La Agencia Tributaria (AEAT) viene exigiendo a las empresas acreditar la clasificación arancelaria de los productos comercializados mediante la obtención de una IAV favorable emitida por las autoridades españolas para aplicar el tipo reducido del IVA.
El Tribunal Supremo examinará la legalidad de esta práctica administrativa (ATS 8955/2026, de 30 de septiembre) en recurso de casación interpuesto contra la sentencia (STSJ Cataluña 1521/2025, de 30 de abril) que confirma la procedencia de la regularización tributaria practicada por la Inspección que liquida el tipo general sobre las ventas de productos farmacéuticos al no disponer la empresa de una IAV favorable emitida por las autoridades españolas para aplicar el tipo reducido.
Este reciente auto de admisión confirma el creciente interés que está suscitando en el TS la figura de las consultas en el ámbito administrativo, y que ha sido objeto de interpretación abordando distintos aspectos como la posibilidad de impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la contestación a una consulta vinculante (STS 1393/2026, de 25 de marzo) referida a consultas cuyo objeto es la ejecución de obras públicas o el alcance del efecto vinculante de las consultas tributarias (STS 88/2024, de 22 de enero) a terceros no consultantes.
En el caso de las IAV, la regulación que se someterá a interpretación es la contenida en el art. 33 Reglamento (UE) 952/2013 Código Aduanero de la Unión (CAU 2013), configurándose como un instrumento de consulta de la clasificación arancelaria en la Nomenclatura Combinada (NC) de un producto para la liquidación de derechos arancelarios.
Hemos de considerar que el CAU 2013 ha sido derogado por el CAU 2026 (Reglamento (UE) 2026/2108 de 16 de septiembre), pasando a regularse las IAV en el art. 15 CAU 2026, que será aplicable a partir del 21 de septiembre de 2027.
Las IAV son públicas, de manera que, en caso de dudas sobre la clasificación de un bien, cumplen una función unificadora y codificadora, otorgando seguridad jurídica no sólo al solicitante -para quien la respuesta es vinculante por un periodo de 3 años- sino adicionalmente a terceros cumpliendo una función de homogeneizar los criterios interpretativos de las distintas autoridades aduaneras de los estados miembros.
La Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del IVA, en su art. 98 faculta a los estados miembros para utilizar la NC con objeto de delimitar los bienes a los que resultan aplicables los tipos reducidos que hayan establecido.
La inspección tributaria española viene exigiendo, en caso de conflicto sobre si a un determinado bien le resulta de aplicación el tipo reducido de IVA, que el sujeto pasivo disponga de una IAV vigente emitida por las autoridades aduaneras españolas, negando la admisión de otras pruebas, al considerar que la IAV es el único medio de prueba válido. Convirtiendo un derecho del contribuyente –el derecho a consultar- en una prerrogativa administrativa -la obligación de consultar-.
Este criterio administrativo limita de forma injustificada los medios de prueba, limitación que no encuentra amparo legal en la LGT ni en la LEC, donde se establece que la carga de la prueba que le corresponde al contribuyente puede realizarse utilizando todos los medios de prueba admisibles en Derecho.
No obstante, el TSJ comparte este criterio administrativo en la sentencia objeto de casación al considerar que «únicamente la aportación de una IAV vigente, emitida por la autoridad aduanera española y referida expresamente al producto concreto objeto de análisis, puede considerarse medio válido para acreditar la clasificación arancelaria exigida como condición legal para la aplicación del tipo reducido del IVA».
La IAV, tanto en el CAU 2013 como en el CAU 2026, es un instrumento de interpretación y aplicación de la NC a un bien concreto, y, es innegable que cumple una función esencial en el ámbito aduanero como es la seguridad jurídica en la aplicación de los derechos arancelarios, pero, esto no la convierte en el único instrumento, ni le otorga exclusividad, ni mucho menos vincula a los órganos judiciales, ya que los órganos judiciales -y no los órganos administrativos- son los intérpretes de las normas, y en el concreto caso de normativa comunitaria el máximo intérprete es el TJUE.
Será el TS quien decidirá si debe otorgársele a la IAV este efecto exclusivo y excluyente como medio de prueba de la aplicación de los tipos reducidos del IVA en España, o, por el contrario, si es un medio de prueba que debe valorarse con otros medios de prueba admisibles en Derecho.
