La Audiencia Provincial de Tarragona condena a AXA a pagar 90.000 euros tras probarse que el tomador no firmó la declaración médica de la nueva póliza.
Un cuestionario de salud sin la firma auténtica del asegurado equivale a la inexistencia legal del interrogatorio médico. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Tarragona al revocar íntegramente la resolución de instancia y condenar a la entidad aseguradora al pago de la indemnización por invalidez absoluta. La desestimación del rehúse contractual evidencia la trascendencia de la autenticidad documental en las relaciones de seguro.
Una firma ajena en el contrato sustitutivo
El origen del conflicto procesal se remonta al reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta a un asegurado que había concertado originariamente una póliza de vida e invalidez en 2001, la cual fue reemplazada en 2009 por un nuevo contrato con numeración independiente. Tras sobrevenir el siniestro y el posterior fallecimiento del beneficiario, la entidad aseguradora pretendió exonerarse del pago de los 90.000 euros garantizados. La compañía alegó que el tomador incurrió en dolo o culpa grave al silenciar en el cuestionario inicial una invalidez previa declarada en el año 1990.
Sin embargo, el elemento fáctico determinante que desvirtuó la causa de oposición defensiva derivó del riguroso análisis documental de la póliza suscrita en 2009. El condicionado incorporaba un cuestionario de salud cumplimentado de forma mecanográfica que contenía una firma manuscrita atribuida formalmente al tomador. No obstante, dicha rúbrica resultaba ser de una tercera persona no identificada y figuraba vinculada a un número de documento nacional de identidad ajeno al asegurado, extremo que la propia aseguradora no llegó a discutir.
El valor determinante de la prueba pericial caligráfica
La determinación de la falsedad o inautenticidad de la rúbrica resulta la pieza clave en la resolución de los litigios fundados en el Artículo diez de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Cuando se cuestiona formalmente la autoría de un formulario de salud, la práctica de la prueba pericial caligráfica sobre los grafismos dubitados se erige en el instrumento técnico indispensable para desmontar la apariencia procesal de consentimiento prestado en la valoración del riesgo.
Si el análisis de los cotejos y rasgos caligráficos demuestra de forma indubitada que la firma atribuida al asegurado no ha sido realizada de su puño y letra, la consecuencia jurídica deviene categórica: la declaración sobre el estado de salud debe tenerse por inexistente a todos los efectos legales. Al no acreditarse el sometimiento efectivo y directo del tomador a las preguntas de la compañía, la entidad aseguradora asume íntegramente las omisiones de información y pierde toda facultad legal de exonerarse del abono de la prestación indemnizatoria.
La doctrina jurisprudencial sobre la inautenticidad del cuestionario
La trascendencia de la prueba pericial caligráfica en supuestos de falsedad o inautenticidad documental cuenta con un sólido respaldo doctrinal. En el marco del análisis de las firmas dubitadas, así lo ilustra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 329/2025, de 21 de octubre de 2025, donde la pericial caligráfica resultó determinante para acreditar la falsedad de la firma de un contrato privado, privando de eficacia probatoria al documento e imposibilitando la alegación de título legítimo.
La independencia contractual frente a la negligencia de la entidad
En la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 3.ª) 989/2026, de 8 de octubre de 2026, el tribunal rechazó tajantemente la pretensión del asegurador de extender los efectos de las manifestaciones efectuadas en el seguro de 2001 al contrato suscrito en 2009. La Sala argumentó que se trataba de dos negocios jurídicos totalmente independientes, dotados de numeración de póliza diferenciada, condiciones particulares específicas y primas distintas.
Pretender vincular el deber de declaración a un cuestionario médico cumplimentado ocho años antes constituye, según razona el tribunal, una actuación gravemente negligente por parte de la compañía o de sus mediadores. La doctrina del Tribunal Supremo ha aclarado de forma reiterada que el deber de declaración configurado en el artículo diez de la Ley de Contrato de Seguro es un deber de contestación o respuesta a lo que expresamente pregunte el asegurador. Si la entidad no somete un formulario válido ni recaba la firma genuina del solicitante, soporta de manera exclusiva las consecuencias de la falta de información médica.
La viabilidad de las pretensiones de la herencia y la mora punitiva
El pronunciamiento estimatorio de la Audiencia Provincial de Tarragona reconoce la plena legitimación de la viuda para exigir el cumplimiento de la póliza en interés del caudal hereditario. Al haberse consolidado el derecho de crédito por incapacidad permanente absoluta en vida del asegurado, la prestación indemnizatoria quedó válidamente incorporada al activo de su herencia abintestato, habilitando la reclamación judicial de los causahabientes frente a las evasivas desestimatorias de la aseguradora.
La condena impuesta no se limitó al pago del capital principal de 90.000 euros, sino que aplicó la sanción por demora del Artículo veinte de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. El tribunal determinó que la oposición defensiva del asegurador, fundamentada en un cuestionario defectuoso y en la ineficaz remisión a una póliza extinguida, no constituye una causa justificada que le exima del recargo legal moratorio. La resolución consolida así la exigencia de rigor documental en la contratación del seguro y reafirma el valor estratégico de la prueba pericial caligráfica para desarticular rechazos de cobertura indebidos.
Manuel Jesús González, procurador de los Tribunales y perito judicial calígrafo
