Jordi Wild ha replicado a Vox que él no es «una cadena de televisión» después de que el partido cancelara su entrevista con Santiago Abascal. La ley audiovisual lo considera prestador en tres ámbitos, y la CNMC ya lo sancionó en junio.
Jordi Carrillo de Albornoz, el youtuber conocido como Jordi Wild y conductor del pódcast The Wild Project, respondió este miércoles en un vídeo en sus redes a la cancelación de su entrevista con el presidente de Vox, Santiago Abascal. «Yo no soy una productora, yo no soy una cadena de televisión», dijo al rechazar las condiciones que el partido le planteó a última hora.
Vox anuló la entrevista el martes por la noche. La grabación estaba prevista para las 11:00 del miércoles. Según el relato de Wild, el partido le pidió primero que se comprometiera por contrato a no alterar el contenido, y él aceptó. Después quiso grabar la conversación con sus propios medios y quedarse con los derechos audiovisuales en exclusiva, y eso lo rechazó. En un comunicado, Vox ha precisado que la cancelación no se debe a ningún incumplimiento del creador.
El partido explica el cambio de criterio por su última entrevista en un programa de la televisión pública, del que denuncia que se cortaron unos 40 minutos sin avisarle. El resto de entrevistas de la serie, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se publicarán el viernes 13 de noviembre, primer día de la campaña de las generales del 29 de noviembre.
Inscrito en el registro y ya sancionado
La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 creó la figura del usuario de especial relevancia para los creadores con ingresos y audiencia significativos. Un real decreto de 2024 fijó los umbrales en 300.000 euros brutos al año y un millón de seguidores en una plataforma, o dos millones en total, con al menos 24 vídeos al año. Ese mismo año la CNMC abrió una consulta pública para identificar a los youtubers y vloggers que la ley iba a alcanzar.
El artículo 94 de la ley dice que esos usuarios «se considerarán prestadores del servicio de comunicación audiovisual» en tres ámbitos. El primero son los principios generales del título I que enumera el artículo 86. El segundo, la protección de menores. El tercero, la publicidad que insertan o venden en sus contenidos. El mismo artículo les obliga a inscribirse en el Registro estatal de prestadores.
Wild figura en ese registro. Así consta en la resolución con la que la CNMC lo sancionó en junio por dos infracciones graves de carácter continuado en materia de protección de menores. El organismo concluyó que el torneo de artes marciales mixtas Dogfight Wild Tournament #3, emitido en directo el 31 de enero de 2025 en el canal El Rincón de Giorgio, se difundió sin aviso ni calificación por edades. Es la misma obligación que estuvo en el centro del debate sobre la calificación por edades de La Velada del Año.
La segunda infracción afecta al canal del propio torneo, que ofrecía vídeos cortos sin advertencia para mayores de 18 años y sin verificar la edad. Las dos multas sumaban 1.552,44 euros. Con la reducción del 20% por pago anticipado, el importe se quedó en 1.241,95 euros, que el youtuber ya ha pagado.
La decisión no fue unánime. El consejero Carlos Aguilar Paredes firmó un voto particular en el que calificó la cifra final de «ridículo». Según él, la CNMC debió calcular la sanción sobre todos los ingresos del servicio y no solo sobre los declarados para cada canal, cuando el tramo aplicado permitía hasta 30.000 euros por infracción. El voto da a El Rincón de Giorgio 12,3 millones de suscriptores y a The Wild Project, 7,23 millones, y deja claro que «no está en discusión su condición de prestador».
Rectificación sí, pluralismo no
En un espacio de entrevistas políticas, la remisión del artículo 86 se traduce en obligaciones concretas. Entre los principios que alcanza está el artículo 4.3, que obliga a respetar el honor, la intimidad y la propia imagen y a garantizar los derechos de rectificación y réplica según la ley orgánica de 1984. Por la ley audiovisual, Wild está obligado a dar ese cauce a quien se sienta aludido con datos inexactos en su programa.
La lista del artículo 86 incluye los artículos 4, 6, 10, 12, 14 y 15 y el primer apartado del artículo 7. No incluye el artículo 5, dedicado al pluralismo, que manda fomentar medios que reflejen la diversidad ideológica y política de la sociedad. La ley audiovisual no le obliga, por tanto, a entrevistar a todos los candidatos ni a repartir tiempos entre ellos.
La Junta Electoral no se ha pronunciado
Otra cuestión es si le alcanza la neutralidad electoral, que regula la ley electoral y no la audiovisual. La Junta Electoral Central no ha adoptado ningún acuerdo sobre creadores de contenido, aunque sí ha intervenido en otros frentes de la ley electoral, desde expedientes por la difusión de encuestas hasta los carteles en periodo electoral.
El precedente más cercano es de 2023, y lo provocó el propio Vox. El partido denunció entonces a un programa de entretenimiento de una cadena privada por no invitar a Abascal durante la campaña de las generales. La Junta desestimó la denuncia. Consideró que un programa televisivo de entretenimiento, aunque pueda influir en el voto, no está sujeto a los mismos límites que la información electoral y que elegir a los invitados es cosa del medio. En el mismo acuerdo recordó que la cadena debía respetar el pluralismo en el resto de su programación durante el periodo electoral.
