La ausencia o carencia de información relevante es susceptible de provocar responsabilidad por pérdida de oportunidad o por daño moral autónomo, al vulnerar el derecho del paciente a decidir libremente, aunque la praxis empleada sea correcta.
El consentimiento informado constituye una de las principales garantías del derecho del paciente a decidir libremente si desea someterse a una actuación médica que pueda afectar a su salud. Su importancia trasciende la mera formalidad documental, pues exige que quien ha de decidir reciba información suficiente, comprensible y adecuada sobre los riesgos, consecuencias y alternativas de la intervención propuesta.
El alcance de este deber de información y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento han sido objeto de análisis en numerosas resoluciones judiciales. Entre ellas destacan la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 948/2011, de 16 de enero de 2012, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears 404/2026, de 30 de junio, que abordan las consecuencias indemnizatorias de un consentimiento informado insuficiente desde dos perspectivas diferentes: la pérdida de oportunidad y el daño moral autónomo derivado de la vulneración del derecho a la autonomía del paciente.
El consentimiento informado exige algo más que un formulario
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establece que toda actuación sanitaria requiere, con carácter general, el consentimiento libre y voluntario del paciente.
A estos efectos, sus artículos 8 y 10 disponen que, antes de recabar el consentimiento escrito para una intervención, el facultativo debe informar al paciente sobre sus consecuencias relevantes, los riesgos relacionados con sus circunstancias personales y aquellos que resulten probables conforme a la experiencia y al estado de la ciencia, así como sobre las contraindicaciones de la actuación médica.
La firma de dicho documento no acredita, por sí sola, el adecuado cumplimiento de este deber legal. Lo determinante es que el proceso de información permita al paciente conocer los riesgos asociados a la intervención y valorar sus posibles consecuencias antes de prestar su consentimiento.
El Tribunal Supremo reconoce una pérdida de oportunidad indemnizable pese a la ausencia de negligencia médica
La citada sentencia del Tribunal Supremo analiza el caso de un paciente que sufrió graves secuelas neurológicas, incluida una tetraplejia, tras someterse a una intervención de discectomía cervical. Aunque no se acreditó negligencia en la ejecución de la operación, el Alto Tribunal constató que el documento de consentimiento informado carecía de la firma del paciente y no recogía los riesgos específicos de la intervención, entre ellos la grave complicación neurológica que finalmente se materializó.
El Tribunal Supremo precisó que la responsabilidad del facultativo no derivaba de una actuación quirúrgica negligente, sino de haber privado al paciente de la posibilidad de decidir si deseaba someterse a la intervención conociendo sus riesgos. Por tanto, la indemnización no debía responder directamente a las lesiones sufridas, sino a la pérdida de oportunidad ocasionada por la omisión del deber de información.
Para valorar dicha pérdida de oportunidad, en la referida sentencia se tuvo en cuenta que la intervención era clínicamente aconsejable, aunque no existía una necesidad vital de practicarla, así como el estado previo de salud del paciente, el fracaso del tratamiento conservador y la escasa probabilidad de que se produjeran las complicaciones finalmente sufridas.
En consecuencia, ante la incertidumbre sobre la decisión que habría adoptado el paciente de haber sido debidamente informado, el Tribunal Supremo fijó una indemnización de 254.977,45 euros, equivalente al 50 % de la cantidad que le habría correspondido por una mala praxis médica acreditada.
El TSJ de Illes Balears reconoce 20.000 euros en concepto de daño moral aun existiendo un documento de consentimiento informado y una praxis médica adecuada
La citada sentencia, dictada en un procedimiento en el que ha intervenido nuestro despacho, analiza el caso de una paciente que sufrió secuelas visuales a raíz de las complicaciones surgidas durante una operación de cataratas.
La paciente fundamentó su reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria en la existencia de una presunta mala praxis médica y, subsidiariamente, en el incumplimiento del deber de información previo a la intervención. Tras examinar las pruebas aportadas, la Sala rechazó la existencia de negligencia en la actuación de los facultativos, al entender que el procedimiento quirúrgico se había ajustado a los protocolos médicos aplicables.
Sin embargo, estimó la pretensión subsidiaria, al constatar que el documento de consentimiento informado era genérico, no recogía los riesgos específicos de la operación y no había sido firmado personalmente por la paciente. Asimismo, la Administración sanitaria tampoco acreditó que se le hubiera proporcionado verbalmente información suficiente sobre las posibles complicaciones.
El Tribunal concluyó que estas deficiencias vulneraban el derecho a la autonomía de la paciente y constituían un daño moral autónomo indemnizable, con independencia de la correcta ejecución de la intervención. Por ello, reconoció una indemnización de 20.000 euros, más los intereses legales correspondientes, aun habiendo descartado la existencia de mala praxis quirúrgica.
En consecuencia, aunque ambas resoluciones muestran que el deber de información constituye una obligación esencial de la asistencia sanitaria, es necesario distinguir la pérdida de oportunidad, relacionada con la posibilidad de haber tomado una decisión diferente y haber evitado el resultado dañoso, del daño moral autónomo derivado de la vulneración del derecho a decidir libremente.
