El impago de la pensión de alimentos puede acabar en una condena penal

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El artículo 227 del Código Penal castiga el incumplimiento de las prestaciones económicas fijadas judicialmente. La falta de recursos del obligado y la prueba de su capacidad de pago son dos de las cuestiones centrales del procedimiento.

El impago de la pensión de alimentos puede dar lugar a una condena penal cuando concurren los requisitos del delito de abandono de familia. El artículo 227 del Código Penal establece una respuesta específica frente a quienes incumplen las obligaciones económicas impuestas judicialmente, con independencia de que la deuda pueda reclamarse también por la vía civil.

Cuándo el impago de la pensión de alimentos constituye delito

El delito de impago de la pensión alimenticia se introdujo en nuestro ordenamiento mediante la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal. Su incorporación respondió a la necesidad de proteger a los miembros económicamente más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales. El legislador quiso ofrecer una protección específica ante una situación que la vía civil no siempre conseguía resolver.

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El Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), en su sentencia número 576/2001, de 3 de abril de 2001, calificó esta figura como una «segregación del tipo general de abandono de familia». Su finalidad es proteger a quienes dependen económicamente de una prestación judicialmente reconocida y evitar que el obligado al pago pueda desentenderse unilateralmente de sus responsabilidades familiares.

El artículo 227 del Código Penal exige que el impago se prolongue durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos. La obligación debe estar establecida en una resolución judicial o en un convenio judicialmente aprobado y la pena prevista es de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

La protección penal no se limita, además, a la pensión de alimentos de los hijos. El precepto comprende cualquier prestación económica a favor del cónyuge o de los hijos y, en su apartado segundo, incluye otras prestaciones económicas establecidas de forma conjunta o única en los mismos supuestos. Por tanto, su aplicación puede alcanzar obligaciones distintas de las mensualidades ordinarias de alimentos.

Para condenar por impago de la pensión no basta con probar que no se ha pagado: hay que ver si el obligado podía hacerlo, y los tribunales discrepan sobre quién debe demostrarlo. Imagen TDL

La carga de probar la capacidad económica divide a los tribunales

La existencia de una resolución judicial y el transcurso de los periodos de impago no bastan, por sí solos, para fundamentar una condena. La conducta debe ser dolosa, lo que exige que el obligado conozca la obligación y decida incumplirla voluntariamente. Por tanto, la imposibilidad objetiva de atender la prestación puede excluir la responsabilidad penal.

La cuestión adquiere especial relevancia cuando el obligado alega que carece de ingresos suficientes para afrontar la pensión. No existe una posición completamente uniforme en las resoluciones de las audiencias provinciales sobre cómo debe acreditarse esa capacidad económica y quién debe soportar las consecuencias de que no quede probada.

La mayoría de los tribunales entienden que esta falta de capacidad corresponde al obligado al pago, por ser el sujeto que alega la imposibilidad sobrevenida del pago quien debe probarlo (Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), número 346/2020, de 25 de junio de 2020). Sin embargo, existe otra postura que mantiene que debe ser la acusación quien debe indiciariamente probar la capacidad económica del obligado (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 7ª, número 68/2023, de 26 de enero de 2023).

En cualquier caso, el procedimiento penal no es la vía para modificar las medidas acordadas. Si la situación económica cambia, el obligado debe solicitar una modificación de medidas por la vía correspondiente, sin que pueda decidir unilateralmente dejar de pagar o reducir la pensión de alimentos. Mientras no se modifique judicialmente, la obligación sigue vigente.

Este criterio no vulnera la presunción de inocencia ni supone una inversión de la carga de la prueba, sino que exige que el obligado que alegue una imposibilidad real de pago acredite el cambio sobrevenido de sus circunstancias personales, laborales o económicas que le impide cumplir con la obligación.

Cómo acreditar el impago y la capacidad económica

La preparación de una denuncia exige acreditar qué cantidades se han dejado de percibir y durante qué periodos. La capacidad económica puede investigarse a través de las declaraciones tributarias, nóminas, vida laboral y titularidad de cuentas bancarias, inmuebles o vehículos.

También pueden solicitarse diligencias de investigación para obtener información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los signos externos de capacidad económica, como determinados gastos o el nivel de vida acreditado, pueden completar la valoración probatoria.

La ejecución civil y la denuncia son vías compatibles

La primera permite reclamar las cantidades pendientes y solicitar el embargo de bienes e ingresos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La segunda persigue la responsabilidad penal derivada del incumplimiento.

En definitiva, la dificultad no reside únicamente en demostrar que no se ha pagado, sino en determinar si quien debía hacerlo podía cumplir y decidió no hacerlo. Esa distinción resulta determinante para diferenciar un incumplimiento civil de una conducta penalmente relevante.

* Gara Pérez Curbelo, abogada de familia y mediadora familiar

Gara Pérez Curbelo
Gara Pérez Curbelohttps://www.abogadaperezcurbelo.com
Gara Pérez Curbelo es abogada en Madrid, especializada en Derecho de Familia e Infancia, Sucesiones y Derecho Penal. Colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y mediadora familiar, cuenta con un Máster Universitario en Derecho de Familia por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
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