En octubre de 1901 un jurado de Madrid juzgó a una vecina de la calle de Téllez por matar de un tiro a otra mientras sobre la mesa del relator descansaba un revólver Smith que no era el Galand del crimen.
Madrid, abril de 1900. La ciudad lleva cuatro meses discutiendo si ha empezado o no un siglo nuevo, y en la calle de Téllez nadie tiene tiempo para esas cuentas. Allí, junto a las vías que bajan hacia Atocha, el ensanche se vuelve barrio obrero sin pedir permiso y las casas de vecindad crecen como colmenas de ladrillo, con sus corredores de madera abiertos al patio. Cuartos de una pieza. Un fogón, un catre, una palangana. Puertas que dan a una galería común donde se tiende la ropa, se vigila a los críos y se escucha, quiera uno o no, todo lo que pasa detrás de cada tabique.
En una de esas casas, la del número 2, viven dos mujeres que no se pueden ver. Basilisa Pérez y Casimira Garrido han reñido otras veces, y siempre ha tenido que meterse alguna vecina para que la cosa no pasara a mayores. El 24 de abril de 1900 vuelven a las andadas por los juegos de los niños. Hay palabras gruesas, de las que se oyen de una punta a otra del corredor. Al poco rato suena un tiro.
Casimira cae herida. Tardará dos días en morir.
Hasta aquí, un suceso más de los que llenaban las crónicas de aquel Madrid de navajas, vino y mantones perdidos en las riñas de madrugada. Lo que convirtió a Basilisa en un caso fue lo que ocurrió año y medio después ante un jurado, cuando un médico se presentó en la sala con media docena de alfileres preparados para clavárselos y sobre la mesa del relator apareció un revólver que no era el del crimen.
Dos versiones y una puerta
La acusación lo contaba así. Tras la disputa, Casimira salió de su cuarto llevando a un niño de la mano. Basilisa la esperaba escondida detrás de la puerta de su habitación, con un revólver cargado con tres cápsulas, y le disparó. Para el ministerio fiscal aquello tenía nombre técnico, alevosía, y la alevosía convertía el homicidio en asesinato, un delito que el Código Penal de 1870 castigaba con penas que podían llegar hasta la muerte.
Basilisa contaba otra historia. Nada de corredor ni de emboscada. Todo había pasado dentro de su propio cuarto. Poco antes había echado de allí a unos muchachos de Casimira que entraban a molestarla, y la madre se había presentado detrás de ellos armada de un palo para pegarle. Entonces disparó. Si a la herida la encontraron fuera, añadía, fue porque su marido la sacó al corredor.
Eran dos geografías para un mismo tiro. En la primera, una madre camina con su hijo y la muerte la aguarda agazapada tras una hoja de madera. En la segunda, la víctima es la agresora y cruza un umbral ajeno con un palo en la mano. Entre una versión y otra mediaba exactamente el grosor de una puerta, y de ese marco dependía la distancia entre el garrote y unos años de presidio.
La tarde de la sección segunda
El juicio empezó la tarde del lunes 21 de octubre de 1901 en la Sección segunda de lo criminal de la Audiencia de Madrid, con la sala llena de público. Desde la ley de 1888 los delitos graves los juzgaba el jurado, doce vecinos que no fijaban la pena sino los hechos, contestando sí o no a las preguntas escritas del tribunal. Después, tres magistrados de carrera traducían esas respuestas a años de cárcel. Presidía Becerra del Toro. Defendía el señor Doval.
Cuando el presidente le dirigió las preguntas de rigor, las generales de la ley, Basilisa sufrió un ataque de histerismo que los médicos presentes certificaron allí mismo. Tuvo que declarar sentada, porque su estado hacía poco menos que imposible que se mantuviera en pie. Desde ese instante Madrid tuvo un nombre para ella. Ya no era la vecina de la calle de Téllez. Era la histérica.
Los médicos que comparecieron a instancias del fiscal explicaron la herida con frialdad de anatomía. El orificio de entrada estaba en la clavícula izquierda, la trayectoria iba de abajo arriba y la bala había alcanzado la columna vertebral, lo que hacía la lesión mortal de necesidad. Añadieron un detalle que casaba mal con la imagen de una emboscada desde detrás de una puerta, aunque una puerta entornada admite muchas geometrías. Según ellos, agresora y víctima estaban casi de frente.
Seis alfileres para medir un alma
Llegó el turno de la defensa, y con ella la ciencia de su tiempo. Los doctores Maestre y Cifuentes sostuvieron que aquel era un verdadero caso de irresponsabilidad. El Código de 1870 eximía de pena al loco y al imbécil, salvo que hubieran obrado en un intervalo de razón, y la histeria ofrecía un atajo hacia esa exención. Charcot la había convertido en espectáculo clínico en la Salpêtrière, y entre los estigmas que su escuela atribuía a la histérica figuraba la insensibilidad, zonas de la piel donde un pinchazo no dolía. Si Basilisa no sentía el dolor, venía a decir la defensa, tampoco gobernaba del todo su mano.
El doctor Maestre no se conformó con afirmarlo. Pidió permiso al tribunal para hacer con la procesada algunos experimentos, que consistían en clavarle media docena de alfileres que llevaba dispuestos al efecto. Aseguró que la operación no tenía nada de repugnante. La Sala no lo vio igual y denegó la prueba.
Doval pidió que constara su protesta en el acta, el gesto con que los abogados dejaban abierta la puerta de la casación cuando se les negaba una diligencia. Y Maestre hizo lo único que le quedaba. Se volvió hacia los señores del jurado y les enseñó los alfileres y las agujas que había preparado.
Hizo bien la Sala. Un cuerpo sentado en el banquillo no es una mesa de laboratorio, y el tribunal que pincha a la acusada para ver si grita ha dejado de juzgarla para empezar a exhibirla. Pero la prueba denegada entró en la sala igualmente, por los ojos. Doce hombres que jamás habían oído hablar de la Salpêtrière vieron brillar las agujas en la mano del médico e imaginaron lo que no se les había permitido ver. A veces la prueba más eficaz es la que nunca llega a practicarse.
El revólver que no era
Faltaba el arma. Los peritos armeros comparecieron, miraron el revólver que descansaba sobre la mesa del relator y no lo reconocieron. El que se les había mostrado a raíz del suceso, dijeron, era de sistema Galand. El que tenían delante era un Smith. Añadieron, eso sí, que con uno y con otro se podía matar a una persona, lo cual era cierto y no resolvía nada.
El relator acabó dando la explicación. En la causa no constaba el número del arma, y se había llevado a la sala la que más coincidía con la descripción del sumario. Así, sin más. Un revólver por otro, como quien descuelga del perchero el abrigo que más se parece al suyo.
Procesalmente el desliz pesó poco. Basilisa nunca negó haber disparado, y lo que el jurado tenía que decidir era desde dónde y por qué, no con qué. Pero el detalle retrata a una justicia que guardaba las piezas de convicción como se guardan las llaves viejas en un cajón, sin etiqueta y fiándolo todo a la memoria. El tribunal sabía quién había disparado. No sabía con qué. Hoy eso se llama cadena de custodia y los tribunales la examinan con lupa. En 1901 se resolvía con buena voluntad y un parecido razonable.
Culpable a medias
La vista se alargó más de lo previsto. El 23 de octubre el presidente pronunció su resumen, enérgico e imparcial, y los jurados se retiraron a deliberar. A las cuatro y media de la tarde se leyó el veredicto. Culpable. Pero no de asesinato. El jurado negó la alevosía, de modo que la emboscada tras la puerta se quedó en homicidio. Y respondió que sí a algo que pocos esperaban, que en el ánimo de Basilisa había obrado un miedo insuperable, junto con otras dos circunstancias que atenuaban su culpa.
El fiscal, que pedía once años, no aceptó que aquel miedo bastara para eximirla, porque a su juicio la pregunta no recogía los elementos necesarios para calificarlo de insuperable. La defensa sostuvo hasta el final que todo había sido una imprudencia temeraria cometida bajo el miedo. El tribunal de derecho tomó un camino intermedio. Condenó a Basilisa Pérez a nueve años y un día de prisión mayor, con las atenuantes muy cualificadas de falta de intención y miedo insuperable.
La cuenta tiene su lógica. El homicidio se castigaba con reclusión temporal, de doce años y un día a veinte. Con atenuantes de ese peso y ninguna agravante, el Código permitía bajar la pena de grado, y así se llegaba a la prisión mayor. El miedo que no alcanzó para absolverla sirvió para restarle años. El jurado le creyó a medias. Y a medias la condenó. El palo de Casimira, del que solo hablaba la acusada, pesó en el veredicto más que el revólver que todos tuvieron delante.
Aquel mismo lunes
La misma mañana en que empezaba el juicio, el ministro de Gracia y Justicia, Julián García San Miguel, llevó a la firma de la Reina Regente María Cristina un puñado de decretos. Uno indultaba a Isabel Izquierdo Gutiérrez, condenada por la Audiencia de Albacete a reclusión perpetua por parricidio, que salía libre después de treinta años cumplidos con buena conducta, como permitía el Código. Otro era un proyecto de ley de bases para reformar el juicio por jurados. Al día siguiente el indulto ya estaba en la Gaceta.
Dos mujeres, dos muertes y un mismo ministro firmando el mismo día. Una salía de la cárcel tras toda una vida dentro. La otra estaba a punto de entrar con el siglo recién estrenado. Y el Estado, que perdonaba con una mano, revisaba con la otra el tribunal de vecinos que iba a juzgar a la segunda.
Basilisa solo volvió a aparecer con nombre propio una vez. En julio de 1902, al hacer balance del año judicial, su nombre encabezaba la lista de las mujeres que se habían sentado en el banquillo acusadas de homicidio o asesinato, convertidas ya en un tipo madrileño más, como los matuteros o los borrachos de taberna.
Los alfileres se fueron con el doctor Maestre sin haber tocado la piel de nadie. El revólver Smith regresó al lugar de donde lo habían sacado por parecido. Del Galand, el único testigo que estuvo en aquel corredor y sabía de verdad a qué lado de la puerta se disparó, nunca más se supo.
