La Agencia se ampara en la preferencia del orden penal, un principio pensado para evitar dobles sanciones, y deja la retirada de contenidos en manos de un juzgado al que se ha pedido el secreto de la causa.
El 11 de noviembre, la Agencia Española de Protección de Datos anunció que pediría explicaciones a TikTok y ordenaría bloquear los enlaces con abusos a menores que había localizado Maldita.es. Este lunes ha archivado sus actuaciones.
La nota de aquel miércoles era un pequeño monumento a la determinación administrativa. La Agencia expresaba su más firme rechazo, elogiaba el periodismo de investigación de Maldita.es y anunciaba tres pasos. Pedir a la fundación la lista de enlaces, exigir a TikTok explicaciones sobre lo que había retirado y, analizado todo, ordenar el bloqueo de los contenidos que supusieran un tratamiento ilícito de datos de menores. Hasta citaba el procedimiento de urgencia del Reglamento europeo, el que permite a una autoridad nacional actuar sola cuando hay prisa de verdad.
El viernes 13, la fiscal de Sala de Criminalidad Informática denunció a TikTok ante el Tribunal de Instancia de Madrid y pidió al juez dos cosas, el secreto de las actuaciones y la retirada urgente e inmediata de los contenidos. Y este lunes la Agencia ha comunicado que archiva sus actuaciones previas de investigación «en atención a la preferencia del orden penal» y para no interferir en una investigación cuyo secreto se ha solicitado.
La preferencia del orden penal es una de las pocas conquistas del Derecho administrativo español de la que un liberal puede presumir sin sonrojo. El Constitucional la dejó escrita en 1983 y la ley de régimen jurídico del sector público la remata con una regla sencilla que prohíbe sancionar dos veces unos hechos cuando coinciden sujeto, hecho y fundamento. Si el juez penal está mirando una conducta, la Administración aparca su expediente sancionador y espera. Es la garantía del ciudadano frente a un Estado con dos martillos.
Fíjense en las palabras. Sancionar. Expediente sancionador. Castigo. La preferencia penal protege a quien corre el riesgo de ser castigado dos veces por lo mismo, y lo que la Agencia anunció el 11 de noviembre no era un castigo. Bloquear un enlace no sanciona a nadie. Impide que un contenido siga circulando mientras se averigua de quién es la culpa. La ley de protección de datos lo llama por su nombre, medidas provisionales, y las concibe para salvaguardar el derecho mientras dura la investigación.

Ahí está el detalle técnico que convierte la prudencia en abandono. El artículo 69 de la ley orgánica de protección de datos permite esas medidas «durante la realización de las actuaciones previas de investigación» o una vez abierto el procedimiento sancionador. Sin actuaciones, no hay medida posible. La Agencia no ha dejado el bloqueo en suspenso a la espera del juez, sino que ha archivado el único cauce que le permitía ordenarlo. Se reserva abrir otras actuaciones si cambian las circunstancias, una cláusula que no compromete a nada.
Lo más llamativo es que la propia Agencia sabe hacerlo de otra manera. Desde 2019 tiene un Canal prioritario para retirar fotos y vídeos sexuales o violentos difundidos sin consentimiento, y en 2023, al sumar a TikTok, explicó que esa vía funciona con independencia de las denuncias ante la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía. No era retórica. En febrero de 2025, con un juzgado instruyendo una causa por unas imágenes íntimas falsificadas de una mujer, la Agencia ordenó a TikTok retirarlas y al día siguiente ya no estaban.
Después archivó el expediente porque no había forma de identificar al autor de la publicación. Primero se protege y después se discute a quién se castiga. Ese es el orden razonable, el que respeta la preferencia penal sin dejar a la víctima a la intemperie, y es exactamente el que la Agencia ha invertido ahora, con menores de por medio y con el país entero mirando.
Queda el argumento de no interferir en una investigación secreta, que suena serio hasta que se lee completo. Lo que la fiscal ha pedido al juez, además del secreto, es la retirada urgente e inmediata de los contenidos. La Agencia renuncia, por tanto, a retirar los contenidos para no estorbar una petición de que se retiren. Cuesta imaginar una forma más elegante de llegar tarde a un sitio al que uno había prometido llegar primero.
Tampoco cambió nada en Europa entre el miércoles y el lunes. TikTok tiene su establecimiento principal en Irlanda, de modo que la autoridad irlandesa lleva la voz cantante en protección de datos y la Comisión Europea vigila a la plataforma con el Reglamento de Servicios Digitales. La Agencia lo sabía el día 11, cuando citó la urgencia que el Reglamento europeo reserva para casos excepcionales, con medidas de hasta tres meses en su propio territorio.
La nota de aquel día ya reconocía, además, que la retirada de contenidos penalmente ilícitos corresponde con carácter general a los jueces. Lo sabía todo, y aun así prometió. El lunes se limitó a enviar papeles a Dublín, a Bruselas y al Comité Europeo de Protección de Datos.
Las autoridades de datos saben ser contundentes con la imagen de un menor cuando el responsable está a mano, como comprobó TV3 con un documental grabado en seis colegios, y la propia Agencia no tiene reparo en plantarse ante un ministerio por una orden sobre puntos de recarga. El arrojo, al parecer, depende del tamaño del interlocutor.
Si los enlaces siguen o no accesibles dependerá ahora de una resolución judicial que, si el secreto prospera, nadie fuera del juzgado conocerá. Mientras, el debate público se entretiene en quién regula a los creadores de contenido y qué ministerio sale mejor en la foto. El ciudadano que leyó la nota del 11 de noviembre tiene derecho a preguntarse para qué se escribió.
Un liberal desconfía del poder que se excede. Debería desconfiar igual del que anuncia con solemnidad, recoge el aplauso y se retira en cuanto otro asume el problema, porque la omisión también es una forma de ejercer el poder, solo que más barata. La preferencia del orden penal nació para que el Estado no castigara dos veces. Esta semana ha servido para que no protegiera ni una.


