El Tribunal Supremo exige una autorización judicial específica para acceder a los correos de un ordenador intervenido. Sin embargo, en dos sentencias sobre el mismo registro admite que esa autorización llegue meses después de la copia.
Clonar los correos de un ordenador durante un registro, sin dejar constancia de qué se copia, ya no pone en riesgo esa prueba si un juez autoriza el acceso meses después. Así lo entiende la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) 604/2026, de 9 de octubre, que sigue el criterio de la STS 413/2026, de 18 de junio.
Intervenir un ordenador no autoriza a acceder a su contenido
El 25 de junio de 2013, una comisión judicial, acompañada de policías y funcionarios de la Agencia Tributaria, entra en un despacho de Madrid. El auto que la ampara permite «la ocupación» de documentos y dispositivos, es decir, llevárselos, pero nada dice sobre examinar su contenido. Aun así, un funcionario empieza a copiar archivos de forma selectiva en un pendrive. La copia queda a medias y los equipos se precintan.
En el plano teórico, el Supremo da la razón a la defensa. Acceder al contenido de un ordenador afecta a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos. Por eso exige una autorización judicial específica, distinta de la que permite incautarlo. La STS 604/2026 precisa que esa autorización es necesaria tanto si los correos ya se habían abierto como si seguían sin leer.
La teoría, sin embargo, no se traduce en ninguna nulidad. La STS 604/2026 confirma la condena de un asesor como cooperador necesario, es decir, alguien sin cuya ayuda el delito no se habría cometido, en cuatro delitos fiscales de un cliente. La STS 413/2026 confirma la de un contribuyente por su propio IRPF.
En ambas, la Sala admite que el auto inicial quizá no bastaba, pero considera que dos autos posteriores dieron cobertura al acceso. El de 24 de julio de 2013 autorizó a desprecintar los equipos para analizarlos. El de 5 de noviembre de 2013 autorizó expresamente a acceder a todos sus archivos, incluidas las cuentas de correo electrónico.
Una autorización posterior ampara lo que viene, no lo que ya se hizo
La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, incorporó esta exigencia a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Incautar un dispositivo no legitima el acceso a su contenido, aunque el juez puede autorizarlo más adelante (art. 588 sexies a LECrim). Autorizar un acceso futuro, sin embargo, no equivale a convalidar, es decir, a dar validez retroactiva a uno que ya se produjo sin permiso.
Actualmente la ley sí contempla que una actuación sin autorización se valide después, pero solo en casos de urgencia y con condiciones estrictas. La policía debe comunicarlo al juez en un plazo máximo de 24 horas, por escrito y detallando qué hizo, cómo y con qué resultado (art. 588 sexies c LECrim). El juez dispone de 72 horas para confirmarla o revocarla. La convalidación existe, pero exige rapidez y un relato completo de lo actuado.
El Supremo responde que los hechos son de 2013, anteriores a la reforma, y que no cabe juzgarlos con las reglas ahora vigentes. El argumento es razonable para evitar nulidades automáticas. Pero ya entonces se exigía control judicial, y un auto dictado meses después solo puede validar lo que se le describe. Si nadie documentó qué se clonó, el juez no tiene nada que examinar, o validar.
Sin acta de la copia, la defensa carga con una prueba imposible
Los propios funcionarios lo admitieron en el juicio. Según recoge la STS 413/2026, uno de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude declaró que «no documentaron lo que iban haciendo porque no terminaron ese día». Otro lo justificó porque el acta correspondía al letrado de la Administración de Justicia. El perito de la Agencia Tributaria reconoció, además, que en una de las copias se grabaron por error archivos en el disco del propio ordenador intervenido.
Esa falta de constancia perjudica a la defensa por partida doble. La STS 604/2026 concluye que no consta que la Agencia Tributaria accediera a los correos el día de la entrada y registro, sin autorización, en lugar de hacerlo después, al amparo del auto que lo permitía. Pero esa duda existe precisamente porque el acta del registro no recoge a qué información se accedió ni qué se copió.
El segundo perjuicio llega con la STS 413/2026, que reprocha al condenado no haber identificado qué pruebas proceden de aquella copia. Se le exige demostrar algo que solo podría saberse si alguien lo hubiera documentado. La falta de acta, que es un defecto de la investigación, acaba volviéndose contra quien la sufre.
El argumento de que los correos se habrían obtenido igualmente no sirve aquí
La objeción más seria es la de la fuente independiente, es decir, que esos correos se habrían obtenido de todos modos con el volcado autorizado después. La STS 413/2026 recurre a ella. Sostiene que la Agencia Tributaria ya disponía de información antes del registro, además de abundante documentación en papel, y que la condena no descansaba en el contenido de los ordenadores.
En la STS 604/2026 el escenario es otro. Cuatro correos de junio de 2008 son, en palabras de la propia sentencia, una «pieza central» del material probatorio, y la Sala no invoca ninguna fuente independiente. Para hacerlo tendría que poder acreditarse de qué copia procede cada correo, y eso es precisamente lo que nadie documentó. Todo el peso recae sobre la autorización tardía.
Toda copia en un registro debería documentarse en el momento
No hace falta una nueva reforma. Bastaría con extender a cualquier copia realizada durante un registro la lógica que la ley ya impone en los casos de urgencia. Si se accede al contenido antes de obtener autorización, debe documentarse en ese momento qué se copia, con qué herramienta y con su huella digital (hash), un código que permite comprobar que el archivo no se ha alterado después. Y debe comunicarse al juez en 24 horas.
Queda un detalle que ninguna de las dos sentencias resuelve. La STS 604/2026 presenta la copia selectiva como una forma de reducir la injerencia en la intimidad. Pero decidir qué archivos interesan difícilmente se hace sin examinar el contenido del equipo. El acceso que se quería evitar es justo el que hace posible la selección, y ningún auto posterior puede decir qué se vio aquel día.
Bárbara Antich, abogada penalista y directora de Antich Penal
