Las comunidades pueden dejar sin Religión segundo de Bachillerato

Publicidadspot_img

El Supremo avala el currículo de Aragón, que solo oferta la asignatura en primero y con dos horas lectivas más para quien la elige. Eso sí, la Administración debe explicar por qué la suprime.

Los alumnos aragoneses que eligen Religión en primero de Bachillerato tienen 31 periodos lectivos semanales y los demás, 29; en segundo, la asignatura ya no se oferta. El Tribunal Supremo ha dado por buenas las dos cosas al rechazar el recurso de los profesores de Religión.

El Supremo ha confirmado, en una sentencia de principios de noviembre, que el Gobierno de Aragón puede ofrecer la asignatura de Religión solo en primero de Bachillerato, y hacerlo además con dos periodos lectivos más para quien la elige. La resolución rechaza el recurso de la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPRECE) y fija sobre el segundo curso una doctrina que el tribunal no había formulado hasta ahora.

Publicidad

Lo que la Sala declara, en un asunto donde se cruzan un tratado internacional, dos leyes orgánicas y las administraciones educativas de diecisiete comunidades, es que la garantía pactada con la Santa Sede en 1979 nunca aseguró por sí sola la Religión en cada curso, y que lo que la sostenía en segundo de Bachillerato era una ley que ya no existe. Derogada esa ley, la decisión pasa a cada comunidad, con un único límite formal, el de explicar por qué.

El punto de partida es el artículo II del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 por Marcelino Oreja Aguirre (ministro de Asuntos Exteriores entre 1976 y 1980) y el cardenal Jean Villot (secretario de Estado de la Santa Sede entre 1969 y 1979). Obliga a incluir la religión católica en los planes de Preescolar, EGB y BUP «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales», siempre con carácter voluntario para el alumno.

El tratado habla de niveles y no de cursos, y su protocolo final prevé que lo convenido valga para las realidades educativas equivalentes que traigan las reformas del sistema escolar. Así ha entendido siempre el Supremo que el viejo BUP se corresponde con el Bachillerato actual, y así ha sostenido también, con una constancia que conviene subrayar, que el artículo II solo puede interpretarse con precisión a través de las normas internas que España dicta para ejecutarlo.

Esa lectura no rebaja el rango del Acuerdo, que forma parte del ordenamiento interno desde su publicación conforme al artículo 96.1 de la Constitución y que da cuerpo al derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones (artículo 27.3). Pero sí entrega al legislador orgánico la llave de su contenido concreto, y de esa entrega depende todo lo que vino después.

Con la reforma educativa de 2013, la que impulsó José Ignacio Wert (ministro de Educación, Cultura y Deporte entre diciembre de 2011 y junio de 2015), y con el real decreto que la desarrolló al año siguiente, la Religión figuraba entre las asignaturas específicas del Bachillerato y era, como recuerda ahora el tribunal, de oferta obligatoria en los dos cursos. El alumno escogía entre dos y tres de esas materias, y la Religión tenía que estar en la lista.

Aragón ya intentó entonces apartarla del segundo curso. Su currículo de 2016 la relegaba fuera del horario lectivo, los obispados aragoneses y la propia APPRECE lo recurrieron, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló la regla en 2017 y el Supremo confirmó la anulación en 2019. La ley, dijo entonces, obligaba a incluir la Religión también en segundo «salvo que razones derivadas de la programación y de la oferta educativa, debidamente explicadas, justifiquen no hacerlo».

La reforma de 2020, la que impulsó Isabel Celaá (ministra de Educación y Formación Profesional entre junio de 2018 y julio de 2021), derogó aquel bloque. El real decreto de enseñanzas mínimas de 2022 ya no sitúa la Religión entre las materias comunes ni entre las de modalidad, y el Supremo la reconduce al régimen de las optativas, cuya oferta regula cada administración educativa con una sola exigencia expresa, la de incluir al menos una segunda lengua extranjera.

Sobre ese terreno aprobó Aragón su currículo de agosto de 2022. La Religión se oferta en primero y desaparece de segundo, y quien la elige suma 31 periodos lectivos semanales frente a los 29 de sus compañeros, mientras que en segundo el horario es de 30 periodos para todos. La propia orden permite a los centros con transporte escolar proponer otra manera de organizar ese periodo adicional.

La asociación recurrente planteó dos quejas y en las dos partió de concesiones que pesaron en el resultado. Admitió en su escrito que la ley vigente no obliga a crear una asignatura alternativa en Bachillerato, y admitió también que dejar de ofertar Religión en segundo podía justificarse si la carga se concentraba en primero. Lo que combatía era la diferencia de dos horas, que a su juicio discrimina y disuade de elegir la materia.

El tribunal responde a la primera queja con una doctrina ya conocida en lo esencial. La normativa básica no impone una asignatura alternativa a quienes no eligen Religión, y frente al desequilibrio horario las administraciones pueden no prever nada, prever tiempo de estudio o atención educativa u ofrecer otras optativas. Es lo que el Supremo dijo hace un año al dar la razón a Asturias frente al Arzobispado de Oviedo, en un caso con una hora semanal de diferencia.

La objeción de fondo merecía, sin embargo, algo más que una remisión. El mismo artículo II del Acuerdo ordena a las autoridades académicas evitar que recibir o no la enseñanza religiosa suponga discriminación alguna, y dos periodos semanales más no son un dato neutro para un alumno de dieciséis años. La Sala lo reconduce a la discrecionalidad reglamentaria de Aragón, recuerda que los jueces no pueden redactar el reglamento en lugar de la Administración y añade que los centros pueden atenuar buena parte de esos efectos.

La segunda doctrina es la nueva. La normativa básica no obliga a ofertar Religión en segundo de Bachillerato, «si bien no hacerlo no exime de razonarlo» al elaborar el currículo. La fórmula conserva el eco de 2019, pero invierte su arquitectura. Entonces la oferta era la regla impuesta por la ley y su ausencia una excepción que había que justificar, y ahora la ausencia es una opción legítima y la justificación desciende al deber general de motivar los reglamentos.

Ese deber tiene contenido. El propio Supremo lo hizo valer este otoño al anular el decreto de universidades porque el Gobierno no justificó su urgencia. La razón de una disposición general se busca en su preámbulo, en la memoria que la acompaña o en el expediente, y una consejería que suprima la Religión en segundo tendrá que dejar escritas allí las razones de programación y de oferta que la llevan a hacerlo.

Y, sin embargo, el límite que el tribunal acaba de fijar no se ha aplicado al caso que lo ha originado. El recurso se desestima porque la asociación nada alegó sobre las razones de la Administración aragonesa, «si es que se explicitaron», y se limitó a discutir el ejemplo que había apuntado el auto de admisión. El Supremo no ha comprobado si Aragón motivó la supresión; ha comprobado que nadie le pidió que lo hiciera.

Dos sentencias no hacen una línea, pero la coincidencia advierte de algo. A finales de octubre la misma Sala avaló la reforma de la Guardia Civil aprobada sin oír a sus asociaciones, porque la recurrente no concretó cómo dañaba la carrera de los agentes. En ambos casos la garantía existe en la ley y en la doctrina, y en ambos su eficacia queda pendiente de la pericia argumental de quien la invoca.

El tribunal deja anotado, además, un retrato del mapa que conviene no perder de vista. La mayoría de las comunidades ofrece hoy Religión en los dos cursos de Bachillerato, y las soluciones para quienes no la eligen van desde una asignatura alternativa hasta el tiempo de estudio, la elección entre optativas o la libre decisión de cada centro. La sentencia no obliga a ninguna a moverse, pero las autoriza a todas a hacerlo.

La doctrina es coherente con la ley vigente, y sería un error presentarla como una derrota de la enseñanza religiosa o como una victoria de quienes quieren expulsarla de la escuela. Lo que revela es más estructural. Un compromiso internacional que solo se lee a través de la ley que lo desarrolla acaba teniendo, en la práctica, la altura de esa ley, y cuando el legislador orgánico retira la garantía lo que queda en pie es la obligación de una consejería de dar razones.

Hay en ello una paradoja histórica que el lector de hoy no debería pasar por alto. El Acuerdo se firmó cinco días después de que entrara en vigor la Constitución, y su forma de tratado parecía situar la enseñanza religiosa a resguardo de las mayorías parlamentarias, en una relación jurídica entre la Iglesia y el Estado que los tribunales siguen revisando en terrenos tan alejados como el libro de bautismo. Cuarenta y siete años después, ese resguardo se mide curso a curso.

El siguiente paso corresponde a las comunidades que hoy mantienen la asignatura en segundo, que pueden seguir a Aragón en su próxima revisión del currículo. Si lo hacen, tendrán que explicar en el procedimiento por qué concentran la materia en un solo curso, cómo compensan la carga lectiva desigual y por qué esa solución respeta la prohibición de discriminar del artículo II.

Quien quiera impugnarlo, sea una asociación de profesores o un obispado, sabe ya que el pleito se libra en la memoria del reglamento y no en el texto del tratado, porque un deber de motivar que nadie examina vale lo mismo que una garantía que nunca se escribió.

Laura Barquilla Torres
Laura Barquilla Torres
Laura Barquilla Torres es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y analista de actualidad jurídica e institucional en The Digital Law, donde firma los artículos de fondo. Sigue la independencia judicial, las reformas legislativas y los choques entre el Estado de derecho y la política del momento, siempre a partir de la resolución, el informe o el texto legal que los origina.
Publicidad
Publicidadspot_img

Actualidad Jurídica

Comunidad The Digital Law

+ 1,9 M
Usuarios
+ 1,2 M
Consultas Resueltas
+400
Abogados y Colaboradores