En julio de 1893 una partida de enmascarados asaltó la rectoral de San Andrés, en tierra de Monforte, y atormentó con fuego al párroco Manuel Barreiro hasta matarlo, y un jurado de Lugo absolvió a su ama y condenó a muerte a ocho hombres
En el verano de 1893 Monforte de Lemos ya no era una villa a la sombra de su torre. Era un nudo de vías. Desde hacía diez años los trenes de León bajaban por el Sil, paraban en Monforte a media tarde y seguían hacia Lugo y La Coruña, y aquel trasiego de mercancías, viajantes y correo había puesto el valle a un telegrama de Madrid. Lo que pasaba en Lemos podía estar al día siguiente en los periódicos de la capital. Aquel julio iba a pasar algo que no dejaría de estar en ellos durante año y medio.
La villa vivía de las ferias tanto como de los trenes. Los días de mercado el ferial se llenaba de bueyes del país, de tratantes y de chalanes que cerraban los tratos con un apretón de manos, y desde la estación salían vagones enteros de ganado camino de Madrid. En lo alto de la colina, la torre de los condes de Lemos y el monasterio de San Vicente seguían mirando el trajín como lo habían mirado durante siglos, y abajo el gran colegio que fundó el cardenal Rodrigo de Castro, con su fachada de granito, recordaba a los forasteros que aquel valle había tenido un día ambiciones de corte. Era una Galicia de piedra, castaño y humo de lareira, donde el reloj lo marcaban la siembra, la vendimia y la campana de la parroquia.
Hacia poniente, el Miño corre encajado entre laderas tan empinadas que la viña se sube a ellas en escalones de piedra, los socalcos. Allí, en las Riberas de Miño, estaba la parroquia de San Andrés, con su iglesia, su rectoral y un párroco que llevaba años al frente de la feligresía. Se llamaba don Manuel Barreiro. Tenía fama de hombre de «carácter severo, rayando en lo áspero», y de invertir cada peseta que ahorraba en fincas rústicas. En la casa vivía con él su ama, Martina Expósito, que llevaba muchos años sirviéndole y conocía, como nadie, las interioridades de la rectoral.
Aquellas viñas atravesaban sus peores años. La filoxera, que ya había arrasado los viñedos de Valdeorras al otro lado de la raya de Ourense, avanzaba por las comarcas de Quiroga, Monforte y Chantada, y al insecto se habían sumado el mildiu y las heladas de primavera, que en 1892 mermaron la cosecha de muchas aldeas del partido. El vino, que era la moneda de las Riberas, escaseaba. Quien no podía esperar a que la cepa se recuperase hacía el hatillo y bajaba a La Coruña o a Vigo a coger el vapor de Buenos Aires o de La Habana. En aquella tierra de bolsillos vacíos, un cura que compraba fincas era, a los ojos de algunos, un hombre con dinero escondido.
La noche del miércoles 12 de julio de 1893 alguien llegó a esa puerta. No eran feligreses.
La noche de la bodega
Eran seis o siete hombres, casi todos con la cara tapada. Entraron por asalto, recorrieron las habitaciones una por una y llegaron a la del cura, que dormía. Lo sacaron de la cama, lo ataron con una cadena y lo arrastraron hasta la bodega de la casa.
Lo que querían era el dinero. Y como el cura no lo daba, lo desnudaron y empezaron a quemarle el cuerpo a fuego lento, hasta que la carne habló por él y confesó dónde guardaba sus ahorros. Cogieron el dinero. Después volvieron sobre él. Lo ataron otra vez, lo atizonearon y acabaron matándolo a golpes en la cabeza con una piedra. Antes de irse intentaron esconder el cuerpo en una arqueta abierta en la pared, la misma donde suponían que el párroco escondía su tesoro.
Al ama no le habían hecho nada. El juzgado de Monforte salió hacia las Riberas. De Lugo partió también el teniente fiscal de la Audiencia. Las primeras noticias hablaban de una partida de bandidos y en Madrid se leían con el café, entre un descarrilamiento en Guipúzcoa y las cuitas de los alcoholeros antillanos.
El Código penal de 1870, todavía vigente, tenía un nombre técnico para lo que había ocurrido en aquella bodega. Lo llamaba ensañamiento, y lo definía como «aumentando deliberada é inhumanamente el dolor del ofendido». Pocas veces una definición legal habrá descrito una escena con tanta exactitud.
La criada a la que nadie tocó
La Guardia Civil se fijó en un detalle que a los demás se les había pasado. Los enmascarados habían registrado la casa entera y habían torturado al cura hasta matarlo, pero a la criada no le habían tocado un pelo. Una partida de bandidos que entra de noche en una casa no suele dejar testigos tranquilos en la habitación de al lado.
El ama al principio lo negó todo, y la fiscalía llegó a darla por inocente. Los guardias volvieron a interrogarla y, según se contó entonces, acabó reconociendo que estaba de acuerdo con los asaltantes. Al mismo tiempo, un preso de la cárcel dejó caer un nombre. Quien podía orientar a la justicia, dijo, era un vecino de Pantón al que todo el mundo conocía como «el Zapatero». Lo detuvieron enseguida. Se llamaba José Vázquez.
En menos de una semana la investigación se convirtió en una redada. Veinticuatro detenidos, siete de ellos señalados como autores y el resto como cómplices de mayor o menor importancia. Entre ellos estaba Martina Expósito. El comandante de la Guardia Civil volvió a Lugo en el tren mixto y recibió felicitaciones de todas partes. La prensa ya había encontrado su historia. Contaba que el cura había hecho testamento a favor de su ama, que alguien la había convencido de que el párroco escondía dinero y de que, si moría sin más, a ella solo le quedarían deudas, y que la solución era obligarle a decir dónde estaba. Era una hipótesis de periódico. Faltaba que la creyera un tribunal.
Un país de bombas y garrotes
La España de aquel verano la gobernaba Sagasta, de vuelta en el poder desde diciembre de 1892. Su ministro de Hacienda, Germán Gamazo, había prometido cuadrar las cuentas a golpe de economías, y la tijera alcanzaba a todo, hasta el mapa de las diócesis, que el nuncio y el ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz Capdepón, discutían por esas mismas semanas para ahorrar sedes. El campo estaba exhausto, los precios del vino hundidos por la ruptura del comercio con Francia y la plaga, y la válvula de escape seguía siendo el barco. Galicia exportaba brazos a América mientras importaba noticias de Madrid por el telégrafo.
Entre el crimen y el juicio, el país entero se llenó de pólvora. En octubre de 1893 estalló la guerra de Melilla por un fuerte en Sidi Aguariach y cayó en combate el general Margallo, gobernador de la plaza. El 7 de noviembre una bomba arrojada desde el gallinero del Liceo de Barcelona dejó una veintena de muertos en el patio de butacas. Martínez Campos marchó a Marruecos, en Barcelona se multiplicaban los consejos de guerra contra anarquistas y en la primavera de 1894 llegaba de Lisboa la alarma del cólera. Cuando los jurados de Lugo se sentaron a juzgar, España llevaba medio año leyendo sobre bombas, fusilamientos y garrotes.
Doce vecinos y tres magistrados
Ese tribunal no iba a estar formado solo por jueces. Dieciocho años antes, en enero de 1875, el Gobierno de Cánovas había suspendido el jurado porque los españoles preferían ser procesados antes que juzgar. La institución volvió con la ley de 20 de abril de 1888, firmada por la reina regente María Cristina y su ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez. Entre los delitos que asignaba a los jurados estaban el asesinato y el robo.
El nuevo Tribunal del Jurado se componía de doce jurados y tres magistrados. Los jurados decidían la culpabilidad o inculpabilidad de cada procesado. Los magistrados calificaban los hechos y ponían la pena. Para sentarse en aquel banco había que ser mayor de treinta años, saber leer y escribir y ser cabeza de familia con cuatro años de vecindad en el municipio. La función era obligatoria.
La vista se abrió en la Audiencia de Lugo en abril de 1894. En el banquillo se sentaron la criada, su amante, un sobrino del propio cura, Manuel Barreiro Cortinas, José Vázquez López, presentado como inductor del crimen, José Ramón Vázquez, tres hombres apellidados Balboa y Camilo Garza. Detrás de ellos, otros diez procesados como cómplices y encubridores.
El fiscal pidió la pena de muerte para nueve y ocho años y un día de presidio para los otros diez. En la primera sesión casi todos negaron haber estado allí. Los testigos contaron lo que ya constaba en el sumario, y uno de ellos aseguró que había oído el relato del crimen de labios de uno de los procesados. El juicio duró cuatro días ante una sala llena. Las defensas hablaron con una elocuencia que, según se comentó en Lugo, haría época en los anales de sus tribunales. El presidente resumió los debates «con gran sencillez» y los doce se retiraron a deliberar.
El veredicto
Volvieron con una sorpresa. El jurado declaró inculpable a Martina Expósito, la mujer a la que la Guardia Civil había convertido en el punto de partida de toda la investigación y la prensa en el móvil de todo el crimen. A los otros ocho los declaró culpables. A un noveno, Juan Vázquez, lo consideró cómplice.
La sección de derecho hizo lo que la ley le mandaba. Ocho condenas a muerte en garrote. La criada, en libertad. Juan Vázquez, ocho años de presidio. Cuando los condenados salieron del tribunal, una multitud los esperaba en la calle.
En aquel veredicto cabía toda la desconfianza del siglo hacia los jurados y toda su razón de ser. Doce vecinos de la provincia oyeron la misma historia que había circulado durante meses y no la compraron entera. Creyeron que los hombres de la cadena y el fuego habían estado en la bodega. No creyeron que la mujer que dormía arriba fuera la que les había abierto la puerta. Nadie sabe por qué. El jurado de 1888 no tenía que explicarlo.
Los reos de Monforte
Lo que siguió fue un año de recursos, peticiones y telegramas. Cuando la causa terminó su recorrido, los condenados a muerte eran seis. Al menos uno de los ocho de Lugo, Segundo Balboa, acabó cumpliendo veinte años de cadena como cómplice.
En octubre de 1894 se recogían firmas en Monforte para que las ejecuciones no se hicieran en la villa. El diputado del distrito, el señor Osma, movía hilos en Madrid para conseguir el indulto. El obispo de Lugo fue más lejos y se dirigió en persona a la reina regente. Cuando el desenlace se acercaba, volvió a telegrafiar al mayordomo mayor de Palacio para recordarle «la súplica que personalmente le dirigí por los reos de Monforte». Así los llamaba ya todo el mundo.
La reina intercedió y el Consejo de Ministros propuso conmutar la pena capital por la de cadena perpetua. Para cinco de los seis. La clemencia no alcanzó a José Vázquez, el Zapatero. El Gobierno consideró que el delito había sido tan horrendo y de tales caracteres de ferocidad que no procedía extenderla también a él.
Dos semanas antes, en Barcelona, el garrote había acabado con Santiago Salvador, el hombre de la bomba del Liceo. A primeros de diciembre sacaron al Zapatero de la cárcel de Lugo camino de Sober para ponerlo en capilla. Viajaron con él el ejecutor de la justicia y dos compañías del regimiento de Luzón. La mañana del 7 de diciembre de 1894 subió al patíbulo ante una muchedumbre llegada de los pueblos de alrededor de Monforte y de la propia Lugo. Desde el tablado habló con voz potente. Dijo que moría inocente y que perdonaba a sus enemigos.
Lo que quedó en la bodega
El garrote no resolvió nada de lo que el juicio había dejado abierto. El hombre al que el Gobierno negó el indulto por la ferocidad del crimen murió proclamando que no lo había cometido. La mujer a la que todos habían señalado salió libre por decisión de doce vecinos que nunca tuvieron que dar explicaciones. Y en medio quedó el cura que invertía en fincas, el que tenía carácter áspero, el que no quiso decir dónde guardaba el dinero hasta que el fuego se lo sacó.
La España de hoy no tiene garrote. La Constitución abolió la pena de muerte en 1978, salvo para las leyes militares en tiempo de guerra, y la Ley Orgánica 11/1995 cerró también esa rendija. Tiene, en cambio, un jurado que sigue juzgando asesinatos y que desde 1995 está obligado a escribir por qué declara culpable o inocente a cada acusado. Si aquel de Lugo hubiera tenido que hacerlo, sabríamos por qué salió libre Martina Expósito.
Del Zapatero quedó una frase dicha en voz alta desde un tablado en tierra de Lemos. Un jurado, un tribunal y un Gobierno habían dicho lo contrario. Él se quedó con la última palabra.
