Hacienda tendrá que buscar otra vía para cobrar Patrimonio a las holdings familiares

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El Tribunal Económico-Administrativo Central sostiene que la cláusula antiabuso de las reorganizaciones solo corrige ventajas en los impuestos que regula la directiva europea. Para el ahorro en Patrimonio, Hacienda tendrá que acudir a la Ley General Tributaria.

Un empresario del calzado pasó de pagar 8.702 euros de Impuesto sobre el Patrimonio en 2014 a 466 en 2015, el año en que aportó su participación en la empresa familiar a una holding. El Tribunal Económico-Administrativo Central, la última instancia de revisión dentro de Hacienda, dice ahora que la Agencia Tributaria no puede corregir ese ahorro con la cláusula antiabuso que usó la Inspección.

Hay instituciones que se reconocen por la contundencia de sus armas y otras, más escasas, por la disciplina con que aceptan sus límites. El Tribunal Económico-Administrativo Central ha dado una muestra de lo segundo en una resolución del 27 de octubre que enmienda a su propia Inspección.

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La cláusula antiabuso de las reorganizaciones empresariales no sirve para recuperar lo que el socio de una holding familiar ahorró en el Impuesto sobre el Patrimonio. Ese ahorro puede ser censurable, pero se persigue con otro instrumento, y la elección del instrumento marca la frontera que separa la potestad tributaria de la arbitrariedad.

El caso tiene la sencillez de las historias de empresa familiar. Dos hermanos eran dueños, a partes iguales, de una fábrica de calzado fundada en 1987. El 10 de diciembre de 2015 cada uno aportó casi toda su participación a una sociedad holding de nueva creación y acogió la operación al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, el llamado régimen FEAC, que permite diferir la tributación de la plusvalía.

Lo que vino después explica el interés de la Inspección. La empresa, que nunca había repartido dividendos pese a ganar dinero año tras año, llevó a reservas en junio de 2015 el beneficio del ejercicio anterior, 473.926,73 euros, y en enero de 2016, ya con la holding como socia, repartió exactamente esa cifra. Entre 2016 y 2020, la holding del empresario cobró 3.245.788,15 euros en dividendos, exentos en su totalidad por la regla que evita la doble imposición entre sociedades.

Había una segunda ventaja, más discreta. La cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del empresario pasó de 8.702,15 euros en 2014 a 466,28 euros en 2015, porque sus participaciones en la holding cumplían los requisitos de la exención de la empresa familiar y, según la Inspección, las que tenía directamente en las sociedades aportadas no los cumplían. El contribuyente alegó que ya estaban exentas antes de la operación, una discusión que el tribunal no ha necesitado zanjar.

La Inspección sumó ambas ventajas, concluyó que la operación tenía como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal y retiró en bloque el régimen especial. El resultado fue una liquidación del IRPF de 2015 con una cuota de 534.287,26 euros, la que habría correspondido a toda la plusvalía de la aportación si nunca se hubiera diferido. El tribunal económico-administrativo regional de la Comunidad Valenciana la confirmó en 2023.

El Central ha desmontado una de las dos patas de ese razonamiento. La cláusula del artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades transpone el artículo 15 de la directiva europea de fusiones de 2009 y debe leerse, por tanto, como la lee el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el asunto Modehuis, resuelto en mayo de 2010, el tribunal de Luxemburgo estableció que solo los impuestos expresamente contemplados en la directiva pueden acogerse a sus ventajas y, en consecuencia, a su excepción antiabuso.

El Impuesto sobre el Patrimonio no figura entre ellos. De ahí la conclusión, fijada como doctrina, de que el ahorro localizado en ese tributo no es el «fraude o evasión fiscal» al que se refiere la ley y no puede justificar que se niegue, total ni parcialmente, el régimen FEAC. El tribunal añade la salvedad que da sentido a la resolución. Si la Administración aprecia elusión en Patrimonio, o en cualquier otro impuesto, conserva las cláusulas antiabuso de la Ley General Tributaria.

La tesis no es improvisada. La Dirección General de Tributos había llegado a la misma conclusión en 2018, en una consulta sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones planteada por quien aporta inmuebles a una sociedad para transmitir después las participaciones a sus herederos. Y el Central la reiteró ese mismo 27 de octubre en el recurso de la hermana, cuya holding había seguido un camino idéntico.

La paradoja merece detenerse. El Supremo recordó en julio, en su sentencia sobre estas mismas operaciones, que la cláusula del régimen FEAC opera como una ley especial derivada directamente del Derecho de la Unión, y el Central lee en ello que desplaza las figuras generales de la Ley General Tributaria. Pero la especialidad tiene dos filos. El viejo aforismo según el cual la ley especial prevalece sobre la general tiene un corolario menos citado, y es que la especial nada manda sobre lo que no regula.

Tampoco le faltaban valedores fuera de la Administración. Álvaro Merino García y Violeta Pina Montaner, abogados del área fiscal de Uría Menéndez, advirtieron en diciembre de 2025, en un análisis publicado por su despacho, que Modehuis había aportado un elemento que «sigue sin haber sido tratado por la doctrina administrativa española».

Sostenían que corregir con el artículo 89.2 ahorros en Sucesiones o en Patrimonio, sin pasar por la cláusula general, plantearía serias dudas de compatibilidad con el Derecho europeo. Diez meses después, el Central les da la razón en este punto, aunque no en el resto de sus objeciones.

Sería un error leer la resolución como una victoria del contribuyente. El Central confirma que la operación tuvo como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal, ahora sostenido solo sobre los dividendos, y estima el recurso únicamente en parte. Anula la liquidación de 2015 porque en ese año el abuso estaba preparado pero no consumado, y deja abierta la regularización de los ejercicios de 2016 a 2020, en los que los dividendos llegaron a la holding.

Aplica para ello la doctrina que ha ido construyendo desde 2024 y que fija en otro criterio de la misma resolución. La cláusula solo puede eliminar los efectos propios del régimen especial, el diferimiento de la plusvalía y la subrogación en créditos fiscales, y no la exención de los dividendos, que pertenece a otro precepto.

La sociedad operativa acumulaba antes de la aportación unos tres millones de euros de beneficios repartibles, y esa cifra, en la parte que corresponde al empresario, marca el techo de lo que Hacienda podrá corregir. Si la Inspección regulariza esos ejercicios, tendrá que descontar lo que la holding reinvirtió en 2019 en una nueva fábrica de calzado o repartió al socio con tributación en su IRPF.

Todo ello ocurre en plena pugna con el Supremo, que este otoño revisa más de una exigencia de la Agencia Tributaria. La sentencia de julio exige a Hacienda una motivación reforzada para eliminar el diferimiento, y el Central ha respondido que la solución de aquel caso no le resulta trasladable, porque el alto tribunal no pudo examinar, por razones procesales, si la exención de los dividendos constituía en sí misma una ventaja abusiva. Esa discusión enmarca la resolución de octubre, pero no la explica.

Queda abierta la vía que el propio tribunal señala, y no es llana. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria exige actos notoriamente artificiosos, sin efectos relevantes distintos del ahorro fiscal, y un informe previo favorable de la comisión consultiva que prevé la ley. Difícilmente es artificioso acogerse a una exención que el legislador concibió para proteger el patrimonio empresarial familiar, si sus requisitos se cumplen de verdad.

A ello se suma un reparto de competencias que complica el cobro. El Impuesto sobre el Patrimonio, que convive desde 2022 con el estatal de grandes fortunas, está cedido a las comunidades autónomas, que lo aplican y revisan por delegación del Estado. La Inspección estatal puede levantar actas por Patrimonio cuando revisa el IRPF, pero instruirlas y resolverlas corresponde a la comunidad. Cualquier corrección de este ahorro pasaría por la Administración autonómica.

Lo que la resolución exige a Hacienda es, en el fondo, la misma exactitud que Hacienda exige a los contribuyentes cuando eligen sus estructuras, y el mismo sentido de la proporción que los tribunales vienen reclamando a la Administración cuando sanciona. Cada ventaja ilegítima tiene su cauce de corrección, y mezclarlos debilita la lucha contra el abuso en lugar de reforzarla.

Montesquieu dejó escrito en Del espíritu de las leyes que todo aquel que tiene poder tiende a abusar de él y avanza hasta donde encuentra límites. Lo singular de esta resolución es que el límite lo ha puesto la propia Hacienda, y que lo ha puesto sobre una cláusula concebida, precisamente, contra el abuso.

Laura Barquilla Torres
Laura Barquilla Torres
Laura Barquilla Torres es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y analista de actualidad jurídica e institucional en The Digital Law, donde firma los artículos de fondo. Sigue la independencia judicial, las reformas legislativas y los choques entre el Estado de derecho y la política del momento, siempre a partir de la resolución, el informe o el texto legal que los origina.
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