El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anula los descuentos del 60, 50 y 20 por ciento ligados al padrón, que no atendían a la capacidad económica. El Ayuntamiento ya ha empezado a suprimirlos
Los dueños de una segunda residencia en Liendo pagaban por el agua hasta dos veces y media lo que sus vecinos empadronados. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado esos descuentos en siete sentencias del 28 de octubre.
Las ordenanzas fiscales del municipio rebajaban un 60 % la tarifa del agua, un 50 % la de alcantarillado y un 20 % la de recogida de basuras a las viviendas de «primera residencia y de carácter permanente». La única prueba que se pedía era figurar en el padrón. Quien tenía allí una vivienda sin estar empadronado pagaba la tarifa completa.
El tribunal concluye que el empadronamiento era el único criterio para conceder la rebaja y que no guardaba relación alguna con la capacidad económica de quien paga. Esa diferencia de trato vulnera el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que exige la misma tarifa a quienes reciben el mismo servicio.
Son siete sentencias del mismo día, una por cada recurso, con idéntico razonamiento y el mismo fallo. Todas anulan los tres preceptos que recogían los descuentos y dejan intacto el resto de las ordenanzas, como había pedido el propio Ayuntamiento para acotar el alcance de la nulidad.
El descuento solo cabe si depende de la renta
El Reglamento de Servicios sí permite tarifas reducidas, pero solo en beneficio de sectores económicamente débiles. El Ayuntamiento no aprobó ninguna rebaja por ese motivo. El descuento alcanzaba a cualquier empadronado, tuviera una vivienda o varias, y dejaba fuera a cualquier propietario no censado. Para el tribunal, esa diferencia de trato es «totalmente artificiosa e injustificada».
El Supremo ya rechazó en 2012 que el precio del agua dependiera del empadronamiento, con cita de un caso de 2006 en el que el metro cúbico oscilaba entre 75 y 275 pesetas según ese criterio. En 2019 añadió que estas bonificaciones deben ser objetivas, razonables y vinculadas a la capacidad económica.
El mismo tribunal cántabro anuló en 2025 la tarifa de la piscina municipal de Torrelavega, que también distinguía entre empadronados y no empadronados. El criterio vale para cualquier tasa local, del agua a las instalaciones deportivas. El dueño de una segunda residencia paga lo mismo que el vecino censado, salvo que la rebaja atienda a su renta.
La capacidad económica es la medida que la Constitución fija para todo el sistema tributario, desde una tasa de basuras hasta el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Los beneficios fiscales que tratan de forma distinta a unos contribuyentes y a otros acaban a menudo en los tribunales, como la deducción riojana para nuevos agricultores que anuló el Tribunal Constitucional.
El Ayuntamiento quería esperar a su propia reforma
El Pleno municipal acordó el 30 de septiembre iniciar la modificación de las tres ordenanzas para suprimir los descuentos. Con ese acuerdo, el Ayuntamiento pidió al tribunal que suspendiera el procedimiento hasta que la reforma entrara en vigor y que después lo archivara por carencia sobrevenida de objeto, sin costas.
El tribunal rechaza las dos peticiones. La reforma no está aprobada de forma definitiva ni publicada, y esperar a ella supondría, según la sentencia, consolidar situaciones jurídicas en el tiempo. Tampoco cabe archivar el caso, porque los preceptos no se han modificado ni suprimido de forma definitiva.
Los siete pleitos los llevó el mismo abogado y empezaron en el Tribunal de Instancia de Santander. En uno de ellos se recurrían los padrones del segundo trimestre de 2025. El juzgado dio la razón al recurrente y, como su fallo descansaba en la ilegalidad de las ordenanzas, elevó en septiembre la cuestión al tribunal superior, el competente para anularlas con carácter general.
Cuando las sentencias sean firmes, la Ley de Haciendas Locales obliga al Ayuntamiento a ajustar a ellas todo lo que haga desde la notificación. Los recibos que se pagaron sin recurrirlos se mantienen, porque la ley conserva los actos firmes o consentidos salvo que la sentencia diga lo contrario, y estas no lo dicen.
Los tribunales autonómicos también han corregido a los ayuntamientos en otros asuntos de vivienda, como la multa de 60.001 euros por un piso turístico que impuso el de Barcelona y que el TSJ de Cataluña anuló porque la notificación no estaba acreditada.
No hay condena en costas. Contra las sentencias cabe recurso de casación, que debe prepararse ante el propio tribunal en los treinta días siguientes a su notificación. La supresión de los descuentos en las ordenanzas sigue pendiente de aprobación definitiva y de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
