El 30 de octubre de 1926, en la finca de la Fyffes en Daute, José Martín Expósito cobró su semana con un descuento por unas manos de plátano y fue a buscar al encargado con un revólver traído de Cuba
En el otoño de 1926 la costa de Los Silos era un tablero verde encajado entre el mar y los riscos de Teno. Los antiguos llamaron Daute a aquella esquina del noroeste de Tenerife, y el nombre seguía pegado a una de sus fincas, la que la casa británica Fyffes Limited tenía junto al pueblo para cultivar, cortar, empaquetar y embarcar plátanos. Allí nadie decía racimo. Se decía piña, y cada piña se contaba por manos.
Las piñas se cortaban verdes porque tenían por delante la travesía hasta Inglaterra. Una piña con manos maduras ya no servía para el embarque. Era fruta para comer, no para vender, y en una finca que vivía de vender esa diferencia se apuntaba en una lista.
La finca de Daute tenía oficinas, almacén de empaquetado, cuadras y patio, un jefe de sucursal, un pagador y dos encargados. Uno de ellos era Lucio Martín Dóniz, de 45 años, casado, vecino muy apreciado de Los Silos. De él se dijeron después tres cosas. Que era escrupuloso en exceso con el trabajo. Que trataba con afabilidad a los demás empleados. Y que era «hombre de puños», que es como lo recordó el hombre que lo mató.
Porque a Lucio lo mataron un sábado de lluvia, a las siete de la mañana, a la puerta de las cuadras. La cuenta que lo llevó hasta allí era de una peseta con ochenta céntimos.
Un diente de oro y un revólver
José Martín Expósito tenía 28 años, era viudo y tenía una hija que se criaba con los abuelos. Había nacido en El Tanque, el pueblo de las medianías que mira a Los Silos desde arriba, y había pasado más de ocho años en América. Volvió de Cuba como volvían tantos isleños, con poco dinero y alguna costumbre nueva. En el pueblo alguien resumió su equipaje con una frase que entonces valía para medio Tenerife. «Un diente de oro y un revólver.»
El revólver era un Colt negro de cañón largo, de seis tiros y cachas de pasta labrada. Tenía un defecto. No disparaba. José había intentado venderlo y no encontró comprador. Lo llevó a un herrero, que tampoco lo arregló. Las balas que le metía eran de un calibre mayor que el del arma.
A la vuelta entró a trabajar en la Fyffes, y él mismo contó que fue gracias a don Lucio. Llevaba trece meses cargando piñas a hombros desde las plataneras hasta los carros, y en la finca lo tenían por lo que entonces se llamaba un buen peón.
Era el otoño en que España estrenaba Código de Trabajo, publicado en la Gaceta el primero de septiembre bajo el Directorio de Primo de Rivera, y en que los diarios de Santa Cruz abrían con el ciclón que acababa de arrasar Cuba, la isla adonde tantos canarios se habían ido a buscar jornal. Nada de eso llegaba a las plataneras de Daute. Allí mandaba otra norma, más antigua y más corta, que no figuraba en ninguna Gaceta. La costumbre de la Casa.
La piña que no llegó al barco
El martes 26 de octubre un carrero se negó a cargar una piña. Le faltaban dos manos y temía que se las cobraran a él. Lo que pasó antes depende de quién lo cuente. En el pueblo se dijo que José había visto unas manos maduras, las había arrancado y las había escondido en los cestos de la comida, y que unos chicos lo vieron y fueron con el cuento al encargado. José sostuvo siempre que él no se comió nada, que fue el carrero quien encontró la piña incompleta y que él le dijo que la cargara, que si alguien tenía que pagarla ya la pagaría él. La sentencia que se dictó un año después se quedó a medio camino. Dio por probado que faltaban unas manos «que se suponía se había comido».
Lucio lo llamó aparte. La costumbre de la Casa trataba aquello como falta grave y permitía dos castigos, el despido o el descuento del importe de la piña en el jornal. Lucio escogió el segundo. Le dijo que los dueños lo exigían así y que no quería sentar un mal precedente entre los demás trabajadores.
José respondió con la aritmética del jornalero. Los plátanos eran de la Casa en la que trabajaba, y por una peseta con ochenta la Casa no se iba a arruinar. Después vino lo otro. Si le descontaban la piña, dijo, el encargado tendría que pagársela. Lucio contestó que era hombre para impedirlo. José dejó el trabajo ese mismo día y se fue a otra finca, la de don Mariano Estanga.
No volvió a Daute el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Todos creyeron que se había marchado para no volver.
Sábado, siete de la mañana
El sábado 30 de octubre amaneció lluvioso. A primera hora José se presentó en las oficinas de la Fyffes a cobrar los días trabajados. Estaban el pagador, Fernando González Palenzuela, y el jefe de la sucursal, Miguel Yanes Palenzuela. Le preguntaron si debía algo. Dijo que no. Consultaron la relación y allí estaba la partida, apuntada con letra de oficina. Una peseta con ochenta céntimos.
José reconoció de dónde salía y se negó a pagarla. Le explicaron que había que cobrársela porque estaba en las listas. Al final aceptó el resto del dinero, que tampoco quería, y dejó una frase en la oficina. «Bueno, descuéntesela usted, que yo iré a ver quién tiene la culpa de esto.»
No fue a ver a un juez. Fue a ver a Lucio.
Por el camino se cruzó con el otro encargado, Francisco Dorta, y le preguntó por él. Estaría en las cuadras, le dijo. José llevaba el Colt en la cintura. Según el fiscal, esa misma mañana había disparado un tiro al aire para comprobar que por fin funcionaba.
Lucio estaba dentro, preparando la lista de jornales. José lo llamó dos veces desde el patio. El encargado salió, avanzó unos cuatro metros y se paró frente a él.
—¿Qué es lo que quiere usted?
—Quiero que me pague la piña.
José sacó el revólver y disparó a dos o tres metros. La bala entró a la altura de la ceja izquierda y se le quedó alojada en el cráneo. Lucio Martín cayó sin decir una palabra. Los peones que acudieron llamaron cobarde al tirador, y él les enseñó el arma. «Si quieren saber si soy cobarde, acérquese alguno.» Luego se alejó, andando y corriendo, gritando lo que acababa de hacer. Un vecino lo oyó decir «¡Ay, mi madre, me he desgraciado matando a don Lucio Martín!».
Lo detuvo sin resistencia el alcalde pedáneo de Tierra del Trigo, que lo entregó a una pareja de la Guardia Civil. Durante el interrogatorio sufrió varios desmayos. Ante el Juzgado se juntó tanta gente que, según una de las versiones de aquellos días, los guardias tuvieron que impedir que lo lincharan. El domingo le hicieron la autopsia a Lucio y lo enterraron con medio pueblo detrás. El entierro lo pagó la Fyffes.
Diecisiete años y quinientas pesetas
El juicio se celebró en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife a mediados de noviembre de 1927, un año y dos semanas después. El fiscal, señor Carbia, pidió cadena perpetua por asesinato con alevosía. En su informe dijo ver también premeditación en todo lo que José hizo desde que dejó el trabajo hasta que mató, y que no la alegaba para no llevar el castigo a la última pena.
José contó en la sala una historia nueva. Había ido a ver a don Lucio para comprarle unos pastos para sus cabras, el encargado le habló de malos modos, él se asustó y, al quitarse el revólver de la cintura porque le estorbaba para andar, el arma se le enganchó en la camisa y se disparó sola. Le leyeron sus declaraciones del sumario, que decían otra cosa. Mientras hablaba el fiscal, él negaba con la cabeza.
Su abogado, López de Vergara, no pidió la absolución. Pidió una condena justa. Sostuvo que no hubo alevosía porque el disparo se hizo de frente, a la luz del día, delante de testigos y después de palabras.
La Audiencia le dio la razón en eso y en nada más. Condenó a José Martín Expósito por homicidio a diecisiete años de reclusión temporal, la pena en su grado máximo, y por llevar el revólver sin licencia a dos años de presidio correccional y quinientas pesetas de multa. Le impuso además diez mil pesetas de indemnización para los herederos de Lucio y el comiso del Colt.
La frase decisiva de la sentencia está en un considerando. La defensa había pedido la atenuante de arrebato y obcecación, y el tribunal la rechazó porque esa atenuante solo nace de hechos injustos o improcedentes, «y no de aquellos que se practican en cumplimiento de un deber, oficio o cargo, como ha ocurrido en el presente caso». Para la justicia de 1927, descontar la piña del jornal había sido cumplir con el deber.
El fiscal recurrió en casación y luego desistió. En mayo de 1928 José salió hacia el penal del Dueso, en Santoña, a cumplir su condena.
Lo que hoy dice el artículo 58.3
Cien años después aquel considerando no podría escribirse. El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa sancionar los incumplimientos laborales, pero solo con arreglo a las faltas y sanciones que fijen la ley o el convenio colectivo. Las faltas graves exigen comunicación escrita, con la fecha y los hechos. Cualquier sanción puede revisarla un juez de lo social. Y el apartado tercero cierra la puerta que en Daute estaba abierta de par en par. No se podrán imponer sanciones que consistan en multa de haber. La prohibición está en el Estatuto desde su primera versión, la de 1980, y no ha cambiado una coma.
La Fyffes no lo llamaba multa. Lo llamaba importe de la piña, como si se tratara de una cuenta entre comprador y vendedor. Pero la costumbre de la Casa lo ofrecía como alternativa al despido, el encargado lo impuso para que no cundiera el ejemplo y el pagador lo anotó en la lista sin que nadie hubiera probado quién se comió los plátanos. Un descuento que se impone para escarmentar castiga, no compensa. En Madrid, donde el crimen se contó en cuatro líneas, lo llamaron por su nombre. Una multa.
Hoy el daño, si lo hubo, habría que reclamarlo y probarlo, y la falta, si la hubo, habría que sancionarla por escrito y con una pena que no saliera del sobre de la paga. La frase que José dejó en la oficina, la de ir a ver quién tenía la culpa, tendría una ventanilla a la que llevarla. Nada de eso disculpa el tiro. Le habría quitado el pretexto.
Lucio Martín murió por aplicar una costumbre que la ley de hoy prohíbe. José Martín Expósito fue condenado a diecisiete años por no saber tragársela. Y la Casa siguió embarcando piñas verdes hacia Inglaterra.
La única multa legal de toda esta historia la impuso la Audiencia. Quinientas pesetas, por el revólver.
