El banco cobra antes que Hacienda con el fondo que la empresa le había pignorado

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La Audiencia Nacional da la razón a CaixaBank frente a la Agencia Tributaria. La prenda que la empresa firmó en 2009 para respaldar un aval ante Hacienda pasa por delante del embargo de 2025.

CaixaBank tiene preferencia sobre la Agencia Tributaria para cobrarse con un fondo de inversión de unos 95.500 euros, en el que acabó el depósito que una empresa le pignoró en 2009 para respaldar un aval ante Hacienda. Lo ha decidido la Audiencia Nacional, que corrige a un juez que veía en la reclamación del banco un fraude de ley.

Las fechas lo explican casi todo. El 7 de octubre de 2009, CaixaBank avaló ante la Agencia Tributaria a una empresa por las deudas que pudiera generar con el movimiento de alcoholes, hasta 85.122,54 euros. Ese mismo día, la empresa firmó con el banco una contragarantía y le pignoró un depósito por el mismo importe. Dieciséis años después, el 13 de octubre de 2025, Hacienda embargó el fondo en el que había acabado ese dinero, valorado en 95.535,54 euros.

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El embargo no perseguía una deuda tributaria ordinaria. La Agencia Tributaria actuaba por delegación del juzgado para cobrar la responsabilidad civil de una condena por delito fiscal de 2022, en la que la empresa figuraba como responsable civil subsidiaria, es decir, obligada a pagar lo que no abonara el condenado. Por eso el pleito no se ha resuelto en un juzgado civil, sino en la jurisdicción penal, y ha terminado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El banco reclamó por la vía de la tercería de mejor derecho, el procedimiento que permite a un acreedor pedir que, con lo que se obtenga de un bien embargado, se le pague a él antes que a quien lo embargó. En la instancia perdió, y con costas. El juez vio dos avales distintos, el del banco ante Hacienda y el de la empresa ante el banco, y concluyó que compensar uno con otro para no responder como fiador era un fraude de ley.

La Audiencia Nacional revoca ese fallo por completo en una sentencia del 3 de noviembre que el Poder Judicial ha difundido este lunes. La prenda se constituyó en 2009 y el embargo llegó en 2025, y eso basta. Los artículos 1922 y 1926 del Código Civil dan al acreedor con prenda preferencia para cobrarse con el bien pignorado, por delante de los demás y hasta donde alcance su valor, desde el día en que se constituye la garantía.

El tribunal lo resume en una frase: la prelación de Hacienda para cobrar sus deudas «cede cuando el bien embargado ha sido pignorado en beneficio de un tercero». Si la preferencia no se contara desde la constitución de la prenda, añade, la garantía quedaría privada de efecto. La Audiencia no se detiene en la tesis del fraude de ley, porque le basta la cronología, y carga a la Agencia Tributaria con las costas de la instancia.

Una doctrina del Supremo que llega a la ejecución de un delito fiscal

El razonamiento no es nuevo. La Audiencia lo toma de la doctrina que fijó el Pleno de la Sala de lo Civil del Supremo en septiembre de 2019, en pleitos que enfrentaban precisamente a CaixaBank con la Agencia Tributaria por depósitos pignorados en contragarantía de avales. Eran cantidades de unos pocos miles de euros, pero el criterio que salió de ellos es de alcance general y ha ordenado desde entonces este tipo de conflictos.

El Supremo sostuvo dos cosas. La primera, que la preferencia de la prenda depende de la fecha en que se constituye y no de cuándo el crédito garantizado se vuelve líquido y exigible. La segunda, más relevante en este caso, que una prenda que garantiza obligaciones futuras es oponible a quien embargue después, aunque esas obligaciones, como las que nacerían si el banco tuviera que pagar el aval, todavía no existan.

La lógica es práctica. Una prenda sobre un depósito no figura en ningún registro, de modo que quien embarga no ve la carga. Si el banco no pudiera hacer valer su preferencia a tiempo, el dinero se ejecutaría y la garantía quedaría vacía. Según el Supremo, mientras el crédito del banco no sea exigible, lo obtenido queda retenido para pagarle hasta el límite de la garantía, y solo el sobrante puede ir a quien embargó.

Lo que cambia ahora es el escenario. Aquellas sentencias resolvían embargos en procedimientos de apremio por deudas tributarias o con la Seguridad Social, y en este caso la Agencia Tributaria ejecutaba una condena penal. La Audiencia Nacional aplica el mismo criterio aunque el embargo persiga la responsabilidad civil de un delito fiscal, y donde el juez vio una maniobra para eludir la fianza, ella ve una garantía constituida antes del embargo.

El depósito que se convirtió en un fondo

Pero la sentencia deja sin respuesta expresa una cuestión. Lo que la empresa pignoró en 2009 fue un depósito, y ese depósito se canceló el 7 de julio de 2010. Al día siguiente, el mismo importe se invirtió en un fondo de inversión. Lo que Hacienda embargó en 2025 fueron participaciones de ese fondo, no el depósito original sobre el que se firmó la prenda.

En derecho, que la garantía pase del bien original al que lo sustituye se llama subrogación real. CaixaBank lo planteó en su recurso y llegó a pedir, de forma subsidiaria, que se anulara la sentencia de instancia por no haberse pronunciado sobre ello. La Audiencia estima el recurso y reconoce la preferencia sobre el fondo, pero no explica por qué la prenda firmada sobre el depósito alcanza a esas participaciones.

Es el flanco más evidente para la Abogacía del Estado, porque la sentencia admite recurso de casación si el asunto presenta interés casacional. Y queda otra cuenta pendiente. El fondo vale 10.413 euros más que la garantía, y la sentencia no precisa qué ocurre con esa diferencia, que conforme a la doctrina del Supremo podría destinarse a pagar a Hacienda.

Qué debe revisar la empresa que avala ante Hacienda

Para las empresas que necesitan un aval bancario ante la Agencia Tributaria, como el que exigía a esta su actividad con alcoholes, la sentencia confirma algo que conviene tener presente al firmar. El dinero pignorado como contragarantía queda reservado al banco frente a los embargos posteriores, también los de Hacienda, y lo sigue estando mientras la garantía esté viva.

Eso tiene dos caras. Ese saldo no sirve de colchón para otras deudas, ni siquiera para las que reclame la propia Administración, que deberá buscar otros bienes. Y si la empresa mueve después el dinero a otro producto, como ocurrió aquí, la cobertura del banco puede acompañarlo, aunque la razón jurídica de ese traslado sigue sin una explicación de los tribunales.

Conviene, por tanto, repasar qué avales siguen vigentes años después de la operación que los justificó, qué saldos permanecen pignorados y qué dice la póliza de contragarantía sobre el vencimiento o la reinversión del depósito. Las garantías ante la Administración pesan más de lo que parece, como recuerda la penalización del 3 % que el Supremo exige también al segundo licitador que no aporta la documentación en plazo.

No todas las empresas que litigan por dinero con el Estado salen tan bien paradas. A BFF, el Supremo le negó 17,27 millones pese a que Luxemburgo corrigió a España en la directiva de morosidad. Y cuando las deudas ya no pueden pagarse, quien pide la segunda oportunidad tiene que explicar de dónde vienen. Aquí, un aval firmado en 2009 seguía decidiendo quién cobraba dieciséis años después.

Isabel Martín
Isabel Martín
Isabel Martín es editora de la sección Empresa & Talento de The Digital Law. Periodista especializada en el sector legal, cuenta con experiencia escribiendo y colaborando con medios nacionales e internacionales. Su trabajo se centra en lo que ocurre dentro de las empresas y los despachos, desde el mercado de talento jurídico y la gestión de personas hasta los cambios normativos que transforman la manera de trabajar. Sigue con especial atención la regulación y el cumplimiento normativo (compliance), y cómo las nuevas obligaciones afectan a directivos, equipos de recursos humanos y asesores.
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