El telegrama salió del juzgado el 2 de febrero de 2007 y llegó a su destino. Iba dirigido a «los herederos» de un hombre de 47 años que había muerto tres días antes en un hospital de Valencia, por las heridas sufridas en un robo violento. Lo recibió su madre. Su hijo vivía en Barcelona y tardó doce años en enterarse.
El juzgado sabía que ese hijo existía. El 31 de enero, la hermana del fallecido había comparecido para contar que su hermano era viudo y tenía un hijo de 26 años, dio su nombre y dijo que vivía en Barcelona. Nadie lo buscó. La abuela se personó como acusación particular sin mencionar al nieto, y la Audiencia de Valencia escribió en su sentencia que la víctima no tenía «esposa ni hijos».
Con esa premisa razonó la indemnización. La Audiencia condenó al autor a pagar 60.000 euros a los padres por la muerte de un hijo «de 47 años y sin hijos», una cantidad de la que no consta que se cobrara nada, porque el condenado fue declarado insolvente. El hijo que no existía se enteró en febrero de 2019, cuando una tía lo llamó para repartir la herencia de la abuela.
El resto de la historia es lo que ha acabado poniendo precio al caso. Sus padres se separaron cuando tenía cinco años, a los nueve lo abandonó la madre y pasó a vivir con un padre con el que, según su demanda, la convivencia era imposible. A los quince se marchó a Barcelona y cortó con la familia paterna. Solo mantuvo trato con la abuela, la misma que recibió el telegrama y que, como él reconoce, se lo ocultó siempre.
En 2020 reclamó al Estado y el Ministerio de Justicia lo rechazó con el respaldo del Consejo de Estado, que dio por acreditado que el juzgado le había comunicado formalmente la muerte de su padre. Lo que envió fue un telegrama a los herederos, a la dirección que dio la tía, y quien acudió fue la abuela. La Audiencia Nacional también lo rechazó, con costas, y vio en el juzgado unos «estándares de normalidad en lo que era la anormalidad de las relaciones familiares».
Ahora el Supremo le ha dado la razón en lo esencial. En una sentencia conocida la semana pasada, admite que la ley no obliga al juzgado a buscar exhaustivamente a todos los herederos de una víctima, pero sostiene que, cuando alguien se presenta y da el nombre, la edad y la ciudad de un hijo, hay que localizarlo. No hacerlo es funcionamiento anormal de la Justicia, y el desapego familiar no rompe el nexo causal entre ese error y el daño.
La doctrina que fija es la correcta. La responsabilidad del Estado nace por omitir el ofrecimiento de acciones «independientemente de las relaciones subjetivas entre el perjudicado y la víctima». Hasta ahí, un tribunal que trata ese ofrecimiento como lo que es, un deber del juzgado. Después llega la coletilla, porque esas relaciones podrán valorarse al cuantificar la indemnización. Y la cuantificación son mil euros.
El hijo pedía 51.751 euros, la cantidad que, con el baremo de tráfico como guía, podría haber reclamado en el juicio penal. El Supremo despeja antes tres objeciones razonables. El baremo es solo orientativo, la Justicia no garantiza el resultado de un pleito y la insolvencia del condenado no cuenta. Ninguna de las tres explica una rebaja de más del 98 %. La explica el afecto.
Para fijar la cifra, el tribunal acude a la doctrina penal sobre el daño moral, ese «precio del dolor» que no necesita prueba cuando se desprende de los propios hechos. Aquí, razona, ese dolor no fluye de forma natural, porque hubo un distanciamiento mantenido durante años, antes y después de la muerte. Mil euros, fijados prudencialmente, más intereses.
Lo llamativo es el cambio de vara de medir. En la vía administrativa el hijo reclamó 239.000 euros por daño moral. Ante los tribunales redujo su petición a lo que podría haber pedido en el juicio penal si alguien le hubiera avisado, y el propio Supremo concreta la lesión en la pérdida de la oportunidad de reclamar. Reconoce una oportunidad procesal perdida y la mide con un termómetro de afectos.
Las oportunidades procesales no se reparten según el cariño. El artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no pregunta al perjudicado si visitaba a su padre. Le instruye de su derecho a personarse y a pedir la reparación del daño. El hijo distante y el hijo devoto tenían exactamente el mismo derecho a que el juzgado los buscara, y el juzgado falló con el único del que tenía noticia.
Se dirá que un tribunal penal también habría valorado ese distanciamiento, y es probable que le hubiera reconocido menos que a un hijo que vivía con su padre. Pero lo habría decidido un juez con el hijo personado, alegando y probando, y no un tribunal contencioso diecinueve años después, con lo que el propio hijo contó de su infancia para explicar por qué no sabía nada.
La simetría es difícil de pasar por alto. La abuela que recibió el telegrama y calló hasta su muerte obtuvo una sentencia que reconocía 60.000 euros a los padres de la víctima. El nieto al que nadie buscó recibe mil, y se los paga el Estado, que es quien se equivocó. El error fue de una oficina judicial. La rebaja se la aplican a él.
Hace apenas una semana defendíamos aquí que frente al fiscal que yerra la garantía es el juez. En este caso quien yerra es el juzgado, y la garantía ha consistido en reconocerlo por escrito y tasarlo a la baja. El mismo Supremo negó hace unos días 17 millones a una financiera aunque Luxemburgo había corregido a España, y el Constitucional amparó a una madre monoparental para dejarla en diez semanas donde el juzgado le había dado dieciséis.
O el ofrecimiento de acciones es un deber del juzgado, y su incumplimiento se paga por lo que valía la oportunidad perdida, o es un premio para las familias que se quieren. El Supremo ha escrito lo primero en la doctrina y ha pagado lo segundo en el fallo. El juzgado no buscó al hijo en 2007. El Supremo lo ha encontrado diecinueve años después, y ha sido para medirle el cariño.
