El 14 de octubre de 1926, a las ocho de la mañana, un hombre recién salido de presidio apuñaló sin mediar palabra al barbero Francisco Espinosa y después a su hijo, que lloraba abrazado al cadáver.
A las ocho de la mañana del jueves 14 de octubre de 1926, el barbero Francisco Espinosa volvía del mercado de Alcalá la Real con las compras del día, camino de su barbería. En el pueblo le llamaban «Chanchito». A la altura de la tienda de la viuda de Palmero, en una callejuela a pocos pasos de su establecimiento, le salió al paso un hombre al que todo el mundo conocía por otro apodo, el «Manquillo». No se dijeron nada. Nunca se habían dicho nada. Y sin embargo aquel hombre llevaba encima una faca de hoja enorme y una decisión que nadie en Alcalá supo explicar.
Un jueves de mercado bajo la Mota
Alcalá la Real vive debajo de su propia historia. La fortaleza de la Mota la vigila desde el cerro como vigiló durante siglos la raya entre Castilla y el reino nazarí, hasta que Alfonso XI la conquistó en 1341 y le dejó el apellido. En 1926 la frontera es ya solo un camino, el que baja entre olivares hacia Granada, más a mano del pueblo que su propia capital de provincia. Por ese camino viajará esa misma mañana la noticia, antes incluso que hacia Jaén.
El resto de España tiene otras cosas en la cabeza. El país cumple tres años bajo la Dictadura de Primo de Rivera y muchos periódicos salen a la calle con el aviso de la censura previa impreso en la primera página. Esa semana los Reyes viajan a Barcelona en tren especial con el marqués de Estella, los viticultores protestan por un impuesto de diez pesetas al vino que entra en las poblaciones y Abd-el-Krim acaba de desembarcar en su destierro de la isla de la Reunión. Nada de eso llega a una barbería de la provincia de Jaén a las ocho de la mañana, donde el día empieza con el agua caliente, la navaja asentada en el cuero y los primeros clientes por afeitar.
En la barbería esperaba Leandro, el hijo de Francisco.
Del «Manquillo», en cambio, el pueblo sabía lo justo y lo suficiente. Había matado a un cuñado suyo, había pagado por ello años de presidio y había vuelto a Alcalá hacía muy pocos días, con la condena cumplida. Era lo que la época llamaba un licenciado de presidio, fórmula administrativa para decir que el Estado ya no le debía nada a él y que él ya no le debía nada al Estado. Su nombre de pila no trascendió. El apodo le bastó a todo el mundo.
Entre el barbero y el expresidiario no había resentimiento conocido ni discusión alguna, y ni siquiera consta que se trataran. Esa es la primera rareza de este crimen y será también la última, porque nadie supo explicar entonces el motivo.
Una faca y ninguna palabra
El «Manquillo» sacó la faca y se la hundió a Francisco Espinosa en el vientre. El barbero murió en el acto, en mitad de la callejuela.
Lo que hizo después el agresor desconcertó a quienes lo vieron. Volvió el arma contra sí mismo y se la clavó en el vientre hasta el puño. No cayó. Se quedó de pie, apoyado en la pared, con la empuñadura asomándole del cuerpo, como si aún le quedara algo por hacer.
Un chico echó a correr hacia la barbería. Leandro llegó a la carrera, vio a su padre tendido y se arrojó sobre el cadáver, abrazándolo y besándolo entre sollozos. Quedó de espaldas al «Manquillo», que seguía sosteniéndose contra el muro, sin apenas fuerzas para tenerse en pie.
Entonces el expresidiario se arrancó la faca del vientre y se la clavó al muchacho por la espalda. La hoja le entró por la región glútea y le salió por el bajo vientre. Leandro cayó sobre su padre y el «Manquillo» cayó sobre los dos. Los tres cuerpos cayeron en confuso montón y así fueron recogidos. Todo había durado menos de lo que se tarda en contarlo.
Todavía le quedó al agresor un último gesto. Volvió a apuñalarse, una segunda herida de la que ya no se levantaría.
El cirujano que vino de Granada
Los guardias y algunos transeúntes llevaron a los heridos al hospital. Aquellas heridas pedían un cirujano, y un médico de Alcalá salió a toda prisa hacia Granada para traerse al doctor Vega Rabanillo. En Granada corrió primero la versión de que el herido gravísimo que necesitaba al cirujano era el asesino. No lo era. Vega Rabanillo viajó a Alcalá, operó a Leandro y regresó a Granada con un parte que no admitía optimismo. El estado del muchacho era gravísimo.
El «Manquillo» murió ese mismo jueves, de la segunda puñalada que se dio a sí mismo. En las primeras horas hubo quien le daba por muerto a él y por vivo al chico, y quien daba por muertos a los tres. La confusión dice mucho de la escena. Nadie que la viera supo distinguir, en aquel montón de cuerpos, quién respiraba todavía.
El pueblo quiso dictar su propia sentencia
Lo que vino después explica mejor que nada el estado de ánimo de Alcalá. El vecindario intentó linchar al «Manquillo» antes de que muriera, y la Guardia Civil lo impidió. Cuando murió, los vecinos se negaron a que su cadáver fuera llevado al depósito. Querían dejarlo tirado en el campo para que se lo comieran los grajos. Hubo incluso quien intentó rociarlo con petróleo y prenderle fuego, y la Benemérita tuvo que emplearse a fondo para escoltar el cuerpo hasta el cementerio.
La escena tiene algo de antiguo y algo de perfectamente jurídico. El Código Penal de 1870, el que regía en 1926, tenía su propio ritual para el cuerpo del ajusticiado. Su artículo 104 ordenaba que el cadáver del ejecutado quedara expuesto en el patíbulo hasta una hora antes de oscurecer y que se le enterrara después, sin pompa. La ley exhibía al muerto para que el muerto sirviera de algo. Alcalá quiso hacer exactamente eso, solo que sin juez y sin garrote, con los grajos en el papel del verdugo.
Y ahí estuvo la Guardia Civil, protegiendo el cadáver de un asesino frente a los vivos que acababan de verle matar. Es fácil leerlo como una paradoja. Es, en realidad, la definición más exacta del Estado que se conoce, el que se queda con el monopolio del castigo incluso cuando ya no queda nadie a quien castigar.
Un sumario sin nadie a quien juzgar
Porque eso fue lo que ocurrió con el crimen del «Manquillo» en el plano judicial. Nada. No hay rastro de que el asunto llegara a la Audiencia de Jaén, y la ley de la época explica por qué. El artículo 132 del Código Penal de 1870 era tajante. «La responsabilidad penal se extingue», empezaba, y su primer supuesto era «la muerte del reo en cuanto a las penas personales siempre». El único autor estaba muerto antes de que se secara la sangre en la callejuela. El juzgado de Alcalá podía instruir, levantar los cadáveres y tomar declaraciones, pero no tenía a quién procesar.
A la familia Espinosa le quedaba, sobre el papel, la vía civil. El artículo 125 del mismo código disponía que la obligación de reparar el daño e indemnizar los perjuicios se transmitía a los herederos del responsable. Es una puerta que suele dar a una habitación vacía cuando el responsable es un hombre que acaba de salir de presidio.
Cien años después la regla es la misma. El artículo 130 del Código Penal vigente sigue abriendo la lista de causas de extinción de la responsabilidad criminal con la muerte del reo, y el artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la misma de 1882, deja a la víctima solo la acción civil contra herederos y causahabientes, y por la vía civil. El derecho penal se ha vuelto más garantista y más atento a las víctimas en casi todo. En esto no se ha movido un milímetro, y probablemente no deba hacerlo, porque la pena es personal o no es pena. Pero conviene no engañarse sobre lo que significa. Cuando el agresor se quita la vida, el Estado cierra el expediente y la víctima se queda con el duelo y con un derecho de cobro que casi nunca vale el papel en que se escribe.
La semana en que todos quisieron la última palabra
Hay una coincidencia que da al suceso un fondo inesperado. La Gaceta de Madrid del viernes 15 de octubre de 1926, la que se repartía mientras Alcalá discutía qué hacer con el cuerpo del «Manquillo», publicaba un real decreto-ley que autorizaba al Consejo de Ministros a suspender, con carácter extraordinario, sentencias firmes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y de los tribunales provinciales de lo contencioso. Bastaba con que la resolución administrativa anulada por los jueces se hubiera dictado, a juicio del Gobierno, para moralizar la Administración o para librarla de cláusulas contractuales que la perjudicaban.
En la misma semana, un Gobierno se reservó el derecho a no cumplir las sentencias que no le gustaban y un pueblo de Jaén intentó dictar la suya sobre un cadáver. Ninguno de los dos tenía paciencia para los tribunales. La Dictadura lo hizo por decreto y los vecinos de Alcalá lo intentaron con petróleo, y solo a los segundos los detuvo la Guardia Civil.
Lo que no se sabe
Los partes del sábado 16 de octubre decían que Leandro Espinosa continuaba en el mismo estado de gravedad. Después, silencio. No consta si el muchacho salió vivo del hospital ni si volvió a afilar navajas en la barbería de su padre.
Tampoco se conoce el nombre del «Manquillo», ni la fecha ni las circunstancias de la muerte del cuñado que le llevó a presidio, ni la condena que cumplió. El hombre que lo hizo todo no dejó más rastro que un apodo. De la víctima sabemos el nombre, el oficio, el mote y la hora en que volvía del mercado. Del asesino, solo la mano con la que empuñó la faca.
Esa es la cuenta que dejó el jueves 14 de octubre de 1926 en Alcalá la Real. Un muerto con nombre, un herido del que nadie volvió a escribir y un expediente que se cerró solo, porque el único que podía responder ya estaba enterrado.
