El Supremo confirma la penalización a un astillero gallego que no entregó la documentación cuando le tocó adjudicarse el contrato tras caer el primero, y fija cuándo se exige.
Un astillero que quedó segundo en un concurso de embarcaciones pagará el 3 % del presupuesto de licitación por no aportar la documentación cuando la Administración se la pidió. El Tribunal Supremo fija que la penalización alcanza a cualquier licitador con oferta aceptada que incumpla por completo y por su culpa.
La Xunta de Galicia impuso en febrero de 2023 una penalización de 63.300 euros a Rodman Polyships, el astillero de Moaña (Pontevedra), por una oferta que había quedado en segundo lugar. El concurso era para construir dos patrulleras del Servicio de Guardacostas de Galicia, con un presupuesto de 2.553.100 euros, y el contrato nunca llegó a firmarse. La primera clasificada no consiguió el aval a tiempo. La segunda, cuando le llegó el turno, no presentó nada.
El Tribunal Supremo ha confirmado ahora esa penalización en una sentencia de principios de noviembre, publicada el pasado jueves, y deja una regla que alcanza a cualquier empresa que se presenta a concursos públicos sin aspirar de verdad a ganarlos. El 3 % no está reservado a quien queda primero. Se exige a cualquier licitador cuya oferta haya aceptado el órgano de contratación y que, una vez requerido, no aporte la documentación en plazo.
El mecanismo está en el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Cuando la mesa clasifica las ofertas, la Administración pide a la mejor que acredite en diez días hábiles su capacidad, su solvencia, los medios que se comprometió a adscribir al contrato y la constitución de la garantía definitiva. Si no lo hace, la ley entiende que ha retirado su oferta, le exige el 3 % del presupuesto base sin IVA, que se cobra primero contra la garantía provisional, y pasa al siguiente de la lista.
Rodman se agarró a la letra de ese precepto. El párrafo que regula el salto al siguiente clasificado solo dice que se le recabará «la misma documentación», sin mencionar la penalidad, y de ahí dedujo el astillero que el castigo era cosa del primero. Pidió, en subsidio, que se moderara, porque a su juicio la Administración ya se resarce con lo que cobra al primer clasificado. Y alegó un agravio: a la primera, Astilleros Polináutica, nadie la penalizó.

La Xunta defendió lo contrario ante el Supremo. Si la penalidad castiga desatender un requerimiento, sostuvo su letrada, debe aplicarse a la empresa requerida, «sea la primera, la segunda o la tercera licitadora». El pliego del concurso lo preveía así: tras regular el requerimiento al primer clasificado y, en su defecto, al segundo, fijaba la penalidad del 3 % como consecuencia común a ambos.
Pero el Supremo no responde a la pregunta tal como se la plantearon. Para decidir si el segundo debe pagar cuando el primero ha desatendido el requerimiento, hacía falta que el primero lo hubiera desatendido, y eso no ocurrió. Según los hechos probados, Polináutica entregó toda la documentación salvo el aval bancario, pidió más plazo para conseguirlo y quedó fuera de forma involuntaria. Por eso no se le impuso nada, y por eso el tribunal no entra a valorar si cobrar a los dos supondría un enriquecimiento injusto.
Rodman, en cambio, ni presentó papeles ni contestó. Su silencio tenía historia. Antes de ofertar había recurrido el plazo de doce meses del pliego ante el tribunal gallego de recursos contractuales, con el argumento de que los propulsores de chorro de agua exigidos solo los fabrica una empresa de Nueva Zelanda y tardan más que eso en llegar. Perdió, llevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desistió y presentó su oferta igualmente. El Supremo ve en esa secuencia una contradicción entre concurrir para ganar el contrato y desentenderse de él al ser elegido.
Tampoco prospera el agravio comparativo. El tribunal recuerda la doctrina del Constitucional según la cual no existe un derecho a la igualdad en la ilegalidad: aunque la primera hubiera merecido la misma penalidad, que no se le impusiera no exime a la segunda. Rodman carga además con las costas de la instancia, hasta 1.500 euros, y con las suyas en casación.
La sentencia también marca el límite. La penalidad se interpreta de forma restrictiva y solo procede ante un incumplimiento total del requerimiento por causa imputable al propio licitador. El Supremo la trata como una cláusula penal contractual y no como una sanción, la misma figura del Código Civil que aplicó hace unas semanas a una constructora penalizada con 400.000 euros por retrasar una obra. Por eso tampoco caben aquí las rebajas por pronto pago o por reconocimiento que sí tienen las multas administrativas.
Un cumplimiento defectuoso, en cambio, no equivale a retirar la oferta. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ya lo había fijado en su informe 6/2021: cuando la omisión es formal, el órgano de contratación debe abrir un trámite de subsanación; cuando el licitador no hace el menor esfuerzo o no reúne el requisito, la penalidad es automática. Se puede subsanar cómo se acredita un requisito, pero no que el requisito exista.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales aplicó ese criterio el año pasado a una organizadora de eventos que había ganado un concurso del Ministerio de Educación y descubrió, al reunir la documentación, que debía contratar los traslados con una empresa designada por la organización del certamen. No aportó nada y le impusieron 7.081,15 euros. Su duda sobre el pliego, le recordó el tribunal, debió plantearla mientras se presentaban las ofertas.
Qué debe revisar una empresa antes de licitar
Quedar segundo no es un refugio. Quien se presenta a un concurso sin aspirar de verdad a ganarlo tiene que contar con que el primero puede caer y con que, en ese caso, tendrá diez días hábiles para acreditar todo lo que prometió. La documentación de solvencia, los medios adscritos y la garantía definitiva deben estar preparados aunque la oferta no encabece la clasificación. El aval, que fue lo que dejó fuera a Polináutica, conviene tenerlo negociado con el banco antes de ofertar.
Los pliegos se discuten antes. Presentar una oferta supone aceptar sin reservas todas sus cláusulas, así que una exigencia que se considera imposible o desproporcionada se recurre en plazo y el recurso se mantiene, como ocurrió con la condición de ser partner «Diamante» de Google que el tribunal andaluz consideró solvencia encubierta. El tribunal gallego añadió que Rodman pudo retirar su oferta antes de ser seleccionada y requerida, y la Xunta apuntó otra salida: pedir a la Administración que desistiera del procedimiento.
Y si llega el requerimiento y la empresa no puede cumplir, el silencio es la peor respuesta. Polináutica contestó, entregó lo que tenía y pidió tiempo, y se libró. Rodman calló y pagará. Discutir después la penalidad sirve de poco si el incumplimiento fue total, y recurrir sin fundamento también tiene precio. Queda pendiente el caso que el Supremo no ha podido resolver esta vez: el de dos licitadores que fallan por su culpa en el mismo concurso y una Administración que quiera cobrar a ambos.


