de Rioja Alavesa», y añadió que el nuevo nombre podía inducir a error al consumidor porque «Rioja Alavesa» es una marca registrada por el propio Consejo Regulador desde el año 2000. ABRA intentó la casación y el Tribunal Supremo la inadmitió en junio de 2025. El 9 de diciembre de 2025 el Gobierno Vasco anuló, en ejecución de sentencia, su resolución favorable de 2021, y el Boletín Oficial del País Vasco lo publicó el 22 de diciembre.
Hay una simetría que nadie en Barcelona podía prever. El Rioja nació como marca colectiva, y una marca ha sido una de las razones para impedir que una parte de él se marchara.
La puerta no está cerrada con llave, pero está muy alta. Después de la sentencia del TSJPV, cualquier nuevo intento tendrá que probar lo que ABRA no consiguió, que existe un vino alavés distinto del Rioja Alavesa y un nombre con uso y notoriedad propios en el mercado. Mientras tanto, las bodegas de Laguardia y de Labastida siguen sentadas donde las sentó Aunós.
La ley de 1902 decía que el nombre de un lugar pertenece colectivamente a todos los que en él producen. Cien años después, la frase funciona en las dos direcciones. Sirve para entrar en un nombre. Y también para no poder salir de él.
