En noviembre de 1871 los panaderos de Valencia dejaron los hornos y el capitán general puso a hacer el pan a cuarenta oficiales panaderos y sesenta peones del ejército. El 11 de noviembre, con la huelga en marcha, la Gaceta publicaba la votación con la que el Congreso cerraba varias semanas de debate sobre la InternacionaL
Valencia olía a harina fría la segunda semana de noviembre de 1871. En las tahonas del centro, las que se abrían a callejones donde el sol entraba tarde, los hornos de leña esperaban de madrugada a unos hombres que no llegaban. La muralla llevaba pocos años en el suelo y la ciudad se derramaba hacia la huerta, pero el pan seguía naciendo de noche, en manos de hombres que trabajaban mientras los demás dormían. Aquella semana esas manos se cruzaron de brazos.
Alguien tenía que amasar, y lo hicieron los soldados. Cuarenta oficiales panaderos y sesenta peones de la Administración Militar y de la guarnición, prestados por la Capitanía General a los dueños de los hornos, sacaron el pan que los huelguistas se negaban a cocer. Se montaron hornos de campaña, los que acompañaban a las columnas en marcha, y por las afueras empezaron a moverse pelotones de caballería para que quienes traían pan de los pueblos pudieran entrar en la ciudad sin que nadie les cortara el paso.
Mientras tanto, en Madrid, el Congreso votaba contra un fantasma. El viernes 10 de noviembre, después de semanas de discursos, la Cámara aprobó por 192 votos contra 38 la proposición que condenaba a la Internacional, la asociación obrera nacida en Londres siete años antes y que la Comuna de París había convertido en el espantajo de toda Europa. A la mañana siguiente, día de San Martín, la Gaceta de Madrid publicó la votación nombre por nombre.
Era la misma Gaceta de siempre, la que cinco años después aceptaría los papeles de los hospitales carlistas para inscribir a sus muertos. Traía el precio del trigo en el mercado de granos, las cotizaciones de la Bolsa y la cartelera. En la Carrera de San Jerónimo una galería de figuras de cera anunciaba su gran novedad, Venus en la fragua de Vulcano, con los Cíclopes alrededor del fuego, a cuatro reales la entrada. Madrid pagaba por ver una fragua de cera. Valencia vigilaba los de verdad con la tropa.
Dos escenas de una misma semana, separadas por la meseta, cuentan cómo trataba el Estado una huelga cuando la huelga no era un derecho. En Madrid se legislaba contra una idea. En Valencia se horneaba contra un oficio.
Cuatro hornos y un papel clandestino
Todo empezó con reuniones. A primeros de mes se juntaron en Valencia los trabajadores de la seda y los oficiales panaderos, y se convocó también a los sastres, que no acudieron. Las dos primeras asambleas terminaron en orden, pero los operarios de cuatro hornos se declararon en huelga al salir. Poco después se supo que tres oficiales habían sido detenidos mientras repartían un impreso clandestino, y que siete catalanes, señalados como promotores del paro, habían tomado el camino de Madrid.
Las cuentas eran sencillas. Los oficiales pidieron primero un 20 por ciento más de jornal y lo rebajaron después al 10. Los dueños llegaron a ofrecer el 8. Dos puntos de diferencia habrían tenido arreglo en cualquier mesa. Lo que no tuvo arreglo fue la otra condición, que los hornos admitieran a unos cincuenta o sesenta operarios que estaban sin trabajo. Los fabricantes se negaron en redondo.
La noche del miércoles 8 de noviembre, con el alcalde de testigo, se celebró la última conferencia entre amos y oficiales. A las doce y media el gobernador telegrafió al ministro de la Gobernación que no había acuerdo, que la huelga podía generalizarse y que desde el día siguiente redoblaría la vigilancia en los hornos. Se generalizó. Los obreros de treinta y siete hornos abandonaron el trabajo, y Valencia descubrió que el pan, como el agua, solo se nota cuando falta.
El pan del capitán general
No llegó a faltar. El gobernador hizo fijar un bando que invitaba a los oficiales a volver al trabajo y les advertía de que obraría con energía contra quien turbara la tranquilidad pública. La Capitanía puso a sus panaderos de uniforme en las artesas civiles, y el capitán general pudo telegrafiar al Gobierno que la huelga continuaba, pero que sus efectos pasaban desapercibidos porque había pan en abundancia. En nombre de la libertad del trabajo, los amos fueron además a buscar oficiales a los pueblos inmediatos.
Los huelguistas contestaron con papel y con harina. Una mañana aparecieron pegadas en las esquinas unas hojas firmadas por los oficiales panaderos, dirigidas al público y escritas como respuesta directa a la alocución del gobernador. Culpaban a los fabricantes de haber esquivado el arreglo que había propuesto el alcalde y aseguraban que desde el primer día habían pensado en cocer ellos mismos el pan de la ciudad, si reunían los fondos.
Los reunieron, al menos en parte. Por las calles se vieron carretones cargados de sacos de harina que iban y venían por cuenta de los obreros, y pocos días después los oficiales en huelga empezaron a trabajar por su cuenta en las afueras, en competencia con los mismos hornos que acababan de abandonar. La huelga se había convertido en una tahona rival. Valencia tenía ya dos panes, el de la intendencia militar y el de los huelguistas, y ninguno de los dos se cocía donde siempre.
El contagio corrió por los talleres. Siguieron en paro los tintoreros de seda, y las costureras y las oficialas de zapatería hablaron de dejar la aguja si no se acababan las veladas y el trabajo en días de fiesta. Pasado el día 20 la huelga de los panaderos seguía en pie. Hay ciudades que se defienden con murallas. Aquella, que acababa de derribar la suya, se defendió con hornos de campaña.
Un delito que nadie perseguía
Lo extraño es que el Estado tuviera un delito a mano y no lo usara. El artículo 556 del Código Penal de 1870 castigaba con arresto mayor a los que se coligaren «con el fin de encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo o regular sus condiciones», siempre que la coligación hubiera empezado a ejecutarse, y con más dureza a sus jefes y promovedores. Era, sobre el papel, la descripción exacta de lo que hacían los oficiales de Valencia.
El lugar del artículo dice más que su letra. Estaba en el capítulo de las maquinaciones para alterar el precio de las cosas, entre quienes amañaban subastas públicas y quienes esparcían falsos rumores para mover las cotizaciones. Para el Código, el trabajo era una mercancía más y la huelga, una forma de acaparamiento. El panadero que dejaba la pala compartía página con el especulador que inventaba una noticia en la Bolsa.
Unos días antes, en pleno debate, Francisco Pi y Margall había explicado en el Congreso por qué aquel artículo era papel mojado. Recordó que las huelgas eran tan antiguas como el taller y que el Código solo castigaba las coligaciones abusivas, algo que exigía conocer y apreciar muchas razones económicas. Por eso, dijo, «los Tribunales no han aplicado nunca ese artículo del Código». Añadió que el propio ministro de la Gobernación no compartía la idea en que se fundaba.
Un Gobierno que no cree en su delito no tiene más remedio que buscar otras herramientas. Cuando el derecho penal se queda sin filo, el Estado coge la pala del horno. El bando sustituyó a la querella, la caballería al juzgado y la intendencia militar a la sentencia. Nadie tuvo que probar ante un tribunal que el 10 por ciento era abusivo. Bastó con que el pan siguiera saliendo.
En el hemiciclo, la discusión tenía otro tamaño y otros personajes. Baldomero Lostau, diputado republicano que se presentaba como obrero desde niño, describió talleres con niñas trabajando catorce y quince horas diarias. Cándido Nocedal, el profeta del bando carlista, avisó de que ni la Guardia Civil ni los cañones rayados habían resuelto nunca nada «para el día de mañana», y se quejó de que el propio debate llevaba los programas de la Internacional a la Gaceta, y con ella a todos los pueblos de España.
La votación final tuvo su propio desorden. Votaron en contra Pi, Castelar, Salmerón y Figueras, cuatro hombres que en menos de dos años presidirían una república. A favor votó el presidente de la Cámara, Práxedes Mateo Sagasta. Un diputado denunció que en la lista figuraba Piñol, que había llegado tarde, y el secretario admitió que se le había incluido cuando la votación ya estaba cerrada. Hubo fuertes rumores y el Congreso que condenaba a la Internacional por inmoral pasó a sesión secreta.
La palabra que cambió de dueño
La ley de huelgas y coligaciones de 1909 derogó por fin el artículo 556, aunque obligó a avisar a la autoridad con cinco días de antelación cuando un paro fuera a dejar a toda una población sin un artículo de consumo general y necesario, que es como decir el pan. La dictadura devolvió después la huelga al terreno de la sedición.
El derecho llegó con el Real Decreto-ley 17/1977, y su artículo 6 se lee hoy como un inventario de aquel noviembre valenciano. El apartado cinco prohíbe al empresario sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuvieran vinculados a la empresa al tiempo de comunicarse la huelga. Los oficiales de los pueblos y los cien hombres de la guarnición quedarían fuera.
El apartado seis permite a los huelguistas hacer publicidad de la huelga de forma pacífica y recoger fondos sin coacción. Las hojas pegadas en las esquinas, el impreso que llevó a tres oficiales a la cárcel y los fondos que buscaban para hornear por su cuenta caben enteros en esa frase. Y el apartado cuatro obliga a respetar la libertad de trabajo de quienes no quieran sumarse al paro.
Las mismas palabras, con el dueño cambiado. En 1871 la libertad del trabajo era la del amo que salía a buscar brazos a los pueblos. En 1977 pasó a ser la del compañero que decide no parar. La expresión sobrevivió un siglo entero, pero cambió de bando por el camino.
Hoy, 11 de noviembre, hay huelga general en toda España por la vivienda y los salarios, ciento cincuenta y cinco años después de aquella Gaceta. El Estado ya no presta soldados a las tahonas. Fija porcentajes.
Interior obliga a trabajar al 90 por ciento de los vigilantes de aeropuertos, puertos y estaciones, el Constitucional anuló los servicios mínimos que dejaban a Ryanair contar a sus propios huelguistas y el Supremo ha dicho que quien trabaja en servicios mínimos no puede exigir un rótulo en pantalla que lo avise. Los servicios mínimos son el horno de campaña con el sello del BOE.
Esta madrugada, en algún obrador de Valencia, alguien habrá encendido el horno a las cuatro y alguien habrá decidido no encenderlo. En 1871 esa segunda decisión traía un bando, una patrulla a caballo y cien uniformes amasando en su lugar. Hoy trae, como mucho, un parte de servicios mínimos. Hizo falta un siglo largo para que la pala volviera a las manos del panadero, aunque sea para dejarla quieta.
