La expulsión de Macklemore de la gira de Ed Sheeran y la presión para que el cantante se pronuncie sobre Palestina reabren una pregunta que España ya se hizo en 2015 con el caso Rototom. El artículo 16.2 de la Constitución tiene la respuesta.
En agosto de 2015, un festival de reggae de Benicàssim le envió unas preguntas a un cantante.
La dirección del Rototom Sunsplash pidió a Matisyahu, artista judío estadounidense, que se pronunciara sobre el derecho del pueblo palestino a tener un Estado propio y que se declarase contrario a la violencia. Era el único artista del cartel al que se le planteaba algo así. Matisyahu no respondió y el festival canceló su concierto. El Gobierno reprendió formalmente a la organización, que días después pidió disculpas, atribuyó su decisión a la presión de una campaña de BDS País Valencià y volvió a invitarlo. El cantante actuó con normalidad (entendiendo por normalidad banderas palestinas y gritos de «fuera»).
Once años después, la pregunta vuelve a estar sobre la mesa, esta vez en un estadio de Nueva Jersey.
Ed Sheeran recorre Estados Unidos con su Loop Tour, y uno de sus teloneros era Macklemore, rapero de Seattle con amistad de años con el británico. El 4 de septiembre, en el MetLife Stadium, Macklemore dedicó parte de su actuación a defender la causa palestina. El Israeli-American Council respondió con una petición para que lo sacaran de la gira. Días después, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, confirmó que no le permitiría actuar en los conciertos del 25 y 26 de septiembre, alegando lo mostrado en Nueva Jersey y un historial de retórica antisemita. Según Macklemore, Sheeran le contó que Kraft había reunido a otros propietarios de estadios y que entre todos le plantearon un ultimátum. O salía el telonero, o la gira se quedaba sin sedes. El promotor, Messina Touring Group, que era quien tenía el contrato con Macklemore, lo apartó de las fechas restantes.
Sheeran publicó entonces un comunicado. Afirmó que la decisión no fue suya, que había intentado tender puentes sin éxito, que tiene su opinión sobre el conflicto aunque no la haga pública y que no utiliza su escenario para cuestiones políticas porque a sus conciertos acuden personas de todas las edades y sensibilidades. La respuesta llegó en cuestión de horas. Aaron Rowe, Lukas Graham y Finneas abandonaron la gira, igual que Beoga, la banda irlandesa que toca con él en cada concierto, y el Loop Tour se quedó sin teloneros. En redes, la crítica ya no se dirige tanto a la salida de Macklemore como al propio Sheeran. Le recuerdan que con Ucrania sí se implicó, le acusan de tibieza y le exigen que se pronuncie. El silencio, dicen, también es una postura.
Jurídicamente, lo es. Y está protegida.
El artículo 16.2 de la Constitución establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Es la vertiente negativa de la libertad ideológica, y su lógica es sencilla. Si solo pudiéramos ejercer la libertad de pensamiento enseñando lo que pensamos, no sería libertad, sería un trámite. El precepto no distingue entre ciudadanos anónimos y cantantes con cuatrocientos millones de reproducciones. Tampoco admite la excepción de la causa justa, que es precisamente la que todo el que exige una declaración cree tener de su parte.
La objeción es obvia. Ese artículo vincula a los poderes públicos, y ni un festival, ni el dueño de un estadio, ni un usuario de X lo son. Es cierto solo a medias. El Tribunal Constitucional admite desde la STC 18/1984 que los derechos fundamentales proyectan su eficacia también sobre las relaciones entre particulares, aunque con distinta intensidad. Y el legislador ha dado un paso más. La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, prohíbe discriminar por razón de «convicción u opinión», obliga también a las personas privadas que actúen en España e incluye entre sus ámbitos de aplicación la cultura y el empleo por cuenta propia.
Hagamos el ejercicio. Si el caso Rototom se repitiera hoy, la cancelación de un artista por negarse a declarar su opinión ya no sería solo una torpeza que el Gobierno reprocha en un comunicado. Sería una conducta susceptible de examinarse bajo esa ley. Y si el Gillette Stadium estuviera en Getafe, el veto a Macklemore por sus manifestaciones también podría serlo. La ley admite diferencias de trato cuando responden a criterios razonables y objetivos y persiguen un propósito legítimo, y Kraft sostiene que el suyo era evitar un discurso que considera antisemita. Si esa justificación resistiría el examen dependería de qué se dijo exactamente en el escenario, algo que ninguna de las partes ha detallado. Es el tipo de pregunta que en España resolvería un juez, y en X se resuelve con un emoji.
En Estados Unidos el marco es otro. La Primera Enmienda solo opera frente al Estado, de modo que un propietario privado puede decidir quién actúa en su recinto sin mayor explicación. Hay, eso sí, un matiz que nadie ha aclarado. El AT&T Stadium de Arlington, en Texas, es de titularidad municipal, y la prensa estadounidense no ha podido confirmar qué sedes se sumaron a la negativa. Si alguna fuera pública, el debate dejaría de ser contractual para ser constitucional.
Queda la otra cara, la de quienes piden el boicot. También aquí Benicàssim tiene jurisprudencia. Ocho activistas que habían reclamado la cancelación de Matisyahu fueron investigados por delitos de odio y coacciones. En enero de 2021, la Audiencia Provincial de Valencia sobreseyó provisionalmente la causa. Entendió que se atribuía al músico una postura sobre la política del Gobierno israelí, no se le señalaba por ser judío, y citó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Baldassi y otros c. Francia, 2020), que considera el llamamiento al boicot una forma de ejercicio de la libertad de expresión.
El cuadro completo resulta bastante ordenado, lo cual es raro en esta materia. Pedir que un artista no actúe está amparado. Gritar «Free Palestine» en un estadio está amparado. No decir nada sobre Palestina está amparado. Lo que no encuentra acomodo en nuestro ordenamiento es condicionar la contratación de alguien a que recite una opinión, ni excluirlo por la que ha expresado sin una justificación objetiva y proporcionada.
Ed Sheeran puede ser criticado por su comunicado, por su gestión de la crisis o por sus canciones, que para eso no hace falta base legal. Lo que no puede es ser obligado a opinar. Ni él, ni Macklemore a callarse, ni Matisyahu a firmar un formulario.
La Constitución no garantiza que tengamos razón. Solo que nadie nos obligue a decir cuál.
