El Supremo decidirá desde cuándo prescribe una infracción de derechos de autor que se prolonga

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El Supremo admite un recurso sobre un mural que nunca se colgó donde se pactó y decidirá si el daño al derecho moral del autor es permanente o continuado.

Nuestro Alto Tribunal deberá determinar cuándo comienza el plazo de prescripción de cinco años contenido en el artículo 140.3 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

El Tribunal Supremo, por medio de auto de fecha 21 de octubre de 2026, ha admitido un recurso de casación sobre la prescripción vinculada a la posible infracción del derecho moral de un autor respecto a su obra pictórica. El litigio plantea la distinción fundamental entre daños permanentes y continuados.

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El conflicto por el lugar de exhibición de una obra pictórica

El litigio que ha dado lugar al recurso de casación tiene su origen en el encargo realizado por una institución pública a un artista para la elaboración de un mural destinado a un espacio concreto de sus instalaciones.

Una vez cumplido y entregado el encargo, la obra que debía ubicarse en un espacio contractualmente pactado nunca llegó a situarse allí, entendiendo el autor que esta falta de colocación en el lugar acordado puede vulnerar sus derechos como autor de la obra.

Es importante contextualizar que el artículo 14.1 de la LPI incluye, como derecho moral del autor, decidir de qué forma debe divulgarse su obra. Esto determina que, si se acoge la tesis del artista, no solo habría un incumplimiento contractual, sino una infracción de derechos de propiedad intelectual.

Cinco años para reclamar, pero ¿desde cuándo?

Para contestar a la pregunta es fundamental poder identificar qué día inicia el cómputo de los cinco años que recoge el artículo 140.3 de la LPI. Para ello, tal como explica el Pleno del Tribunal Supremo en su sentencia n.º 544/2015, de 20 de octubre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4149), es necesario determinar con claridad cuándo la parte perjudicada dispone de todos los elementos fácticos y jurídicos para ejercitar la acción.

Si bien, en el caso que nos ocupa, la dificultad para fijar el día en el que inicia el cómputo radica en el tipo de daño que se produce. En este sentido, el Tribunal Supremo, en la sentencia anteriormente citada, y en otras muchas, ha distinguido entre daños permanentes y daños continuados, y en cómo la calificación del daño afecta al plazo de prescripción.

La ley reconoce al autor el derecho a decidir cómo se divulga su obra, y el Supremo dirá cuándo prescribe la acción si ese derecho se vulnera de forma prolongada. Imagen TDL

A grandes rasgos, un daño permanente es aquel que se produce en un momento determinado y persiste en el tiempo, es decir, un acto puntual cuyas consecuencias dañosas se mantienen en el tiempo, con posibilidad, incluso, de agravarse por factores o hechos ajenos a la acción que desencadenó inicialmente el daño. En estos casos, por regla general, el plazo de prescripción comenzará desde que se pueda ejercitar la acción, habiendo tenido el perjudicado conocimiento del hecho dañoso.

En cuanto a daños continuados, serían aquellos cuya causa generadora sigue actuando y su plazo de prescripción no empezaría a computarse hasta la producción definitiva del resultado, salvo que el daño se pueda fraccionar, en cuyo caso habría que acudir a cada fracción del daño para determinar el plazo de prescripción.

En este sentido, es importante no confundir el agravamiento de un daño permanente por causas ajenas al hecho que lo originó con el de un daño continuado, que sigue agravándose porque su causa productora no cesa.

Esta distinción entre daños se explica de forma muy clara en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, n.º 625/2026, de fecha 21 de abril de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:1849).

El reto al que se enfrenta el Tribunal Supremo en la casación admitida

Aunque existe una jurisprudencia consolidada sobre la distinción entre daños permanentes y continuados y su incidencia en la prescripción, actualmente no existe un posicionamiento unificado sobre cómo trasladar esta doctrina a los daños en propiedad intelectual.

El Tribunal Supremo sí se ha pronunciado sobre esta cuestión en otras materias. Así, en su sentencia, de la Sala Primera, n.º 454/2016, de 4 de julio (ECLI:ES:TS:2016:3116), consideró continuados los daños ocasionados en un inmueble por las obras de un edificio colindante, al quedar acreditado que siguieron produciéndose nuevos perjuicios mientras continuaban las obras en dicho edificio colindante. Razonamiento similar al mantenido en su sentencia, de la Sala Primera, n.º 114/2019, de 20 de febrero (ECLI:ES:TS:2019:511), respecto a unos daños ocasionados por filtraciones de agua.

Por el contrario, en la citada sentencia n.º 544/2015, consideró permanentes los daños derivados de las malformaciones congénitas provocadas por la talidomida, al entender que las lesiones eran identificables desde el nacimiento, aunque sus consecuencias perdurasen toda la vida.

Así las cosas, el Tribunal Supremo tiene ahora ante sí el reto de enfrentarse a la dificultad en materia de propiedad intelectual que radica en determinar si la persistencia de una situación contraria a los derechos de autor supone la producción continuada de un daño o, por el contrario, la permanencia de los efectos de la infracción.

Alberto Ruiz, abogado especializado en litigación y propiedad intelectual

Alberto Ruiz
Alberto Ruizhttps://www.linkedin.com/in/alberto-ruiz-gasent-67822b81/
Alberto Ruiz es abogado especializado en litigación, propiedad intelectual, contratación civil y mercantil, derecho de los consumidores y derecho de las nuevas tecnologías. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, cuenta con un Máster en Asesoría de Empresas, especializado en Derecho Mercantil, por la misma universidad, y un Máster en Propiedad Intelectual por OBS Business School. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en despachos de abogados de primer nivel. Su actividad abarca el asesoramiento jurídico a empresas en materia contractual y tecnológica, así como la resolución de controversias, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.
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