La jurisprudencia viene admitiendo que el testimonio de la persona perjudicada constituya la única prueba de cargo, pero exige una valoración racional, motivada y respetuosa con las garantías del proceso penal.
La declaración de la víctima puede ser suficiente para fundamentar una condena penal, incluso cuando no exista otra prueba directa que corrobore su versión. Así lo admite la doctrina consolidada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que no exime al órgano judicial de justificar por qué considera fiable el testimonio y por qué resulta bastante para desvirtuar la presunción de inocencia.
La declaración de la víctima como prueba de cargo
La especial dificultad probatoria de determinados delitos, especialmente aquellos que se cometen en ámbitos privados y sin presencia de terceros, explica la relevancia que puede adquirir el testimonio de la persona perjudicada. La ausencia de testigos o de elementos objetivos de corroboración no determina, por sí sola, que los hechos no puedan considerarse acreditados ni impide que una condena se sustente en esa declaración.
El Tribunal Constitucional reconoció esta posibilidad desde sus primeras resoluciones. La STC 201/1989, de 30 de noviembre, admitió que la declaración de la víctima, practicada con las debidas garantías, puede constituir prueba testifical válida para desvirtuar la presunción de inocencia. Esta doctrina fue reiterada, entre otras, por la STC 16/2000, de 16 de enero, cuyo fundamento jurídico segundo recuerda expresamente que el testimonio de la víctima puede ser suficiente incluso cuando constituye la única prueba disponible.
La STC 195/2002, de 28 de octubre, volvió a reconocer que la declaración de la víctima, cuando se practica con las garantías procesales exigibles, puede constituir por sí misma prueba de cargo suficiente. No obstante, esa posibilidad no supone atribuir al testimonio una credibilidad automática ni otorgarle una posición relevante frente a la versión ofrecida por la persona acusada. Que la declaración de la víctima pueda ser prueba de cargo suficiente no significa que su declaración goce de prevalencia alguna.
Tres parámetros para valorar la fiabilidad del testimonio
Sobre esa base, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha desarrollado unas pautas orientadoras para examinar la fiabilidad y credibilidad de la declaración cuando opera como prueba única. Tradicionalmente, se han articulado en torno a tres aspectos: la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del relato y la persistencia en la incriminación.

La ausencia de incredibilidad subjetiva exige examinar si concurren circunstancias personales o relacionales que puedan afectar a la credibilidad de la declaración, como enemistad, resentimiento, ánimo de venganza o intereses espurios. No se trata de presumir que la víctima falta a la verdad por mantener un conflicto con la persona investigada, sino de comprobar si existen elementos objetivos que permitan cuestionar la fiabilidad de su relato.

La verosimilitud, por su parte, atiende a la coherencia interna de la narración y a su compatibilidad con las circunstancias objetivas que hayan podido acreditarse. En este ámbito adquieren especial relevancia las corroboraciones periféricas, entendidas como aquellos datos externos que, sin demostrar necesariamente por sí mismos la comisión del delito, refuerzan la credibilidad del testimonio. La persistencia en la incriminación exige, finalmente, que la declaración mantenga una línea sustancialmente uniforme en el tiempo, sin contradicciones relevantes sobre aspectos esenciales de los hechos.
Ahora bien, estos tres parámetros no constituyen requisitos legales, autónomos y de cumplimiento obligatorio, ni configuran un sistema de prueba tasada. Son criterios de análisis que ayudan al órgano judicial a valorar el testimonio en su conjunto. La ausencia de alguno de ellos no determina automáticamente la invalidez de la declaración, del mismo modo que su concurrencia no convierte necesariamente el relato en verdadero. Lo determinante es que la valoración judicial sea racional, esté suficientemente motivada y permita comprender por qué el testimonio resulta fiable y bastante para sustentar la condena.
La STS 925/2025 y la valoración individualizada de los hechos
Esta precisión aparece especialmente clara en la Sentencia del Tribunal Supremo 925/2025, de 11 de noviembre. La resolución recuerda que la declaración de quien interviene en un proceso como víctima no deja de ser una prueba testifical sometida a las reglas de valoración, aunque adquiere una especial significación cuando constituye la única prueba disponible.
La Sala insiste en que los tres parámetros tradicionales no son exigencias necesarias para la validez del testimonio, sino distintos puntos de enfoque que auxilian en el juicio de credibilidad y fiabilidad. De este modo, rechaza una aplicación mecánica de esos criterios y sitúa el análisis en la valoración razonada de las circunstancias concretas del caso.
La resolución resulta particularmente ilustrativa porque no atribuye una credibilidad global e indiscriminada a la denunciante. El Tribunal Supremo confirma la suficiencia de su declaración para sustentar la condena por tres episodios de maltrato, pese a la ausencia de corroboración externa de esos hechos, al considerar que el relato era coherente, carecía de contradicciones significativas y no concurrían factores de incredibilidad subjetiva. Sin embargo, la valoración no se extendió automáticamente al empleo de violencia en las relaciones sexuales, respecto del cual se apreciaron deficiencias probatorias relevantes en la consistencia probatoria.
La enseñanza es importante. La credibilidad de una persona no convierte en acreditados todos los hechos que relata, cada episodio debe examinarse atendiendo a sus propias circunstancias, a la prueba disponible y a la solidez de la explicación judicial sobre su acreditación.
La importancia de una valoración rigurosa para acusaciones y defensas
Desde la perspectiva de la acusación, la posibilidad de que el testimonio de la víctima constituya prueba de cargo suficiente obliga a preparar cuidadosamente su declaración y a identificar aquellos elementos que puedan reforzarla. La coherencia del relato, la explicación de posibles variaciones, la ausencia de contradicciones esenciales y la aportación de datos periféricos adquieren especial relevancia. No basta con invocar la condición de víctima ni con afirmar que los hechos ocurrieron en un contexto de privacidad.
Para la defensa, por su parte, el análisis debe dirigirse a cuestionar la fiabilidad y suficiencia del relato, evitando limitarse a señalar que no existen testigos o corroboraciones externas. Resulta más eficaz identificar contradicciones sustanciales, incompatibilidades objetivas, cambios relevantes en la narración o circunstancias concretas que puedan afectar a su credibilidad. También debe examinarse si, llegado el momento, la sentencia ha respondido a las objeciones planteadas y si ha explicado de forma razonada por qué considera superadas las dudas introducidas por la defensa.
En definitiva, admitir que la declaración de la víctima pueda constituir prueba de cargo única no supone reducir las exigencias de la presunción de inocencia. Antes al contrario, supone reconocer las particularidades probatorias de determinados delitos sin renunciar a los estándares constitucionales de suficiencia y racionalidad, exigidos con un plus de fundamentación en estos supuestos. La condena no puede descansar en una presunción de veracidad, sino en una valoración probatoria motivada que permita afirmar, más allá de toda duda razonable, la realidad de los hechos y la participación en los mismos de la persona acusada.
Alejandro Esteve Ferrer, abogado penalista en Domingo Monforte Abogados Asociados


