La Audiencia de Madrid rechaza que la Asociación de Usuarios de la Comunicación obtenga las direcciones para avisar a los afectados de su futura demanda colectiva por datos. Le recuerda que puede hacer un llamamiento público.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación no podrá obtener de Google los correos de los usuarios españoles de Android a los que quería avisar de una demanda colectiva por recogida de datos. La Audiencia Provincial de Madrid confirma el no del juzgado y le impone las costas.
La AUC, como se conoce a la asociación, pidió a un juzgado de Madrid que obligara a Google Ireland y a Google Spain a entregarle, en una hoja de Excel o CSV, los correos de las cuentas de Google de todos los usuarios en España de un Android con determinadas versiones de Google Play Services y de Play Store. El juzgado dijo que no en febrero y la Audiencia lo ratifica en un auto que se ha difundido este mes.
La petición era el primer paso de la ofensiva que la AUC presentó en diciembre de 2025. Según la asociación, Google habría recopilado sin un consentimiento válido datos de hasta 37 millones de usuarios de Android en España, con ajustes activados por defecto y algunas recogidas que ni siquiera se pueden desactivar. Google rechazó entonces esas acusaciones. El objetivo final es una demanda colectiva de indemnización por vulneración del derecho a la protección de datos.
Antes, la AUC tenía que salvar un requisito de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando los perjudicados están determinados o son fácilmente determinables, quien demanda en su nombre debe comunicarles antes su propósito de demandar. La asociación sostenía que ese colectivo está en las bases de datos de Google y pidió unas diligencias preliminares, las actuaciones que la ley permite solicitar para preparar un pleito.
Ahí está la paradoja que resuelve ahora la Audiencia. Para avisar a millones de personas de que se va a pleitear en defensa de sus datos, la asociación necesitaba que un tercero le cediera, precisamente, datos personales de esos millones de personas. Los magistrados entienden que esa cesión no tiene cobertura legal y que, en el choque, pesan más los derechos de los usuarios que el interés de quien dice defenderlos.

Por qué la Audiencia antepone el control de los datos al aviso de la demanda
El tribunal no discute que la asociación pueda litigar. Recuerda que la ley permite a las asociaciones de consumidores defender en juicio los intereses generales de consumidores y usuarios, sean o no socios suyos. Pero esa legitimación está acotada por la condición de consumidor, y ahí la AUC tropieza. Una asociación no puede presumir que todos los integrantes de un colectivo son consumidores, razona el auto, y menos cuando lo que está en juego es un derecho fundamental.
Detrás de una cuenta de Google en un Android puede haber un particular, pero también un autónomo que usa el teléfono para trabajar. El principio de normalidad, que en ciertos casos permite a un demandante concreto presentarse como consumidor, no autoriza a una asociación a darlo por supuesto en millones de personas que no conoce.
El derecho en juego es el que protege el artículo 18.4 de la Constitución. La Audiencia se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional: es cada persona quien decide qué datos proporciona a un tercero y para qué, y cederlos para un fin distinto del que motivó su recogida exige su consentimiento o una ley que lo justifique. Es el principio que llevó a la autoridad catalana a multar a la CCMA por emitir imágenes de alumnos con un permiso recabado para otra cosa.
Los jueces no encuentran esa ley. La petición no cabe en el artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos, que ampara los tratamientos necesarios para una misión de interés público, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tampoco basta con invocar la tutela judicial efectiva frente a personas que pueden ser ajenas a los intereses de la asociación, un choque entre lo colectivo y lo individual que asoma también en los convenios que ceden la obra de los periodistas al procesamiento automatizado.
La AUC tenía un plan B: que fuera la propia Google la que enviara a esos usuarios el aviso redactado por la asociación y revisado por el juzgado, con un auditor externo que certificara el envío. La Audiencia también lo rechaza. Esa fórmula descargaría en Google la tarea de distinguir quién es consumidor y de gestionar la afectación de los datos, lo que casa mal con la menor injerencia que la asociación le atribuía.
La decisión no es un verso suelto. El tribunal se remite a la línea que la sección especializada en asuntos mercantiles de la propia Audiencia mantiene desde 2022 frente a peticiones del mismo tenor formuladas por varias asociaciones de usuarios. Lo nuevo es el destinatario. Es el primer no conocido de un tribunal de apelación a la vía de identificar a los afectados a través de la base de datos de Google.
Qué le queda a la asociación y qué puede hacer el usuario
El auto deja una salida expresa. Para llegar a los afectados, la asociación puede recurrir a instrumentos de publicidad y llamamiento que alcanzan el mismo objetivo sin riesgo para la protección de datos ni para la intimidad. La propia ley procesal ya prevé ese camino cuando los perjudicados son difíciles de determinar: el letrado de la Administración de Justicia publica la admisión de la demanda en medios de comunicación y el proceso se suspende hasta dos meses para que se sumen quienes quieran.
Para el usuario de Android, el efecto práctico es doble. Su correo no saldrá de los servidores de Google para acabar en una hoja de cálculo ajena, un dato que en otras manos ha servido incluso para llevarse una línea móvil a otra operadora. Y si quiere sumarse a una futura acción tendrá que hacerlo por iniciativa propia, respondiendo al llamamiento o dirigiéndose a la asociación. La decisión de participar vuelve a ser suya.
Quien crea que ha sufrido un daño conserva, además, la vía individual, como en otros conflictos con servicios que dependen de Google. El Reglamento General de Protección de Datos le permite pedir por su cuenta una indemnización y reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos sin esperar a la asociación.
Para la AUC, la factura es inmediata. La Audiencia le impone las costas de la apelación, pierde el depósito que constituyó para recurrir y no puede llevar el asunto a otra instancia. El auto es firme.
Queda por ver qué ocurre con el resto de su ofensiva. La asociación presentó cuatro solicitudes en los juzgados de Madrid y en diciembre aseguró que dos habían sido admitidas a trámite. Esta, la del juzgado número 71, llega ahora a la Audiencia con un no. Con dos secciones de la Audiencia alineadas en el mismo criterio, a la AUC le quedan el llamamiento público o la presentación directa de la demanda, para que sea el juzgado quien convoque a los afectados.


