La batalla del aceite en el puente de Segovia, cuando cien matuteros desafiaron al resguardo de consumos

El 27 de enero de 1893 una caravana de contrabandistas intentó meter aceite en Madrid escondido en vejigas, petos y fardos disfrazados de bebés, y la primera en cruzar fue una niña.

En el invierno de 1893 Madrid ya no tenía murallas, pero seguía teniendo aduanas. La vieja cerca de Felipe IV había caído un cuarto de siglo antes y la ciudad se desbordaba hacia los ensanches, y aun así nada que se comiera, se bebiera o se quemara entraba en ella sin pasar por un fielato. Eran casetas plantadas en cada camino de entrada, con su fiel, sus pesas y medidas, su libro de adeudos y sus vigilantes con la placa de latón del resguardo. Allí se pesaba la carne y se medía el vino. Allí se pagaba. En Madrid nadie se llevaba nada a la boca sin que antes hubiera pasado por caja.

Una de esas aduanas estaba en el puente de Segovia. El puente de Juan de Herrera, nueve ojos de granito tendidos sobre un Manzanares que pocas veces llevaba agua para justificarlos, era la puerta por la que llegaba el camino de Extremadura y desde la que se subía, cuesta arriba por la calle de Segovia, hacia el Madrid Viejo, el de los Austrias, las plazuelas apretadas y las tiendas de ultramarinos. Abajo, en la orilla, las lavanderas golpeaban la ropa contra las piedras y la tendían en los prados del río. Arriba, en las tiendas de la cuesta, el aceite se vendía a precio de ciudad, con el derecho de consumos ya metido dentro.

El viernes 27 de enero, a las cinco de la tarde, al otro lado de aquel puente esperaban unos cien matuteros. Todos llevaban aceite pegado al cuerpo y todos tenían la vista puesta en la misma orilla. Antes de que se hiciera de noche, el descampado olía a pólvora y a aceite.

Al otro lado del río

Cruzar el puente de Segovia hacia poniente era salir de Madrid sin haber salido del todo. El camino de Extremadura, lo que hoy es el paseo del mismo nombre, arrancaba entre ventas y paradores donde hacían alto los carros y los arrieros que subían de los pueblos del suroeste, y desde el verano de 1891 tenía además un vecino nuevo, el tren de vía estrecha a Navalcarnero y Villa del Prado, que salía de la estación de Goya, a un paso del puente. La estación se llamaba así por la finca que tenía al lado, la Quinta del Sordo, la casa de campo que el pintor había comprado en 1819 a unos trescientos metros del río, justo donde arrancaba el camino de la ermita de San Isidro. En sus paredes había pintado las pinturas negras. En 1893 ya no estaban allí. Las habían arrancado y pasado a lienzo casi veinte años antes, colgaban en el Prado y de la casa quedaba un caserón mutilado. Alrededor de la estación empezaba a crecer un caserío que acabaría tomando el nombre de la estación, y con él el del pintor, aunque entonces era poco más que un puñado de casas sueltas entre las huertas.

Un poco más al sur bajaba el arroyo de Luche. Venía de las huertas de Luche, tierra adentro, y llegaba al Manzanares por el camino de San Isidro, entre tapias de huerta, lodazales en invierno y polvo en verano. Era la frontera natural del arrabal. Al otro lado del arroyo el terreno subía hacia la ermita de San Isidro y su pradera, la misma que Goya había pintado un siglo antes llena de romeros, y en lo alto de los cerros se apretaban los cementerios sacramentales. El de San Isidro, abierto en 1811, era el más antiguo. El de San Justo, terminado en 1847 en el cerro de las Ánimas, tenía al lado otros recintos de cofradías, todos con sus tapias, sus cipreses y sus patios de nichos mirando a Madrid por encima del río. Los muertos de la ciudad vivían al otro lado del Manzanares, como si también a ellos los hubieran dejado fuera de la línea.

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Entre los cipreses y el puente vivía poca gente y casi toda pobre. Hortelanos, lavanderas, tejeros, vaqueros, herreros y venteros compartían un terreno barato donde la ciudad iba arrinconando lo que no quería dentro, los tejares, las escombreras, las vaquerías. En el cambio de siglo apenas pasaban de trescientos los vecinos del arrabal del puente de Segovia. Aquel mismo viernes una comisión de vecinos del puente de Segovia había ido a ver al alcalde, el conde de San Bernardo, para pedirle algo tan elemental como agua y alumbrado para sus calles. Para aquella gente el fielato no era un trámite. Era la aduana que separaba su pobreza de los precios de Madrid, y vivir a unos pasos de ella convertía el matute en una tentación diaria y, para muchos, en un oficio.

Frente a la tapia de San Justo, junto a la huerta de un tal don Faustino Barrios, se reunió aquella tarde una multitud muy poco funeraria. Eran unos cien y todos llevaban el aceite del mismo modo. No en cántaros ni en pellejos, que se ven desde lejos, sino pegado al cuerpo, en vejigas más o menos disimuladas bajo la ropa, en petos ceñidos al pecho y en maletas envueltas con tanto mimo que parecían niños de pecho. Una caravana entera de criaturas falsas esperando una señal. La luz de enero empezaba a caer y el plan consistía en lanzarse todos a la vez hacia el puente.

Un impuesto que se cobraba en el estómago

El impuesto de consumos era la manera más directa que había encontrado el fisco del siglo XIX de meter la mano en la cesta de la compra. Gravaba la entrada en las poblaciones de lo que se comía, se bebía y se quemaba, y lo pagaba igual el duque que el jornalero, con la diferencia de que el jornalero se dejaba en pan, vino y aceite casi todo lo que ganaba. Era un tributo sobre el estómago, y por eso era el más odiado de España. Los motines contra ellos atraviesan todo el siglo. La revolución de 1868 los abolió entre vítores y la Hacienda tuvo que resucitarlos pocos años después, porque sin ellos no cuadraban ni las cuentas del Estado ni las de los ayuntamientos, que vivían en buena parte de sus recargos.

Donde hay una tarifa hay un oficio que vive de esquivarla. El matute, la introducción clandestina de géneros sin pagar el derecho, era en Madrid una profesión con sus rutas, sus especialistas y su vocabulario. Al delator se le llamaba soplón, y era más temido que cualquier vigilante. La caravana de aquella tarde no improvisaba. Tenía, por lo que se supo, un compromiso formal de introducir en la villa una cantidad determinada de aceite, como quien tiene que servir un pedido a la hora convenida.

El ejército contrario no era menos profesional. Frente a cada fielato velaba el resguardo de consumos, un cuerpo de vigilantes reclutados con preferencia entre licenciados del Ejército, la Guardia Civil y Carabineros, que hacían guardia en los puestos fijos y salían de ronda por los descampados que separaban un fielato de otro. Aquella tarde, en el puente de Segovia, eran pocos.

Una niña abre el camino

Los matuteros sabían que una carga de cien personas no se lanza a ciegas. Antes había que tantear la línea. Y para tantearla mandaron por delante a una niña con una vejiga de aceite, por el mismo camino que la caravana pensaba recorrer después.

La niña pasó. Pasó sin el menor contratiempo, y en ese paso tranquilo cabe toda la ambigüedad de aquella tarde. Puede que los de consumos no sospecharan de ella, porque una cría con un bulto bajo el brazo es exactamente lo que un vigilante no mira. Puede también que la dejaran pasar a propósito. Se dijo que el resguardo había recibido el chivatazo de algún soplón y que prefirió no espantar a la pieza pequeña para cobrarse la grande. Nunca se supo cuál de las dos cosas fue cierta. El reglamento del resguardo preveía que quien llevara bultos sobre el cuerpo y despertara graves sospechas pasara al interior del fielato para ser reconocido por los vigilantes o, si era mujer, por las matronas que la ley contemplaba como auxiliares del cuerpo. Nadie reconoció a la niña. O alguien decidió que era mejor no hacerlo.

Al otro lado del río la señal se interpretó como se interpretan siempre las buenas noticias, con prisa. Si la criatura había pasado, el paso estaba libre. La caravana mandó entonces a probar fortuna a seis o siete de los suyos, los más valientes y los más duchos en el oficio. Y esta vez la línea no se dejó cruzar.

Siete valientes y dos tiros al aire

Los vigilantes, que ya no estaban dormidos, se abalanzaron sobre los emisarios. Los sorprendidos eran siete. Se negaron a pagar el impuesto, y cuando los empleados quisieron quitarles el género intentaron agredirles. Los de consumos, que eran pocos, hicieron entonces lo único que podían hacer para no quedar arrollados. Dispararon dos tiros al aire. Sirvieron a la vez para asustar a los matuteros y para llamar a los compañeros de las rondas cercanas.

El ruido de los disparos llegó a todas partes al mismo tiempo. Acudieron los vigilantes de los puestos inmediatos y acudió también el resto de la caravana, que esperaba a distancia y que corrió en auxilio de los siete. En pocos minutos el descampado frente a San Justo era un hervidero de más de trescientas personas entre matuteros, gente de la ronda y guardias. Hubo empujones, golpes y una lluvia de frases gruesas imposibles de poner por escrito.

Lo que puso fin al tumulto fue el tricornio. Al ruido de los tiros se presentó la Guardia Civil, una pareja o dos, porque las versiones no coinciden, y entre los guardias y los de la ronda lograron dominar el motín. Hubo detenciones. Hubo también heridos, aunque menos de los que el estruendo hacía temer. Un matutero salió con una fuerte contusión en un brazo y fue llevado a la casa de socorro del distrito de la Audiencia, y varios más, de uno y otro bando, acabaron con arañazos de relativa importancia. Hubo quien contó dos contusos. Nadie contó un muerto.

Cuando se disipó el humo, el campo quedó sembrado de bajas que no sangraban, infinidad de vejigas, maletas y envases de las formas más extrañas, muchos todavía llenos. El aceite que debía haber entrado en Madrid sin pagar se quedaba fuera sin pagar tampoco, abandonado en la tierra del arrabal.

La ley que armaba al resguardo

Aquella pelea de arrabal tenía un guion jurídico muy preciso. Desde 1885 el resguardo se regía por un reglamento especial aprobado por real decreto de 29 de septiembre y publicado en la Gaceta de Madrid el 2 de octubre. Su artículo primero no dejaba lugar a equívocos. El resguardo era una fuerza armada, encargada de auxiliar la recaudación, impedir el contrabando y el fraude y aprehender las especies con que se cometiera. En Madrid los vigilantes eran empleados del municipio, pero el reglamento les alcanzaba igual, porque sus obligaciones comunes regían para todo el resguardo, sirviera a quien sirviera, y porque sus facultades nunca podían exceder de las concedidas a los dependientes de Hacienda.

Armada quería decir armada de verdad. Los vigilantes que hacían ronda exterior debían llevar siempre fusil o carabina, con bayoneta y cuarenta cartuchos con bala. El reglamento nombraba al enemigo por su nombre castizo y declaraba que la principal obligación del cuerpo era impedir el fraude, sobre todo el conocido por matute. Para ello había que intimar primero a los defraudadores, y solo si no obedecían, si no daban tiempo a hacerlo o si atacaban a los vigilantes, estos podían hacer uso de las armas, tanto para defender sus personas como para garantizar los intereses de la Hacienda. Los dos tiros al aire de aquella tarde quedaron muy por debajo de lo que la norma permitía. Y aun así no salían gratis, porque en todo caso de resistencia o de uso de las armas debía abrirse un expediente gubernativo en el que fueran oídos todos los que hubieran intervenido, sin perjuicio de lo que decidieran los jueces.

La ley protegía al vigilante y también lo vigilaba. Mientras llevara el distintivo y estuviera de servicio, era agente de la autoridad a efectos del Código Penal, de modo que los insultos y amenazas que recibiera debían perseguirse de oficio. Las frases gruesas que volaron frente a San Justo eran, sobre el papel, materia de juzgado. Pero el mismo reglamento exigía a los empleados tratar al público con buenas formas y ser muy parcos en palabras, y si alguien alteraba el orden o cometía un delito junto al puesto, la instrucción era detenerlo y entregarlo a la primera pareja de la Guardia Civil. El tricornio no llegó por casualidad. Era el último eslabón previsto por la norma.

Hay un artículo que ilumina mejor que ningún otro la naturaleza de aquel oficio. El reglamento consideraba falta grave tomar la menor parte de las especies aprehendidas, aunque lo hicieran los propios aprehensores, y mandaba castigar al que lo hiciera como defraudador de la Hacienda. El legislador sabía que el vigilante cobraba un sueldo modesto, que el propio reglamento fijaba para un vigilante de segunda del cuerpo de Hacienda en setecientas cincuenta pesetas al año, y que entre el matutero y el guardia la distancia social era a veces de una sola calle. Por eso dejó escrito que el aceite del suelo no era de nadie más que del Tesoro.

Mientras tanto, en Hacienda

Aquellos mismos días, lejos del barro, el impuesto se discutía con otros modales. Germán Gamazo, ministro de Hacienda del gobierno liberal de Sagasta desde diciembre de 1892, había nombrado una comisión para arreglar los consumos y el vino. Las dos cosas iban juntas. El vino español acababa de perder buena parte del mercado francés y era, a la vez, uno de los géneros que más dinero dejaban en los fielatos. Reformar los consumos era tocar a la vez el bolsillo del Estado, el de los ayuntamientos y la mesa de todos.

La comisión deliberaba en un despacho y los matuteros deliberaban a puñetazos, pero discutían sobre lo mismo. Sobre quién debía pagar por comer y cuánto. Gamazo no suprimió el impuesto. Hizo falta llegar a 1911 para que una ley de Canalejas ordenara su supresión, y aun entonces los consumos tardaron años en morir del todo, como mueren los tributos que sostienen demasiadas cosas a la vez.

A las seis de la tarde, una hora después de la señal, el puente de Segovia volvió a estar en calma. Tranquilo como una balsa de aceite, del aceite que nadie había pagado y que nadie iba a cobrar. La aduana de Madrid se había cobrado siete hombres y unas cuantas vejigas. Del resto de la caravana y de su carga no quedó constancia. El matute, cuando sale bien, no deja papeles.