El Supremo admite que la acción pública en defensa del patrimonio sirve para pedir obligaciones de hacer, pero rechaza el recurso sobre la Colonia de Santa Eulalia, en Sax, porque elegir las medidas corresponde al Ayuntamiento.
Un particular sin ninguna vinculación con la Colonia de Santa Eulalia, el poblado agroindustrial en ruinas entre Sax y Villena, puede pedir en los tribunales que el Ayuntamiento actúe para salvarlo. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo, que sin embargo le niega lo que pedía, un plan de medidas concretas.
En una sentencia de finales de octubre, el alto tribunal fija que la acción pública de la Ley de Patrimonio Histórico Español no se limita a pedir que se anulen actos administrativos y permite reclamar a la Administración obligaciones de hacer. Pero desestima el recurso porque la lista de medidas «específicas y pormenorizadas» que pedía el recurrente desborda ese cauce y convertiría al Ayuntamiento de Sax en «un mero ejecutor» de lo que decide un particular.
La colonia se levantó a finales del siglo XIX como núcleo agroindustrial entre Sax y Villena. Un decreto del Consell la declaró bien de interés cultural en febrero de 2016, con la categoría de espacio etnológico. El recurrente, al que la sentencia no identifica, no es propietario ni interesado y acudió a los tribunales como cualquier ciudadano, amparado en la acción pública.
Casi seis años de pleito
En enero de 2021, el particular presentó ante el Ayuntamiento de Sax un escrito que tituló «reclamación previa de acción pública», con una larga relación de comprobaciones y medidas sobre el estado de conservación de la colonia. El consistorio no contestó, y esa denegación por silencio acabó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante.
El juzgado desestimó la demanda en septiembre de 2022. Su argumento fue que la acción popular no permite al ciudadano «erigirse en decididor» de cómo y cuándo debe actuar la Administración, que trabaja con recursos siempre limitados. En junio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó el fallo y condenó en costas al recurrente.

Según los antecedentes de la causa, la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat ordenó al Ayuntamiento en junio de 2019 incluir el conjunto en el catálogo municipal y requerir a la propiedad medidas de conservación, sobre todo estructurales. En 2020, una de las coherederas comunicó a la Consellería que los inmuebles se habían vendido a terceros entre 1978 y 1980. Eso complicaba saber a quién había que requerir.
El tribunal valenciano añadió que la legislación urbanística autonómica pone un tope al deber de conservación de los propietarios, la mitad del valor de un edificio de nueva planta. También señaló que las órdenes de ejecución dictadas hasta entonces buscaban la seguridad frente a la ruina, no la reparación de los edificios.
Lo que dice el Supremo
El Supremo admitió el recurso en enero de este año para aclarar qué debe hacer la Administración cuando un bien del patrimonio histórico, público o privado, corre peligro de deteriorarse o destruirse. La respuesta favorece primero al recurrente, porque la acción pública del artículo 8 de la ley «no puede quedar restringida» a pedir anulaciones y sirve también para exigir obligaciones positivas.
Después le cierra la puerta. Para el tribunal, un particular que no tiene vinculación con el bien y mantiene «una tenue conexión con el interés general» no puede imponer sus propias medidas. Tampoco le sirve la vía de la inactividad administrativa, porque la acción pública no exime de los requisitos del artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción, que exige una prestación concreta a favor de personas determinadas.
Como doctrina, el tribunal establece que cuando quien ejerce la acción pública propone medidas concretas y exhaustivas, la Administración no puede hacerlas suyas «de modo automático o irreflexivo». Debe comprobar la situación, valorarla con sus técnicos cuando haga falta y adoptar las medidas más útiles para preservar el bien protegido.
En Sax, según la sentencia, el Ayuntamiento hizo las comprobaciones que exige la ley y adoptó medidas, «algunas sustancialmente coincidentes» con las solicitadas. El consistorio alegó en casación que había requerido a los propietarios, ordenado ejecuciones subsidiarias, hecho obras, instado la expropiación e impuesto multas coercitivas. El Supremo no impone a ninguna de las partes las costas de la casación.
El Supremo, que ha resuelto también pleitos como el del alumno de FP dual herido en una empresa o el de la reforma de la Guardia Civil aprobada sin oír a las asociaciones, dictó un día después otra sentencia sobre legitimación. En ella reconoce a vecinos de Almendros, como personas físicas, legitimación para recurrir la autorización de una granja de 2.685 cerdas, aunque no puedan ejercer la acción pública ambiental.
Qué puede pedir un vecino
Con este criterio, quien vea deteriorarse un bien de interés cultural puede comunicarlo a la Administración competente, que está obligada a comprobar la denuncia y actuar. Si no lo hace, puede acudir a los tribunales contencioso-administrativos sin acreditar un interés propio, la misma vía con la que se han anulado, por ejemplo, descuentos municipales reservados a los empadronados.
La ley da a esa Administración varios instrumentos, como la ejecución subsidiaria tras requerir al propietario, los anticipos reintegrables, las obras directas y la expropiación forzosa por incumplir el deber de conservación. Lo que el ciudadano no puede es dictar el catálogo de obras ni elegir el instrumento. El juzgado de Alicante recordó, además, que lo que se pedía a la Consellería debía reclamarse a la Generalitat, no a través del Ayuntamiento.


