En octubre de 1901 la prensa española copió casi palabra por palabra la sentencia de Leon Czolgosz, mientras el garrote se cumplía tras los muros de las cárceles y bajo una bandera negra
Buffalo, jueves 26 de septiembre de 1901, a las dos en punto de la tarde. La sala del tribunal lleva horas llena cuando los alguaciles hacen entrar a un hombre joven y delgado, con las muñecas esposadas y los ojos en el suelo. Se llama Leon Czolgosz, tiene 28 años y nació en Míchigan, hijo de inmigrantes polacos. Hace exactamente veinte días disparó dos veces a quemarropa contra William McKinley, presidente de los Estados Unidos, en el Templo de la Música de la Exposición Panamericana, la gran feria eléctrica con la que Buffalo quería deslumbrar al continente. Llevaba el revólver envuelto en un pañuelo. El presidente tardó ocho días en morir.
La feria sigue abierta. Dentro del juzgado, el juez Truman C. White se dispone a imponer la pena. Lo hará en veintiséis minutos.
Ese número persigue al reo como una sombra con reloj. El juicio, desde la elección del jurado hasta el veredicto, había durado ocho horas y veintiséis minutos, repartidas entre el 23 y el 24 de septiembre. El jurado deliberó poco más de media hora. Czolgosz quiso declararse culpable desde el primer momento y el juez no se lo admitió. Sus dos abogados, antiguos magistrados designados para defenderle, no llamaron a un solo testigo. Y la sentencia caía, cómo no, en un día 26.
Un susurro donde debía haber un discurso
El trámite tenía aire de rutina. Primero el interrogatorio de costumbre, nombre, edad, estado. Después la pregunta del juez, si el reo tenía algo que exponer en su defensa. Czolgosz contestó que no. Solo quería exculpar a su familia. Y lo hizo en voz tan baja que «le fué menester al defensor repetir todos ó los más de sus conceptos», de modo que el abogado, de pie a su lado, acabó convertido en altavoz de su cliente. El hombre que había silenciado al presidente de la república más ruidosa del planeta no tenía voz para defenderse. Apenas le alcanzaba para defender a los suyos.
Lo que dijo cabe en una tira de telégrafo. Que el crimen era exclusivamente suyo. Que ni su padre ni sus hermanos ni sus hermanas sabían nada. Que nadie le había instigado ni pagado. Que la idea no se le había pasado por la cabeza hasta dos días antes de disparar.
El juez le contestó con el plural solemne que la traducción española conservó intacto. «Al quitar la vida á nuestro amado presidente habéis perpetrado un crimen que escandalizó y ultrajó el sentido moral del mundo civilizado». Le recordó que doce hombres honrados habían dado por buena su confesión. Sobre la soledad del asesino, sobre esa ausencia de cómplices que obsesionaba a la policía de medio mundo, dejó caer una frase que suena a plegaria y a sospecha a la vez. «Dios quiera que así sea». Luego llegó la fórmula. La muerte se ejecutaría «en la semana que comienza el lunes 28 de octubre de 1901», en el lugar y por los medios que prescribía la ley.
Volvieron a esposarlo. Se despidió de su defensor. Sacarlo de la sala costó trabajo, porque la gente no cabía, y sin embargo nadie levantó la voz contra él. A las nueve y media de la noche ya viajaba hacia la prisión de Auburn. Los cronistas no se pusieron de acuerdo sobre su cara. El telegrama que se imprimió en España dos días después lo describía «imperturbable». La crónica larga lo vio en actitud sumisa, mirando al suelo casi siempre, y anotó que algunos periódicos le suponían acobardado. El cable corto eligió la firmeza. La tinta larga, el miedo.
Tres semanas para cruzar el Atlántico
La noticia viajó a dos velocidades. La breve llegó por el telégrafo y el 28 de septiembre ya estaba impresa en provincias, tres líneas entre una epidemia de viruela en Londres y un parte médico. La completa, la que reproducía el relato de Las Novedades, el diario en español de Nueva York, necesitó tres semanas. El 17 de octubre apareció en Córdoba. El 18, en la primera página de La Rioja, en Logroño. El 20, otra vez en Córdoba, en otra cabecera. Tres periódicos, el mismo texto, casi las mismas comas. Donde uno escribió que el reo no mostró la «repugnante arrogancia y bravatería» propia de los presos de su clase, los otros pusieron cinismo. Esa fue toda la variación.
La España que leyó aquello andaba en otras cosas. En La Rioja tocaba a su fin la vendimia y la uva se pagaba a cuatro reales y medio la arroba, puesta en la cueva del comprador. El Congreso había tenido que suspender una sesión por falta de número, porque de cuatrocientos diputados no se juntaban media docena en el salón. Una capital andaluza vivía en estado de sitio por un conflicto obrero. Y en la misma página de Logroño, entre un carro de uva volcado en el barranco de Nieva y la suspensión gubernativa del ayuntamiento entero de Alesanco, un juez de Buffalo mandaba a un anarquista a la electricidad.
El lector español encontraba en esa columna algo más raro que un crimen. Encontraba un procedimiento.
La silla y el garrote
El documento más elocuente de la crónica es la orden que firmó el juez. Mandaba al alcaide de Auburn ejecutar la sentencia en la semana del lunes 28 de octubre, «dejando día y hora á discreción del alcaide», dentro del edificio, sus patios o sus anexos, «haciendo pasar por el cuerpo del susodicho Czolgosz una corriente eléctrica de suficiente intensidad para causar muerte, y aplicando dicha corriente el tiempo necesario hasta que dicho León Czolgosz haya dejado de existir». No hay verdugo en ese párrafo. Hay intensidad, hay tiempo y hay un cuerpo por el que pasa algo.
El Estado de Nueva York ejecutaba en tres prisiones, Sing Sing, Auburn y Dannemora. Se eligió Auburn, explicaba la crónica, porque sus aparatos eléctricos eran «los más perfeccionados». La frase tiene su ironía para quien conozca la casa. En Auburn se había estrenado la silla el 6 de agosto de 1890 con William Kemmler, un vendedor ambulante que había matado a su compañera a hachazos, y la primera descarga, de diecisiete segundos, no lo mató. Hubo que repetirla. Once años después, aquel banco de pruebas era el taller mejor equipado del Estado. La perfección, en materia de muerte, también se aprende con la práctica.
España, mientras tanto, seguía apretando un tornillo. La ley de 9 de abril de 1900, publicada al día siguiente en la Gaceta de Madrid, había reescrito los artículos 102, 103 y 104 del Código penal para sacar el garrote de las plazas. Desde entonces la pena de muerte se ejecutaba «de día, en sitio adecuado de la prisión en que se hallare el reo», dieciocho horas después de notificarle la hora señalada y nunca en fiesta religiosa o nacional. Al acto asistían el secretario judicial, los representantes de las autoridades gubernativa y municipal, el jefe de la prisión, los sacerdotes y miembros de asociaciones de caridad que auxiliaran al reo y tres vecinos designados por el alcalde, si voluntariamente se prestaban. El cadáver podía entregarse a la familia. «El entierro no podrá hacerse con pompa». Y en el momento de la ejecución debía izarse, en un punto visible desde fuera, una bandera negra que ondearía el día entero. La llamaron ley Pulido, por el médico y diputado Ángel Pulido, que la impulsó.
Puestas una junto a otra, las dos normas dicen más de lo que aparentan. La orden neoyorquina dejaba al reo sin más certeza que la semana, porque la fecha y la hora las ponía un funcionario. La ley española, tan vieja en el instrumento, era más minuciosa con el reloj. Dieciocho horas de aviso, luz de día, ninguna fiesta de guardar. Nueva York había modernizado el método. España había reglamentado la espera. Y las dos habían llegado a la misma conclusión, España apenas dieciocho meses antes de que Czolgosz entrara en Auburn. La muerte del condenado ya no era espectáculo. Se cumplía detrás de un muro, ante testigos escogidos, y al otro lado solo quedaba una señal.
La prisa de los demás
Los periódicos españoles copiaron la crónica con un respeto que se adivina en cada línea, admirados de aquel orden sin insultos ni gritos. Pero la prisa no era una virtud americana. España la conocía mejor.
El 8 de agosto de 1897, en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda, el anarquista italiano Michele Angiolillo mató a tiros a Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros. Lo juzgó un consejo de guerra sumarísimo, aunque no era militar. El 20 de agosto le dieron garrote en Vergara. Doce días entre el crimen y el tornillo. A Czolgosz, entre el revólver y la silla, el Estado de Nueva York le concedió cincuenta y tres. Si de rapidez se trataba, la marca seguía en casa.
Y conviene no confundir velocidad con atropello. Contra Czolgosz había una confesión, testigos de sobra y un jurado de doce vecinos. Lo grave de Vergara no fueron los doce días. Fue que a un civil lo juzgaran militares. La diferencia entre un caso y otro no estaba en la culpa, que nadie discutía, sino en quién se sentó a juzgarla.
Hubo una tercera respuesta, y es la que menos se recuerda. El 29 de julio de 1900, en Monza, Gaetano Bresci mató al rey Humberto I de Italia. Italia había suprimido la pena de muerte en su Código penal de 1889, y a Bresci le cayó cadena perpetua en el penal de la isla de Santo Stefano. Allí apareció ahorcado en su celda el 22 de mayo de 1901, en circunstancias que nadie ha terminado de aclarar, cinco meses antes de que Czolgosz se sentara en la silla. Tres magnicidios anarquistas en cuatro años, tres países, tres instrumentos. El tornillo, la celda y la corriente. Ninguno frenó al siguiente. En 1912 otro anarquista mataría a José Canalejas en la Puerta del Sol.
El martes 29
El alcaide eligió el martes. El 29 de octubre de 1901 despertaron a Czolgosz a las cinco menos cuarto de la mañana y se levantó, según el telegrama que leyó Madrid al día siguiente, sin dejar traslucir la menor emoción. La víspera había sufrido una crisis nerviosa, se había negado a abjurar de sus ideas ante los sacerdotes que lo visitaron y había repetido a su hermano y a su cuñado que no tuvo cómplices. El director de la prisión no les permitió asistir a la ejecución.
Poco después de las siete lo sentaron en la silla. Sus últimas palabras llegaron a España traducidas así, «Maté al presidente por creerle verdadero enemigo de su pueblo». Una corriente de 1.800 voltios le atravesó durante cuarenta y cinco segundos y, por si no bastaba, se le aplicó otra. Otro periódico habló de 1.700 voltios repetidos tres veces. La prensa española no se puso de acuerdo en el voltaje. Con el garrote nunca le había hecho falta. Se medía en vueltas.
Lo que vino después explica la diferencia entre los dos sistemas mejor que cualquier sentencia. Le hicieron la autopsia, quemaron sus papeles y su ropa y enterraron el cuerpo en el recinto de la prisión rociado de ácido sulfúrico, para que no quedara nada que venerar. Soldados custodiaron la tumba por miedo a que algún fanático quisiera llevarse los restos como reliquia. La familia renunció a reclamar el cadáver.
En cualquier cárcel española de aquel otoño la ley mandaba lo contrario. Una bandera negra izada a la vista de todos durante un día entero, un acta firmada por los testigos y publicada en el Boletín Oficial de la provincia, un cuerpo que podía volver a su familia siempre que el entierro no tuviera pompa. España escondía la muerte y luego la anunciaba. Nueva York la escondía y luego la disolvía.
La silla de Nueva York se usó hasta 1963. El garrote español apretó por última vez el 2 de marzo de 1974.
