Mató a Pascual Manuel Pastor en su piso de la calle de Fuencarral en junio de 1902, sostuvo que él había intentado violarla y un real decreto de octubre de 1903 le cambió el garrote por reclusión perpetua.
El domingo 22 de junio de 1902 Madrid se despertó con calor de verano adelantado y con las colgaduras todavía frescas de la jura de Alfonso XIII, que un mes antes había cumplido dieciséis años y había subido al trono por su propio pie. En la calle de Fuencarral, entre mercerías, tiendas de ropa blanca y portales con portera de mantón, el número 45 tenía un piso principal con balcones a la calle y un inquilino del que el vecindario hablaba en voz baja.
Aquella mañana la criada de la casa bajó a la calle con dinero de sobra. Entró en una tienda del barrio y salió con camisas de encaje, faldas y blusas de seda, pagadas al contado con billetes de cien pesetas. Por la tarde paró un coche de punto y se hizo llevar a la estación del Mediodía, donde subió al tren de Barcelona. Arriba, en la alcoba del principal, el señor seguía en la cama. Tenía la cabeza abierta a golpes y en la misma habitación, junto a un charco de sangre, había una plancha de hierro.
La criada se llamaba Cecilia Aznar Celimendi, tenía veintidós años y era viuda. La buscaron los periódicos de media Europa y la encontró un guardia civil en la frontera. Lo que vino después tardó veinticuatro años en terminar.
Un caballero raro y una criada de Irún
Pascual Manuel Pastor y Pastor tenía cincuenta y cinco años, rentas para no tener que trabajar y una salud que se le iba por los rincones. En la casa lo tenían por raro. No se trataba con los vecinos ni saludaba en la escalera, y entre sus conocidos se comentaban unas ideas protestantes que en el Madrid de 1902 olían a azufre. Había conocido a Cecilia en una fonda de Irún, donde ella servía, y se la trajo a Madrid para que le llevara la casa.
Ella era de buena estatura sin llegar a alta, pecosa, con el pelo castaño claro que unos describían rubio y otros moreno según conviniera a la noticia. Las señas que acabó repartiendo la policía añadían un rasgo que no recoge ningún retrato. Pestañeaba con frecuencia. Y andaba con maneras desgarbadas, como quien lleva toda la vida subiendo cubos de agua por escaleras de servicio.
Hubo detalles que durante semanas alimentaron la sospecha de un cómplice. A deshora, Cecilia mandó a la portera a por bujías aunque en el piso sobraban, y cuando los porteros se levantaron encontraron abierta la puerta de la calle. Los médicos forenses deshicieron la teoría con una frase seca. Una persona robusta podía haberlo hecho sola.
Lo que había en aquella alcoba quedó descrito después, con precisión de carnicero, en el papel que se puso delante del jurado. Nueve heridas, todas en la cabeza y la cara, el cráneo fracturado, la órbita derecha rota, los huesos de la nariz triturados. Y una lesión más, en la garganta, hecha con la presión sostenida de los dedos de la mano izquierda, que le partió el hueso hioides. La plancha, en el lenguaje del proceso, no se llamó nunca plancha. Se llamó «instrumento contundente».
Diecisiete días de una pecosa en fuga
En Barcelona Cecilia encontró refugio en casa de Francisco Garreta Mora, que la escondió y le hizo cambiar de ropa. Con él y con otro hombre, Jaime Iglesias, entró en una joyería de la calle del Hospital y salió con más de cuatro mil pesetas en alhajas. El resto del dinero lo llevaba en una petaca de cuero que había estado encima de la chimenea del gabinete de Pastor. A Madrid llegó una carta escrita de su puño y letra en la que confesaba el crimen y pedía a alguien de confianza una cédula personal y los papeles necesarios para embarcar en un puerto extranjero rumbo a un viaje largo.
Mientras tanto, la prensa la veía en todas partes. En París. Camino de Nueva York con nombre supuesto. Entre unos detenidos en El Havre. Hubo quien ofreció cinco mil pesetas a quien diera con ella, y los periódicos de la corte se dedicaron con entusiasmo a reprocharle a la policía que no la encontrara.
La detuvo la Guardia Civil en Puigcerdà el miércoles 9 de julio, cuando intentaba pasar a Francia. Esa misma noche, a las diez, el comandante del puesto consiguió que se declarase autora del crimen y del robo, y lo telegrafió al inspector general con la versión que Cecilia ya no iba a soltar nunca. Pastor «trató de violarla», la golpeó con una botina y ella se defendió con la plancha. Después cogió el dinero y se marchó a Barcelona. «Sigue tranquila», terminaba el parte.
Los periódicos hicieron la cuenta del botín en once mil pesetas en billetes del Banco de España, más papel moneda francés y algo de plata. La devolvieron a Madrid en tren, con gente agolpada en cada andén para verle la cara, y la encerraron en la Cárcel de Mujeres de la calle de Quiñones a esperar juicio.
Veinticuatro preguntas para planchar una historia
El juicio se celebró en febrero de 1903 ante la Audiencia de Madrid y con jurado, la institución que la ley de 1888 había devuelto a los tribunales españoles para los delitos más graves. El teniente fiscal, Antonio María de Mena, acusó de robo con homicidio, el delito que el artículo 516 del Código Penal de 1870 castigaba con cadena perpetua a muerte. Garreta e Iglesias se sentaron a su lado como encubridores. El defensor de Cecilia, Andrés Aragón, sostuvo que había matado en un acceso de perturbación mental pasajera y que todo empezó porque su amo quiso forzarla.
Un jurado no escribe sentencias. Contesta preguntas con un sí o con un no, y el tribunal de derecho convierte esas respuestas en años o en garrote. Por eso la batalla se libró en la redacción del cuestionario. El tribunal llevó veintiuna preguntas y las partes arrancaron tres más. Veinticuatro preguntas para planchar una vida hasta dejarla lisa.
Una tanda de ellas contaba la escena tal como la contaba Cecilia. Pastor, desde la cama, le exigía «actos deshonestos y repugnantes a la Naturaleza». Hubo forcejeo. Él quiso alcanzar un bastón apoyado en la esquina de la cama, ella cogió la plancha de una mesa y le amenazó, él la agarró por los brazos para echarla sobre el lecho y entonces llegó el primer golpe. Otra pregunta quería saber si Cecilia había sido objeto de proposiciones deshonestas la noche del 21 de junio «y en otras ocasiones». Y otra, de apariencia contable, preguntaba si el dinero sustraído superaba las dos mil quinientas pesetas. Las once mil de los periódicos se quedaron en los periódicos.
Los doce jurados se retiraron a las seis de la tarde y volvieron a las nueve y cuarto de la noche. Contestaron que sí, que Cecilia había matado a Pastor, y que sí, que lo había matado para robarle. Contestaron que no a que lo hubiera hecho para rechazar sus proposiciones y que no a que la idea del robo le hubiera venido después, al verlo muerto, como medio para huir de la casa.
Aquellos doce hombres creyeron que la estaban salvando. Rechazaron la alevosía, que el fiscal quería apoyar en que Pastor estaba acostado y sin defensa cuando recibió el primer golpe. Pero admitieron el abuso de confianza, la agravante de quien daña a quien le ha abierto la puerta de su casa. Ese sí lo decidió todo. Cuando la ley señalaba una pena compuesta de dos indivisibles, como la cadena perpetua a muerte del robo con homicidio, el Código obligaba a imponer la menor si no concurría ninguna circunstancia y la mayor si concurría una sola agravante. Sin alevosía y sin abuso de confianza, Cecilia habría ido a una cárcel de por vida. Con la confianza de la criada en la cuenta, iba al garrote.
Cuando el fiscal pidió la última pena, Cecilia cayó desmayada sobre el banquillo. Aragón pidió que la causa pasara a un nuevo jurado y la Sala se lo negó. A las diez y media de la noche se leyó la sentencia. Muerte en garrote para Cecilia Aznar. Absolución para Garreta, que se abrazó a su abogado y salió a la calle, donde lo esperaba su mujer, Eulalia Esplugas.
Una página de la Gaceta
La ley abría por sí sola la casación en las condenas a muerte, sin que nadie tuviera que firmar el recurso. Era, en la fórmula de la época, un recurso «admitido de derecho en beneficio de» la condenada. La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo lo rechazó en junio de 1903. Desde ese día a Cecilia solo le quedaba el Rey.
Lo que siguió fue una campaña. Un abogado joven, Jacinto Felipe Picón, tomó la iniciativa de pedir el indulto y arrastró con él a los tres defensores del juicio, el de Cecilia y los de los dos encubridores. El 14 de julio de 1903 Alfonso XIII los recibió en audiencia particular. A finales de septiembre el expediente pasó por el Consejo de Estado en pleno, con un ponente que se inclinaba a favor, y en octubre llegó a la reina María Cristina una instancia más pidiendo clemencia.
El 15 de octubre de 1903, en Palacio, el Rey, que tenía diecisiete años, firmó el real decreto que refrendó el ministro de Gracia y Justicia, Francisco de los Santos Guzmán. Se publicó al día siguiente en la Gaceta de Madrid número 289. Invocaba la Ley de 18 de junio de 1870 que regulaba la gracia de indulto, oía al Supremo y al Consejo de Estado y decía lo que tenía que decir. «Vengo en conmutar por la inmediata de reclusión perpetua y accesorias correspondientes, la pena de muerte impuesta á Cecilia Aznar Celimendi».
Esa misma página conmutó otras cuatro penas de muerte. A los tres hombres se les cambió el garrote por cadena perpetua. A las dos mujeres, Cecilia y una parricida llamada Vicenta Gámez Segovia, por reclusión perpetua. No era una clemencia de más. El Código de 1870 no ponía cadenas a las mujeres y les imponía reclusión allí donde a un hombre le correspondía cadena.
Lo más revelador de esa Gaceta es lo que cada decreto se molestó en explicar. A un condenado de Almería le salvaron la vida porque parecía «poco equitativo» ejecutarlo cerca de treinta años después de un crimen cometido por una cuadrilla de la que solo lo habían cogido a él. A otro de Madrid, porque la agravante de morada no tenía en su caso «verdadero relieve». Para Cecilia el decreto se conformó con una fórmula, «teniendo en cuenta las circunstancias que han concurrido en el presente caso». La palabra violación no llegó a la Gaceta. Las circunstancias se quedaron sin nombre.
La aguja de Alcalá
Con la vida salvada, Cecilia cruzó la puerta de la galera de Alcalá de Henares, la cárcel de mujeres que gobernaban las hermanas de la Caridad. Las monjas consiguieron que tuviera con ella a su hijo de tres años, que creció entre rejas y bastidores hasta que le tocó ingresar en el Ejército. Ella se portó como ninguna. Acabó de encargada de los talleres de costura y bordado, con más de cincuenta penadas trabajando a sus órdenes. La mujer que había entrado en la historia con una plancha en la mano pasaba los días con una aguja.
Las rebajas y los beneficios le fueron limando la perpetua hasta dejarla en un horizonte con fecha. En el verano de 1916 le faltaban unos dos años para salir. Entonces llegó a la galera otra presa con apellido de primera página, María Luisa Sánchez, hija y cómplice del capitán Sánchez, el del crimen de la Escuela Superior de Guerra. En Alcalá se dijo después que fue ella quien le metió la fuga en la cabeza a Cecilia, un día y otro.
La compañera de fuga fue otra. Antonia, modista de Ciudad Rodrigo, veinticinco años, casada y presa por adulterio, un delito que el Código de 1870 construía sobre la mujer casada que yacía con quien no era su marido, mientras al marido infiel le exigía tener manceba en la casa conyugal, o fuera de ella con escándalo, para delinquir. En la madrugada del martes 22 de agosto de 1916, catorce años y dos meses exactos después de la mañana de Fuencarral, las dos limaron los últimos barrotes de una reja, se llevaron dos sábanas del lavadero y escaparon en un carro de paja tirado por tres mulas negras.
La Guardia Civil las detuvo en el término de Loeches y volvieron a la galera en automóvil. La aventura duró unas horas y le costó a Cecilia un recargo de la pena por quebrantamiento de condena. Los dos años que le faltaban acabaron siendo diez.
Ceuta, octubre de 1926
El 20 de octubre de 1926 la noticia corría por los diarios de toda España en un suelto de pocas líneas. Cecilia Aznar estaba en libertad. Gobernaba Primo de Rivera, el Código Penal seguía siendo el de 1870 y en la galera de Alcalá ya no quedaba ninguna presa con más años dentro que ella. Era la decana. Rondaba los cuarenta y seis y quienes la vieron salir dijeron que conservaba la planta de la muchacha de la fonda de Irún. Sacó un billete para Ceuta, donde vivía su hijo.
La plancha no la acompañó. Había acabado en la vitrina de un museo criminológico de los reporteros madrileños, junto a la cédula personal de Cecilia y la cartera donde se llevó el dinero, convertida en lo que el proceso había decidido que era. Un instrumento contundente.
De aquella madrugada de junio quedó una pregunta que solo contestaron doce hombres en una sala de la Audiencia, la de si Cecilia mató para quitarse de encima a su amo. Dijeron que no. El Rey la sacó del garrote con unas circunstancias que no nombraban nada, y lo hizo con una ley que sigue en vigor. En 1988 se le quitó la obligación de que el decreto de indulto fuera motivado. Hoy, con la misma ley, un Gobierno podría salvar a Cecilia Aznar sin escribir siquiera que hubo circunstancias.
