Las elecciones de 1936 dejaron muertos a la puerta de los colegios y un país en estado de alarma hasta la guerra, y en Cuenca una regla del 8 % dejó sin proclamar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera
El domingo 26 de abril de 1936 Cuenca amaneció como amanece desde hace siglos, colgada sobre las hoces del Júcar y del Huécar, con las casas asomadas al vacío y la piedra todavía fría de la noche. Aquella mañana lo que importaba no estaba en los miradores sino en la Audiencia, donde se reunía la Junta provincial del Censo para proclamar a los candidatos de una elección que debía celebrarse siete días después. La lista de aspirantes se leyó en voz alta, nombre tras nombre, con la cadencia de quien pasa revista en un cuartel.
Dos de aquellos nombres no se parecían a los demás. Uno era el de un general de cuarenta y tres años al que el nuevo Gobierno había alejado de Madrid hasta la Comandancia General de Canarias. El otro, el de un abogado madrileño que había cumplido treinta y tres años dos días antes entre las paredes de la Cárcel Modelo. Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera pedían ser proclamados candidatos a diputados por Cuenca.
Cuando la Junta levantó la sesión, ninguno de los dos existía ya para la ley electoral. No los apartó un juez ni un decreto. Los apartó una regla escrita para otra cosa, leída por un candidato rival y aprobada en una mesa de catorce votos.
Una casa con la alarma puesta
Todo había empezado diez semanas antes, el 16 de febrero, cuando España eligió unas Cortes nuevas. Ese domingo, en La Coruña, un grupo de desconocidos tiroteó a la fuerza pública que guardaba la puerta de un colegio electoral. Los guardias respondieron con una descarga y hubo un muerto. En la misma provincia, en el colegio de Celas, sonaron unos disparos y Ramón Mariana Campero cayó sin vida. Jesús, que llevaba sus mismos apellidos, quedó gravemente herido.
Al día siguiente, 17 de febrero, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, y el jefe del Gobierno, Manuel Portela Valladares, firmaron un decreto de dos artículos. El primero declaraba el estado de alarma en todo el territorio nacional, «incluso en las plazas de Soberanía», al amparo del artículo 34 de la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 y del artículo 42 de la Constitución. El segundo se limitaba a dar cuenta a la Diputación Permanente de las Cortes. Duró lo que le quedaba de paz a la República.
Cada treinta días el Consejo de Ministros bajaba a comprobar que la alarma seguía conectada y la prorrogaba otro mes. Ocurrió en marzo, en abril, en mayo y en junio. La última prórroga se publicó el 16 de julio de 1936. Dos días después la alarma dejó de importar.
Las Cortes, jueces de sus propias actas
En 1936 ningún tribunal decía si un diputado había sido bien elegido. Lo decían los propios diputados, primero en la Comisión de Actas y después en el pleno. La casa revisaba sus propias cerraduras.
El 30 de marzo la Comisión se encerró a las diez de la mañana bajo la presidencia de Indalecio Prieto y no salió hasta las dos de la tarde. Granada fue, en palabras del propio Prieto, objeto de «un detenido estudio y de una prolija discusión». Por mayoría se acordó proponer la nulidad de la elección. Las derechas formularon voto particular y los vocales de la CEDA se retiraron de la Comisión. Uno de ellos, Villalonga, explicó que no se marchaban por haber perdido la votación sino por la «injusta disparidad de criterios» con Cáceres, cuyas actas sí se habían aprobado.
Prieto dejó firmados los dictámenes y dimitió en el mismo acto. En su nota explicaba que se iba «por el temor de que no pueda ser tan absoluta mi conformidad en algún dictamen de los aún no emitidos». El presidente del tribunal abandonaba la mesa no por lo que había firmado, sino por lo que temía tener que firmar.
Cuenca siguió el mismo camino, con un argumento aritmético que pronto tendría consecuencias. Una vez descontados los votos que la Comisión tuvo por falsos, ningún candidato llegaba al 40 % de los sufragios válidos, el mínimo que la ley exigía para ser proclamado diputado.
El 8 de abril, Diego Martínez Barrio, que ocupaba interinamente la Jefatura del Estado desde la destitución de Alcalá-Zamora el día anterior, firmó con el ministro de la Gobernación, Amós Salvador, el decreto de convocatoria. Invocaba el artículo 55 de la ley Electoral de 1907, fijaba la elección para el domingo 3 de mayo y, «en su caso», una segunda vuelta para el 17 de mayo. Regirían el mismo censo y el mismo número de candidatos que el 16 de febrero. Y añadía un artículo 5 de apariencia inofensiva, según el cual «en todo lo demás relativo a estas elecciones se aplicarán las reglas de la ley Electoral de 1933, en relación con la de 1907». Esa frase, escrita para cerrar el decreto, iba a abrirlo de par en par.
Una semana sin alarma
Las dos provincias que iban a repetir elecciones vivían, como el resto del país, bajo el estado de alarma y con las garantías constitucionales en suspenso. El 27 de abril Martínez Barrio y el presidente del Consejo, Manuel Azaña, firmaron un decreto de artículo único, publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente. Desde ese momento cesaba en Cuenca y Granada el estado de alarma y quedaban «restablecidas en su integridad en dichas provincias las garantías constitucionales hasta el día 4 del próximo mes de Mayo».
El Gobierno desconectaba la alarma en dos habitaciones de la casa, durante una semana, para que se pudiera votar sin sirena. El 5 de mayo volvería a sonar en ellas. Y el 17 de mayo, la fecha reservada para una eventual segunda vuelta, otro decreto la prorrogó treinta días más en todo el territorio.
El decreto llevaba fecha del día siguiente a la sesión de Cuenca. Mientras el Gobierno abría la ventana, la Junta ya había cerrado la puerta.
El ocho por ciento
En la Audiencia, terminada la lectura de la lista, José María Álvarez Mendizábal, exministro de Agricultura y candidato centrista, presentó un escrito de reclamación. Lo acompañaba una certificación del oficial mayor del Congreso que recogía el motivo de la nulidad, la falta del 40 %. Después leyó a la Junta la reforma electoral de 1933.
La ley de 27 de julio de 1933 establecía que, si ningún candidato alcanzaba ese porcentaje, «se celebrará una elección complementaria el segundo domingo después de la primera elección». Y añadía la frase decisiva. «En esta elección complementaria sólo se podrán computar votos a los candidatos que en la primera hubieren obtenido el 8 por 100 de los votos válidos escrutados». Para Álvarez Mendizábal el 3 de mayo no era una elección nueva. Era la segunda vuelta del 16 de febrero con diez semanas de retraso. Y a una segunda vuelta sólo podía concurrir quien hubiera pasado el corte en la primera.
La Junta se retiró a deliberar unos minutos y volvió con el acuerdo. Diez votos contra cuatro, incluido el del presidente. Quedaron proclamados siete candidatos. Por el Frente Popular, Albino Lasso, Aurelio López-Malo y Luis García Cubertoret. El propio Álvarez Mendizábal. Y por las derechas Manuel Casanova, de la CEDA, el independiente Enrique Gosálvez y Antonio Goicoechea, jefe de Renovación Española. Fuera quedaron Franco, Primo de Rivera y también varios aspirantes de Izquierda Republicana, de Unión Republicana y del centro.
La regla no distinguía colores. Tenía, eso sí, un problema de calendario. La elección complementaria de 1933 tenía fecha fija, el segundo domingo tras la primera votación, que en 1936 había caído el 1 de marzo. La de Cuenca la había convocado un decreto del Gobierno tras una anulación de las Cortes, y ese mismo decreto preveía su propia segunda vuelta el 17 de mayo. Si el 3 de mayo era ya la segunda vuelta, el 17 habría sido la segunda vuelta de la segunda vuelta. La Junta no se detuvo en esa paradoja. El artículo 5 del decreto le había dejado la llave en la cerradura y la giró.
Risas en el Congreso
Los excluidos acudieron a la Junta Central del Censo, que respondió que sólo el Parlamento podía decidir. El 30 de abril el diputado de Renovación Española Fuentes Pila llevó el asunto al Congreso y habló de una «rebeldía» de la Junta contra el acuerdo de la Cámara. El socialista Rufilanchas, que había sido ponente de las actas de Cuenca, replicó que allí nadie había llegado al 40 % y que tocaba segunda vuelta.
Contestó el ministro de Justicia, Antonio Lara. Empezó a explicar que en el decreto de convocatoria algo se había deslizado «por inadvertencia» y no pudo terminar la frase. En los escaños de la derecha estallaron las risas. «¿De qué se ríen sus señorías?», preguntó el ministro. Después anunció que el Gobierno no intervendría, porque desbordaría sus atribuciones, y que la Cámara sólo podría examinar el acuerdo de la Junta cuando discutiera las actas, una vez celebrada la elección.
José Calvo Sotelo calificó lo ocurrido en Cuenca de «una monstruosidad jurídica». Joan Ventosa, de la Lliga, sostuvo que la Junta podía negarse a proclamar a un candidato, pero que si el sufragio lo favorecía tendría que ser admitido como diputado. Fuentes Pila pidió por proposición no de ley que la Cámara declarara que lo del 3 de mayo era una elección nueva.
El círculo quedó cerrado. La Junta Central remitía al Parlamento, el Gobierno remitía al Parlamento y el Parlamento sólo miraría después. La puerta remitía a la casa y la casa, a la puerta. Esos mismos días se vio en la Cárcel Modelo la causa contra Primo de Rivera y otros ocho dirigentes de Falange por asociación ilegal. El fiscal pidió para cada uno un año y un mes.
El 1 de mayo fue Prieto quien subió al escenario del teatro Cervantes de Cuenca, ante un patio de butacas con camisas rojas y puños en alto. Dijo que no aplaudía los desmanes de aquellos días, porque con ellos se creaba un ambiente fascista.
El domingo de las urnas
El 3 de mayo las mesas se constituyeron sin dificultad en los 293 pueblos de la provincia y a las ocho de la mañana empezó la votación. La candidatura de derechas llevaba a Goicoechea, Gosálvez, Casanova y Primo de Rivera, aunque el presidente de la Junta había dejado claro que sólo se escrutarían los votos de los proclamados. El nombre de Franco ya no estaba. Esa misma mañana la Guardia Civil desenterró, junto al convento que acababan de abandonar los padres paúles, una caja con seis pistolas, seis revólveres, una carabina y nueve bombas cargadas, con la mecha a punto.
A la una de la madrugada, con 105 pueblos escrutados, López-Malo sumaba 33.809 votos y encabezaba al Frente Popular. Casanova, el primero de las derechas, se quedaba en 22.784. Primo de Rivera, el último de la lista, reunía 20.120 papeletas que nadie iba a computar. Él y Goicoechea quedaban derrotados. En Granada la CEDA había retirado a sus candidatos alegando que allí imperaba «un régimen de terror», y el Frente Popular se encaminaba al copo de los trece puestos con Fernando de los Ríos a la cabeza.
El argumento de Ventosa nunca llegó a ponerse a prueba. La urna resolvió lo que ningún tribunal llegó a resolver.
Noventa años después
El 29 de noviembre España vuelve a elegir Cortes. En los próximos días las Juntas Electorales proclamarán las candidaturas, como hizo aquella Junta de Cuenca, pero la última palabra ya no será suya. El artículo 70.2 de la Constitución somete «la validez de las actas y credenciales» de diputados y senadores «al control judicial». Y el artículo 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General da a cualquier candidato excluido dos días para recurrir la proclamación ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, que debe resolver en otros dos, con amparo posterior ante el Tribunal Constitucional en plazos de dos y tres días.
Lo de Cuenca no fue un capricho. Fue una regla de segunda vuelta estirada hasta cubrir una elección repetida, aplicada por una Junta y no por un juez, en un sistema cuyo único revisor era la misma Cámara que había anulado la elección y que había decidido mirar después. A Franco le cerraron la puerta de un escaño con un porcentaje, y nadie con toga llegó a decir si la cerradura era legal.
Hoy esa pregunta tendría respuesta en cuatro días. En 1936 la casa tenía alarma, portero y jueces de sus propias llaves. La pregunta se quedó en el recibidor.
