Un alumno de un instituto público de Lucena perdió las falanges de dos dedos con una plegadora durante sus prácticas de FP dual en una empresa de frío industrial. El Supremo ha resuelto que de ese daño responde la Administración educativa.
El 24 de enero de 2020, un alumno del ciclo de grado medio de instalaciones frigoríficas y climatización de un instituto público de Lucena (Córdoba) perdió las falanges distales de los dedos corazón y anular de la mano derecha mientras manejaba una plegadora en la empresa de frío industrial donde cursaba la fase práctica de su formación. Casi siete años después, el Supremo ha resuelto que de aquel daño responde la Junta de Andalucía, con un razonamiento que excede la peripecia de un taller cordobés.
La tesis de una sentencia de finales de octubre cabe en una línea y tiene, sin embargo, vocación de doctrina general. La colaboración público-privada no traslada la titularidad del servicio ni, con ella, la responsabilidad que de esa titularidad deriva. El servicio educativo es uno solo aunque buena parte de la enseñanza se imparta en una nave privada, y quien lo presta responde ante el alumno de forma objetiva, sin perjuicio de que después ajuste cuentas con su colaborador.
El camino hasta esa conclusión ilustra una inclinación muy arraigada en la Administración española. La Consejería de Educación y Deporte ni siquiera contestó la reclamación de responsabilidad patrimonial del alumno, que hubo de impugnar ante los tribunales una desestimación por silencio. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la Junta en abril de 2024, con un argumento de apariencia impecable, e impuso al alumno las costas con un tope de 1.000 euros.
Las causas del accidente (una máquina sin sensor que detectase la mano en la zona de corte, la falta de tutela del responsable de la empresa, la ausencia de información sobre el manejo de la plegadora) eran, a juicio de la Sala sevillana, obligaciones que el convenio firmado el 15 de diciembre de 2019 atribuía a la empresa. El instituto había cumplido con la formación teórica previa, y la Administración, concluía, no podía convertirse en aseguradora universal de todos los riesgos del alumnado.
Es la lógica de los compartimentos estancos, por la que cada firmante de un convenio responde de su negociado y el ciudadano queda remitido a averiguar, por su cuenta y riesgo, a cuál debe reclamar. El Supremo la desmonta desde la raíz porque desplaza la pregunta. La cuestión, advierte, no atañe al cumplimiento del convenio, un pacto al que el alumno es por completo ajeno, sino a si el daño se produjo en la prestación de un servicio público.
Y la respuesta está en la propia regulación de la formación profesional dual tal como regía en 2020. El artículo 42 bis de la Ley Orgánica de Educación y el Real Decreto 1529/2012 disponían que el proyecto formativo lo autoriza la Administración educativa, que el convenio se celebra en las condiciones que ella fija y que su desarrollo queda bajo su supervisión. Es la Administración quien elige la empresa y quien envía allí al alumno para recibir una enseñanza reglada que conduce a un título oficial.
De ahí que la empresa colaboradora no pueda ser tratada como un tercero ajeno capaz de romper el nexo causal. El convenio, razona el tribunal, es solo el instrumento del que la Administración se sirve para ejercer una competencia propia, que su firma no altera. Y la doctrina fijada no deja resquicio, porque la acción formativa de la empresa conveniada forma parte del servicio educativo del que es titular la Administración, y los daños que de ella deriven le son imputables.
Lejos de ser una audacia, la sentencia aplica con coherencia un sistema que el Derecho español construyó a mediados del siglo pasado, con la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, bajo la inspiración de Eduardo García de Enterría, y que la Constitución elevó a garantía en su artículo 106.2. Es un régimen de responsabilidad de los poderes públicos que el Supremo viene perfilando en frentes muy distintos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015 lo formula hoy sin ambigüedad, pues obliga a indemnizar toda lesión que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El criterio de imputación es la titularidad del servicio en cuyo seno se produce el daño, y esa titularidad no se diluye porque la Administración decida prestar una parte del servicio en instalaciones ajenas.
Conviene, con todo, no extraer de la sentencia más de lo que dice. El Consejo de Estado dejó establecido en su Memoria de 1998 que en los accidentes escolares la regla es la no responsabilidad y la excepción la imputación, y esa cautela sigue vigente para la caída en el recreo o el tropiezo en el pasillo. El propio Supremo admite que una interferencia relevante de la empresa, de terceros o del alumno podría desvincular el daño del servicio.
Lo que no acepta es que la mera circunstancia de que el accidente ocurra en la nave de la empresa, por actos u omisiones de esta, convierta al colaborador en un extraño. Tampoco que la torpeza del alumno rompa el nexo, porque la impericia, dice la Sala, es consustancial a quien está en formación. Nadie acude a un taller a aprender lo que ya sabe.
Por eso rechaza el reparto del 25 % para la Junta y el 75 % para la empresa que reclamaban las demandadas, y fija la indemnización en 42.313,11 euros, que la Junta y Allianz, su aseguradora de responsabilidad civil, pagarán solidariamente con los intereses legales desde la reclamación. La compañía responderá dentro de los límites de la póliza y sin los intereses de demora agravados de la Ley de Contrato de Seguro, porque el retraso no le es imputable.
La arquitectura resultante se entiende mejor por contraste con la contratación pública. El artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público hace responder al contratista de los daños que cause a terceros en la ejecución del contrato, salvo que deriven de una orden directa de la Administración. En la formación dual no hay contratista que actúe a su riesgo y ventura frente a un tercero, sino un usuario del servicio público y un colaborador que imparte, a instancia de la Administración, una parte de su enseñanza.
Frente al alumno, por tanto, la responsabilidad es una y objetiva. Entre los firmantes, en cambio, el reparto se rige por el convenio y por los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, cuyo artículo 49 exige que todo convenio precise las consecuencias del incumplimiento y, en su caso, los criterios para indemnizarlo. La Administración paga primero y discute después con su colaborador, que es exactamente el orden que la protección del ciudadano reclama.
La trascendencia de la doctrina se aprecia mejor a la luz de la reforma posterior a los hechos. Lo que en 2020 era una modalidad específica es hoy el régimen común. La Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional, dispone en su artículo 55 que toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, con una estancia en la empresa no inferior al 25 % de la duración total de la formación.
La sentencia se dictó con el marco anterior, pero cabe sostener que su razón de decidir (la Administración autoriza, selecciona y supervisa) encaja con mayor naturalidad aún en una ley que habla de corresponsabilidad entre centros y empresas y que encomienda a las Administraciones garantizar el carácter formativo de esa fase. Cada consejería sostiene así, en talleres, naves y oficinas que no gestiona, un riesgo patrimonial que ya no puede tratar como ajeno.
La primera consecuencia es aseguradora. En este pleito convivían dos pólizas, la de responsabilidad civil de Allianz, condenada, y una de accidentes del alumnado con Generali, que quedó al margen porque nadie dirigió acción contra ella. Las Administraciones que aún diseñan sus seguros como si la fase en empresa fuese asunto del empresario harían bien en revisarlos. Canarias, por ejemplo, licitó a comienzos de este año sendas pólizas de accidentes y de responsabilidad civil para el alumnado en prácticas.
La segunda atañe a los convenios, que dejan de ser un formulario de adhesión para convertirse en el instrumento que distribuye el riesgo entre las partes. Y la tercera concierne a las empresas, que harían mal en leer la sentencia como una exoneración. Sus obligaciones preventivas, que el legislador europeo no deja de afinar, siguen intactas, y la Administración conserva la vía del convenio para reclamarles lo que haya pagado por su causa.
Esa vía, sin embargo, no será un trámite. La empresa sostuvo en casación que la plegadora tenía marcado CE, que hubo tutoría, equipos de protección y formación preventiva, que la Inspección de Trabajo no le reprochó nada y que tampoco la jurisdicción penal apreció culpa. Ninguno de esos hechos se ha enjuiciado frente a ella, porque el alumno nunca la demandó, de modo que la Junta tendría que acreditar ahora el incumplimiento que durante todo el pleito atribuyó a la empresa sin que nadie lo enjuiciara frente a ella.
Ahí reside la lección institucional del caso. La Junta calló ante la reclamación, defendió después que el riesgo pertenecía a otro y pidió, en último término, cargar a la empresa tres cuartas partes de la indemnización. Es el reflejo de una Administración que concibe la colaboración privada como un modo de externalizar no solo la ejecución, sino también la responsabilidad, y no es la única ocasión reciente en que la Sala examina cómo entienden las Administraciones sus propios deberes.
Queda por ver si la Junta ejercitará la acción que el convenio le reserva, y lo que haga dirá si ha entendido la sentencia o se ha limitado a acatarla. Bonifacio VIII recogió en el Liber Sextus (1298) una vieja regla de derecho, la de que quien obra por medio de otro obra por sí mismo. Siete siglos después, el Supremo ha tenido que recordársela a una Administración que creyó que bastaba firmar un convenio para que la lección impartida en una nave ajena dejara de ser suya.
