Entre la noche de Cavite y la ley del 20 de mayo, la capital pasó por el estado de guerra, el miedo al hambre y el cierre de la frontera al trigo.
La noche del 1 al 2 de mayo de 1898 la Puerta del Sol no se vació. Los vendedores de periódicos cruzaban la plaza con los extraordinarios todavía húmedos, los grupos se formaban y se deshacían bajo las farolas frente a la Casa de Correos, donde tenía su sede el Ministerio de la Gobernación, y las patrullas de caballería recorrían el centro de Madrid hasta la una de la madrugada. Acababa de llegar la noticia del combate de Manila. La escuadra española de Filipinas había sido destruida frente a Cavite por el comodoro Dewey, y Madrid comprendió en una sola noche que el enemigo no iba a pelear solamente en el mar. Lo que vino después no tuvo nada de épico. Tuvo un estado de guerra, harina, aduanas y una prohibición de exportar trigo.
Una comitiva oficial salió del Ayuntamiento, bajó por la calle Mayor, cruzó la plaza de la Constitución, pasó bajo el Arco y tomó la calle de Toledo hasta la Catedral, que no era la de hoy sino la iglesia de San Isidro, el templo que hacía de catedral provisional de Madrid mientras la Almudena seguía en obras, donde se ofició una misa de réquiem. El alcalde, el conde de Romanones, iba acompañado por el gobernador militar, el general Villar, y en la alocución que dirigió a los madrileños sostuvo que la lucha de comienzos de siglo se repetía, con motivos análogos, al terminarlo. Los ritos eran los de siempre. La guerra, no.
Madrid bajo el bando del capitán general
La fiesta terminó por la mañana y la calle no. Al caer la tarde del 2 de mayo empezaron a formarse grupos en la calle de Sevilla, se hicieron con una bandera y echaron a andar hacia la casa del general Weyler, que había mandado en Cuba hasta el otoño anterior. La Guardia Civil los disolvió y se quedó con la bandera. Otros grupos recorrieron la calle de Alcalá, tomaron otra bandera en el pórtico del teatro de Apolo y dejaron intransitable la calle de Zorrilla, hasta que la caballería cargó por la calle del Carmen entre los vítores de la gente al Ejército. Los detenidos cruzaron la ciudad entre parejas de jinetes camino del Gobierno civil.
Esa misma jornada el gobernador civil, Alberto Aguilera y Velasco, hizo fijar un bando en los sitios públicos. Decía que había agotado todos los medios que la ley le atribuía para dominar la agitación y reprimir las perturbaciones del orden público que, al amparo de los sentimientos patrióticos del pueblo de Madrid, habían producido determinados elementos, y que, en cumplimiento de la ley de orden público, la junta de autoridades militar, judicial y civil, con la autorización previa del Gobierno, había acordado que fuera la autoridad militar la que adoptara las medidas para restablecer el orden. El gobernador resignaba el mando. Detrás venía el bando del teniente general Antonio Dabán y Ramírez de Arellano, capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
El capitán general sostenía que, hallándose España en guerra con los Estados Unidos y habiendo cesado la autoridad civil en sus facultades, le correspondía impedir que se inutilizaran los esfuerzos de la nación y que se extraviara a la opinión con noticias inexactas. Lo que seguía era un código en ocho artículos. Declaraba el estado de guerra en la capital. Los tribunales militares juzgarían, además de los delitos de su competencia exclusiva, determinados delitos del Código penal ordinario y cuantos pudieran alterar el orden público, fuera cual fuese el medio empleado y con la imprenta incluida. La misma suerte correría quien publicara sin autorización noticias sobre las operaciones de la guerra. Quedaban prohibidas las reuniones y las manifestaciones, y las que se organizaran sin permiso del capitán general serían disueltas por la fuerza, con sus participantes sometidos a la jurisdicción militar. Los alcaldes y funcionarios que no prestaran auxilio responderían conforme a la ley de orden público, los soldados en reserva o con licencia que participaran en esos delitos serían juzgados por los militares y el último artículo dejaba en pie a los tribunales y a las autoridades civiles en todo lo que no contradijera el bando.
Madrid lo leyó en las paredes. La noche en que se proclamó había un teatro lleno con la función a beneficio de la suscripción patriótica de la actriz María Tubau, y al final del tercer acto el escenario se cubrió de flores. A la mañana siguiente muchos madrileños todavía no sabían nada y los grupos se detenían ante los carteles. Unos periódicos aplaudieron la medida. Otros la condenaron sin reservas, y alguno denunció que se había montado, a espaldas de la ley, una censura que vigilaba el telégrafo y solo dejaba circular las noticias que pasaban por ella.
El 3 de mayo, ante el Senado, el ministro de Estado, Pío Gullón, explicó que el Gobierno habría querido seguir en la normalidad constitucional, pero que, ante quienes se valían de las desgracias de la patria para promover disturbios, había creído necesario reforzar sus medios con los que las leyes le permitían, después de oír a la junta de autoridades y al gobernador y de pesar lo ocurrido en las últimas horas de la tarde anterior. Confiaba en que bastaría con eso, avisó de que si se confirmaba una noticia recién llegada sobre Valencia se declararía allí también en el acto, y añadió que para ir más lejos tendría que acudir a las Cortes. En el Congreso, el ministro de la Gobernación, Trinitario Ruiz Capdepón, atribuyó la medida a la repetición de las manifestaciones y negó que diputado alguno hubiera dado gritos subversivos. Valencia no tardó en tener su bando pegado en las esquinas.
El resto lo hizo la ciudad. Los húsares de la Princesa y los de Pavía se quedaron en la Puerta del Sol hasta las dos de la madrugada y se retiraron a los cuarteles al ver que volvía la tranquilidad. Los detenidos de la víspera salieron en libertad, salvo tres que fueron puestos a disposición del juez militar. Al terminar aquel día, las crónicas que salían de Madrid hablaban de calma completa. Lo único que el estado de guerra no podía poner bajo jurisdicción militar era el precio de la harina.
Nueva York ve arder Madrid
El 4 de mayo la prensa de Nueva York publicó que en Madrid se libraban luchas sangrientas, que había tenido que intervenir la artillería y que las turbas habían asesinado a varios políticos. Nada de eso había ocurrido. Aquellas mismas columnas daban por firmada la capitulación de Manila y por instalado un gobierno provisional bajo el mando de Dewey, y tampoco era verdad. La capital que los periódicos americanos veían en llamas era una ciudad que llevaba dos días bajo el estado de guerra, con el telégrafo vigilado y la prensa obligada a callar lo que no fuera oficial, con unos escaños donde la discusión sobre el desastre de Manila se perdía en cuentas viejas entre liberales y conservadores y con una población que, en lugar de levantar barricadas, preguntaba por el precio del pan. El silencio impuesto en Madrid fue el hueco por el que entró la fantasía.
El hambre empieza por las provincias
El hambre había elegido otro camino. Llegó primero a las provincias, y lo hizo el mismo 2 de mayo. En Gijón, unas doscientas mujeres que vendían pescado en el muelle se negaron a pagar los consumos, se les sumaron las cigarreras de la fábrica de tabacos y la manifestación, con bandera y gritos contra los consumos y por la rebaja del pan, acabó delante de la panadería de un vecino al que acusaban de haber almacenado harina para hacer subir el precio. Los cristales saltaron en pedazos, un fielato se convirtió en hoguera y la tropa tuvo que hacer fuego sobre los grupos, con varios heridos. Después vinieron los demás. En Valdepeñas, el 5 de mayo, un motín de mujeres y vecinos por la falta de pan prendió fuego a la casa de quien se suponía almacenista de trigo y amenazó a una fábrica de harinas, hasta que las autoridades prometieron pan abundante y precio a la baja. Hubo tumultos en Talavera de la Reina, donde el vecindario se amotinó para que no salieran del pueblo los trigos que había, y en Cáceres. En otros lugares ardieron las casetas de consumos, esos fielatos que cobraban al pan antes de que fuera pan, y se asaltaron vagones cargados de cereal. Ninguno de esos tumultos ocurrió en Madrid. La capital tuvo miedo, que es otra manera de padecer el hambre.
El problema tenía una aritmética cruel. El trigo extranjero se pagaba en oro y se vendía en una peseta depreciada, de modo que el importador o exigía un precio desorbitado o dejaba de importar. El Gobierno había empezado a moverse antes incluso de Cavite. Un real decreto de 3 de marzo suspendió los recargos arancelarios que desde la ley de 1895 encarecían el trigo, las harinas de trigo y los salvados, y dejó los derechos de importación en 6 pesetas por cada 100 kilos de trigo y 10 por cada 100 de harina. Por esos mismos días, una asamblea socialista reunida en un teatro de la capital, con el escenario cubierto de banderas rojas, acordó pedir a las Cortes que suprimieran los derechos de entrada del trigo. El pan había dejado de ser cosa de panaderos.
La Real Orden que adelantó la prohibición de exportar trigo
El 5 de mayo, con el dictamen que prohibía exportar trigo esperando todavía encima de la mesa del Congreso, el ministro de Hacienda, Joaquín López Puigcerver, firmó una Real Orden dirigida al director general de Aduanas. Una Real Orden no es una ley. Es una decisión del Gobierno, adoptada en nombre de la Reina Regente, María Cristina, que reinaba por un rey niño, y que se comunica a la Administración para que la cumpla sin esperar a las Cortes. La propia orden se presentaba como un adelanto. Hacía falta evitar la exportación de trigo y de cereales y precaver los conflictos que podían surgir por la cuestión de las subsistencias, y el Gobierno se anticipaba al proyecto de ley que tenía en trámite, confiando en que obtendría el voto de las Cortes y la sanción de la Corona.
Su contenido cabía en tres puntos. Desde el día de su publicación, las aduanas de la Península y de las islas Baleares admitirían libres de derechos el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, el arroz, los demás cereales, las harinas de todas clases, las patatas y las alubias, blancas y de color. La franquicia alcanzaba a las expediciones pendientes de despacho, es decir, a los cargamentos que ya esperaban en las aduanas con el arancel viejo encima. Y desde ese mismo momento quedaba prohibida la exportación al extranjero de todos esos productos. El Gobierno abría de par en par la puerta por la que entraba el grano y echaba el cerrojo a la puerta por la que salía.
La orden se publicó el 7 de mayo y con ello entró en vigor. Aquel mismo día se publicaba también la convocatoria de una elección parcial de senador por Salamanca para el domingo 29 de mayo. La guerra no había suspendido el calendario electoral ni los trámites del Estado.
El miedo entra en Madrid
Aquella ciudad se levantaba con el pan. Antes del amanecer se encendían los hornos de las tahonas, el olor a masa subía por las escaleras de las casas de vecindad de Lavapiés y de Embajadores, las mujeres bajaban con la cesta y, en las puertas de la villa, los fielatos seguían apuntando lo que entraba y cobrando por ello. Todo ese engranaje descansaba sobre un supuesto que nadie había puesto en duda en años, que la harina llegaría. Tres días después de que la orden entrara en vigor, el miedo ya estaba dentro de la ciudad. El 10 de mayo preocupaba en la misma capital la escasez de subsistencias, el gobernador civil tomaba medidas contra la alarma y ante el Banco de España, en la calle de Alcalá, se formaba la cola de los cambiantes que acudían con sus billetes. En algunas tahonas llegó a faltar el pan.
El 12 de mayo el alcalde publicó un bando, y lo hizo en una ciudad donde el capitán general había dejado en pie a las autoridades civiles en todo lo que no contradijera el suyo. Estaba preparada la reforma de los artículos del capítulo tercero de las Ordenanzas municipales sobre la elaboración y la venta del pan, una reforma que debía darse a conocer al pleno del Ayuntamiento y someterse después a la Diputación provincial y al gobernador civil. Romanones no esperó a esos trámites. Alegando el apremio de las circunstancias por las que atravesaba Madrid en el abastecimiento de pan, dispuso que algunas medidas se aplicaran desde ese mismo día, a reserva de que la reforma general surtiera efecto en su momento. El pan candeal se haría en piezas de 1.000, 500 y 250 gramos. Cada despacho tendría una báscula fija en la que se pesaría la pieza ante el comprador antes de entregársela. Los fabricantes quedaban obligados a elaborar un pan de familia en piezas de dos y tres kilos, cinco céntimos más barato que el de piezas sueltas, que debía suponer al menos el 10 por 100 de la producción, y la autoridad podía elevar esa proporción al 25 por 100 cuando la necesidad lo aconsejara. Los dependientes municipales quedaban encargados de vigilar que todo se cumpliera.
Al día siguiente, el 13 de mayo, la Junta de subsistencias compraba sacos de harina para Madrid, la Junta de tenientes de alcalde se reunía con Romanones y la Junta ejecutiva buscaba la manera de arbitrar recursos. Se confiaba en retrasar unos días la subida del pan que los fabricantes consideraban inevitable por el precio de las harinas, y la escasez en algunas tahonas se daba por conjurada. Era la intendencia de otra guerra, la que se libraba entre la báscula y el mostrador.
La ley, la crisis y una colecta
Mientras la ciudad pesaba el pan, el Gobierno se deshacía. La crisis llevaba días en el aire y el 18 de mayo la Regente admitió la dimisión de siete ministros (Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda, Gobernación y Fomento), con el presidente del Consejo, Práxedes Mateo Sagasta, refrendando cada decreto. Entre ellos estaba el de Hacienda. Dos días después, el 20 de mayo, López Puigcerver refrendó como ministro la ley sobre cereales que las Cortes habían decretado y la Regente sancionaba.
La ley se publicó el sábado 21 de mayo, y lo que la Real Orden había hecho por la vía rápida lo hacía ahora por la vía solemne. Su primer artículo aprobaba el real decreto de 3 de marzo. El segundo suspendía los derechos de importación del trigo, el maíz, la cebada, el centeno, el arroz y sus harinas, las patatas y las alubias, y prohibía exportarlos con destino a puertos extranjeros hasta el 15 de agosto, con una excepción para el maíz y sus harinas, que quedaban cerrados hasta el 15 de noviembre. El tercero guardaba la llave. El Gobierno podría suspender la prohibición cuando la baja de los cambios u otras circunstancias favorables permitieran restablecer la normalidad comercial sin poner en peligro el abastecimiento regular de los mercados consumidores. Era una ley de trigo escrita con el vocabulario de la moneda.
El cerrojo del trigo vencía el 15 de agosto. Tres días antes, el 12, España había firmado el protocolo que ponía fin a la guerra y la obligaba a renunciar a Cuba.
El mismo día en que se publicó la ley, el Estado daba cuenta de la suscripción nacional abierta para la Marina y los gastos de la guerra, que sumaba 6.468.719 pesetas con 45 céntimos. Allí figuraban los jefes y oficiales de un regimiento de infantería, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con 1.500 pesetas y una viuda con 8.000.
