El trabajador readmitido por la nueva contrata debe devolver la indemnización de la anterior

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Un empleado que preparaba y limpiaba los coches de Europcar en Málaga tendrá que devolver a Acciona los 4.308 euros que cobró al ser despedido en 2021. El Supremo entiende que su contrato nunca se extinguió, porque la empresa que heredó el servicio estaba obligada a quedárselo

El Tribunal Supremo ha cerrado un pleito que llevaba cinco años en los juzgados de Málaga con una regla sencilla de enunciar y con mucho recorrido en el sector servicios. Si la nueva contrata estaba obligada a quedarse con la plantilla, la indemnización que pagó la saliente al despedirla no pertenece al trabajador. Así lo resuelve en una sentencia de octubre, que condena al empleado a reintegrar 4.308 euros a Acciona Multiservicios.

La situación se repite cada vez que una empresa pierde un servicio y la que lo gana se niega a subrogarse, es decir, a asumir a los trabajadores con sus mismos contratos. La saliente se queda con una plantilla sin destino y la despide por si acaso. El Supremo aclara ahora qué pasa con ese dinero cuando un juez declara después que la entrante tenía que haberse quedado con todos.

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Un servicio, tres contratas y dos despidos

Europcar subcontrataba en Málaga la recogida, el traslado, la preparación y la limpieza de su flota de alquiler. Citius Solutions prestó el servicio hasta el 20 de enero de 2020; Acciona, desde el día siguiente hasta el 5 de abril de 2021, y Lavados Transfermané, desde el 6 de abril. El trabajador entró en Acciona el mismo día en que esta asumió la contrata.

El día del relevo, Acciona envió por correo a Lavados los datos de la plantilla adscrita al servicio y le preguntó si iba a subrogarse. La respuesta llegó esa misma jornada y fue negativa. Acciona abrió el 19 de abril un despido colectivo, el procedimiento conocido como ERE, cuyo periodo de consultas terminó sin acuerdo el 17 de mayo. El 24 de mayo extinguió el contrato e ingresó al empleado 4.308 euros.

Los trabajadores demandaron a las tres empresas. Un juzgado de Málaga apreció en diciembre de 2021 sucesión de empresa, la figura del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que obliga al nuevo titular de una actividad a quedarse con la plantilla cuando recibe con ella los medios para prestarla. El contrato de Lavados preveía usar la campa del aeropuerto y el material de Europcar. Fue condenada a readmitir y a pagar los salarios desde el 6 de abril.

Aquel juzgado anuló también los despidos de Acciona y ordenó compensarle o devolverle las indemnizaciones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revocó esa parte en noviembre de 2022, al entender que iba más allá de lo pedido, y absolvió a Europcar, condenada en primera instancia por fraude de ley. La demanda del empleado contra el despido de Acciona se tuvo por desistida en marzo de 2024.

Acciona conocía el problema desde el otro lado. Cuando entró en la contrata en 2020 se negó a subrogar a la plantilla de Citius, y los tribunales malagueños la condenaron en 2021 a readmitirla al considerar que había recibido una unidad productiva completa. El mismo servicio cambió dos veces de manos y las dos acabó en los juzgados por la misma razón.

Por qué el dinero tiene que volver

El Supremo parte de una idea que formula sin rodeos: la indemnización se cobra cuando el contrato se extingue, no cuando, lejos de extinguirse, se mantiene. Para la Sala, la relación de este empleado siguió viva sin interrupción desde enero de 2020. Lo único que cambió el 6 de abril de 2021 fue el empleador, que pasó de ser Acciona a ser Lavados.

De ahí sale la consecuencia decisiva. El 24 de mayo, cuando Acciona ejecutó el despido colectivo, ya no era la empleadora, y en cualquier caso no cabía despedir a nadie porque la subrogación era obligatoria para la entrante. La extinción que Acciona dice haber promovido de forma cautelar no pudo producir efectos, y la indemnización se quedó sin causa que la justificara.

El tribunal refuerza el argumento con el artículo 123.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, según el cual, cuando procede la readmisión, el trabajador «habrá de reintegrar la indemnización percibida una vez sea firme la sentencia». La norma parte de que readmitir e indemnizar son incompatibles, y la Sala recuerda que la ley procesal tampoco admite cobrar dos cantidades por un mismo periodo.

La vía para recuperar el dinero es el cobro de lo indebido del artículo 1895 del Código Civil, que obliga a restituir lo recibido sin derecho a cobrarlo. El Estatuto no regula los pagos laborales indebidos, y el Supremo ya fijó en 2025 que en esos casos se aplica el Código Civil. La sentencia admite que Acciona pagó de buena fe, pero el pago perdió su razón de ser.

El empleado alegó que la devolución debía haberse discutido en el pleito contra Lavados. El Supremo responde que eso hizo el juzgado en 2021 y que fue el Tribunal Superior quien lo deshizo. Una sentencia del tribunal asturiano de 2019 había llegado a la solución contraria en un caso comparable, y esa contradicción abrió la vía de la unificación de doctrina. La Fiscalía apoyó la devolución.

El ERE por si acaso sale casi gratis

Para la contrata saliente, la lectura es clara. El despido colectivo cautelar ante una entrante que se niega a subrogar deja de ser un coste definitivo. Si los jueces niegan la sucesión, el despido ya está hecho; si la aprecian, la saliente recupera lo pagado. Acciona lo planteó así desde el principio: el 6 de abril ya comunicó al comité que abría un despido colectivo cautelar.

Pero ese casi pesa. Acciona pagó en mayo de 2021 y no ha tenido una sentencia firme a su favor hasta octubre de 2026, tras un juzgado, el Tribunal Superior y el Supremo solo en la reclamación de cantidad. Y una reclamación así se dirige contra cada trabajador, por importes modestos y frente a personas que pueden haber gastado el dinero hace años.

La sentencia se suma a otras recientes del Supremo que tocan el día a día de las empresas que trabajan para terceros, como las que han abordado las cuotas duplicadas de cedente y cesionaria, la fecha de la papeleta para reclamar la fijeza por cesión ilegal, el bonus de Regus o cómo cuenta la Inspección a los trabajadores repartidos en dos actas.

Qué debe revisar una empresa que pierde o gana una contrata

La saliente debe dejar rastro escrito de todo. Acciona envió los datos de la plantilla el mismo día del relevo y conservó la negativa por correo, y esos documentos sostienen hoy su reclamación. Si opta por despedir, conviene que deje constancia del carácter cautelar de la medida y del motivo del pago, porque sobre esa causa se decidirá después si el dinero vuelve.

La entrante tiene que mirar qué recibe además del servicio. En Málaga la sucesión no derivó del convenio, sino del propio Estatuto, porque con la actividad pasaron los medios que la hacían posible. La negativa se calificó como despido nulo, con readmisión y salarios desde el día siguiente al relevo, y dejó sin efecto el despido que había hecho la saliente.

El cliente tampoco queda al margen. Europcar llegó a ser condenada antes de ser absuelta, y el uso de su campa y de su material por la nueva adjudicataria fue uno de los datos que pesaron para apreciar la sucesión. Quien redacta el contrato de servicios decide, en buena medida, si el cambio de contrata arrastrará a la plantilla.

Queda una pregunta abierta. El razonamiento del Supremo descansa en que la entrante fue condenada a readmitir. Está por ver qué ocurre cuando esa readmisión no llega a materializarse porque la nueva contrata desaparece o no paga, y el trabajador se queda a la vez sin empleo y sin la indemnización de la anterior.

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Isabel Martín
Isabel Martín
Isabel Martín es editora de la sección Empresa & Talento de The Digital Law. Periodista especializada en el sector legal, cuenta con experiencia escribiendo y colaborando con medios nacionales e internacionales. Su trabajo se centra en lo que ocurre dentro de las empresas y los despachos, desde el mercado de talento jurídico y la gestión de personas hasta los cambios normativos que transforman la manera de trabajar. Sigue con especial atención la regulación y el cumplimiento normativo (compliance), y cómo las nuevas obligaciones afectan a directivos, equipos de recursos humanos y asesores.
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