La compra de habitaciones en proindiviso puede ser una vía legítima de acceso a la propiedad si los pactos de uso se firman antes de la escritura y acceden al Registro, sostiene Juan Luis Hernández-Gil.
En la actualidad, el mercado inmobiliario se encuentra tensionado y el acceso a la vivienda se complica cada vez más para los jóvenes y no tan jóvenes. Según los datos recogidos en 2024, la tasa de esfuerzo, es decir, el porcentaje del salario destinado a vivienda, alcanza el 33,2% a nivel nacional y el 40,9% en la Comunidad de Madrid, a día de hoy es mayor todavía la tasa de esfuerzo. En este contexto, y ante los precios desorbitados de los alquileres, surge la iniciativa de la compraventa en pro indiviso de viviendas con una regulación interna sobre el uso y disfrute, coloquialmente conocida como «compraventa de habitaciones».
Este modelo de inversión pretende facilitar el acceso a la propiedad privada y a la inversión inmobiliaria incluso cuando no se dispone del capital exigido por la creciente curva de precios de los inmuebles.
Para que este nuevo modelo no solo cubra necesidades personales, sino que también aporte seguridad jurídica, conviene conocer las implicaciones legales en juego y el proceso más eficiente para formalizar la inversión.
Aunque socialmente pueda percibirse como un fenómeno novedoso, se apoya en figuras tradicionales como la comunidad romana y los pactos internos de uso.
El pro indiviso, regulado en los arts. 392 a 404 del Código Civil, describe la situación en la que varios titulares comparten un bien sin división material del mismo, ostentando cada uno una cuota porcentual sobre el todo. Como una habitación no puede constituirse como finca independiente salvo que cumpla los requisitos de vivienda autónoma (ventilación, acceso independiente y cocina), resulta imprescindible regular la situación mediante pactos privados dentro del marco permitido por nuestro ordenamiento jurídico.

Conviene recordar que deben respetarse los límites urbanísticos, evitando la creación de «mini viviendas», tal y como afirmó la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 9/9/2009, que vetó la inscripción de cuotas indivisas con adscripción de uso por considerarlas parcelaciones encubiertas. Aunque dicha resolución se refería a fincas rústicas o parcelas indivisibles, la misma lógica podría proyectarse sobre viviendas si se apreciara una vulneración urbanística, salvo que la jurisprudencia matice este criterio por razones de interés general. Asimismo, debe garantizarse la habitabilidad y salubridad de toda la propiedad, evitando unidades inferiores a 15 m² por persona o 20 m² para dos, y asegurando al menos 25 m² de espacios comunes, conforme al Compendio de Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (Sección Segunda, art. 7.3.11).

Como cada comunidad autónoma ostenta competencias exclusivas en materia de vivienda, estas exigencias pueden variar según la ubicación. Así, mientras Madrid se limita a fijar parámetros mínimos de habitabilidad aplicables con carácter general, en Cataluña se ha optado por una regulación más específica: el Decreto Ley 50/2020 introdujo la figura de las viviendas con espacios comunes y exige, por ejemplo, que el espacio privativo cuente con una superficie útil interior no inferior a 24 m². Esta diversidad normativa evidencia que el tratamiento jurídico del coliving depende en gran medida del enfoque autonómico, oscilando entre modelos que simplemente aplican la normativa general de habitabilidad y otros que crean categorías propias para ordenar este tipo de alojamiento.
En cuanto al proceso, aunque las entidades bancarias son reacias a financiar cuotas indivisas, los copropietarios pueden optar por hipotecar conjuntamente el 100% del inmueble, acudir a financiación privada o recurrir a préstamos personales con avales. Si este negocio jurídico se generaliza, es previsible que el mercado financiero se adapte progresivamente a estas nuevas necesidades.
Una vez seleccionados los futuros copropietarios, debe otorgarse ante notario la escritura pública de compraventa en pro indiviso. Ahora bien, es esencial que los pactos internos estén firmados antes de acudir al notario. Llegar a la escritura sin un acuerdo cerrado supone un riesgo evidente: una vez adquirida la cuota, cualquier discrepancia posterior puede bloquear la convivencia o la gestión del inmueble. Lo más seguro es que todos los copropietarios acudan a la firma con los pactos ya suscritos «ex ante». Además de la escritura, resulta recomendable redactar e inscribir pactos con eficacia real, como el uso exclusivo de determinadas zonas (siempre que no infrinja la normativa urbanística), las limitaciones de uso, por ejemplo, la prohibición de alquiler turístico, las reglas de contribución a gastos y los derechos de tanteo y retracto. La STS 370/2021 refuerza que los estatutos inscritos son oponibles a terceros, cuestión clave para futuras transmisiones de cuotas.
En este punto conviene matizar que, aunque como regla general solo son inscribibles los pactos con trascendencia real, existe una excepción relevante que puede ser aplicada por analogía a nuestra propuesta. D. Ramón Roca Sastre, eminente hipotecarista, mantenía que los estatutos de la propiedad horizontal pueden inscribirse como un cuerpo unitario aun cuando incluyan normas de naturaleza personal u obligacional, porque su eficacia global es ob rem y afecta también a terceros adquirentes.
Por analogía, y dado que el Código Civil permite configurar estatutos en las comunidades de bienes (art. 392), puede defenderse que estos estatutos también accedan al Registro en su integridad, integrando tanto las reglas con eficacia real como aquellas que ordenan el funcionamiento interno. No existe prohibición normativa que lo impida y esta técnica aporta seguridad jurídica, evita interpretaciones fragmentadas y garantiza que cualquier adquirente conozca y quede vinculado por el régimen completo de la comunidad.
En materia fiscal, cada copropietario deberá asumir los tributos correspondientes a su cuota: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se prorratea según el porcentaje de titularidad; la adquisición tributa por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) y, en su caso, por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD); la transmisión posterior de la cuota devenga la plusvalía municipal únicamente respecto de la parte transmitida; y si se alquila la habitación o el derecho de uso, los rendimientos tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Aunque el pro indiviso presenta riesgos, como la posibilidad de que cualquier copropietario ejercite la acción de división, puede mitigarse mediante un pacto de indivisión. El pacto de indivisión no opera como un mecanismo que permita a un copropietario desligarse unilateralmente de la comunidad mediante el pago de una cantidad. Su función es estrictamente la de impedir la división del inmueble durante el plazo pactado, de modo que ningún copropietario puede promover la acción de división mientras el pacto esté vigente. El pacto genera una obligación propter rem, que asegura el ejercicio simultáneo y concurrente de los derechos reales.
El Código Civil limita este acuerdo a un máximo de diez años, prorrogables, a través de acuerdo unánime de los propietarios, por lo que cualquier previsión contractual debe respetar esa libertad de decisión. Lo que sí puede hacerse es establecer incentivos o estructuras que favorezcan la continuidad del proyecto y faciliten que, llegada la década, todos los copropietarios estén interesados en renovar el pacto, siempre sin imponer sanciones que condicionen indebidamente su voluntad.
En proyectos de convivencia prolongada, también puede valorarse la configuración de la comunidad como una comunidad orgánica, funcional o de intento, figuras doctrinales que describen comunidades con un propósito común y una organización interna más sólida. Este enfoque permite dotar al grupo de una estructura más estable, coherente con la finalidad del coliving y con una gestión más ordenada del inmueble.
Es igualmente relevante que los copropietarios conozcan el régimen legal de toma de decisiones. Los actos de administración se adoptan por mayoría de cuotas, mientras que los actos de disposición o alteración esencial requieren unanimidad. Una adecuada regulación estatutaria evita bloqueos y clarifica qué decisiones corresponden a cada categoría.
La compra de habitaciones en pro indiviso no crea una figura jurídica nueva, sino que utiliza de forma intensiva instituciones ya existentes. Puede convertirse en un vehículo eficaz para reducir barreras de entrada, generar patrimonio y ofrecer estabilidad frente al arrendamiento, siempre que se estructure con rigor jurídico.
En última instancia, cabe preguntarse si hemos normalizado la erosión del acceso a la propiedad privada y la presión insoportable de los precios de la vivienda, aceptando como inevitable un mercado cada vez más restrictivo. O, por el contrario, si estamos ante una vía jurídica legítima que permite, en el contexto actual, no quedar excluidos y seguir construyendo patrimonio bajo las nuevas reglas del juego.
* Juan Luis Hernández-Gil Monedero, socio de Litigación y Arbitraje en Martínez-Echevarría Abogados


