Prestamistas y usureros recurren al secuestro o a la detención ilegal como medida coercitiva para cobrar deudas
Los secuestros han experimentado un aumento del 62,5% con respecto al año anterior, marcando un récord desde 2016, según el informe del tercer trimestre del Ministerio del Interior. A pesar de que la criminalidad en España aumenta en un 5%, los secuestros sobresalen con un incremento significativo.
En los primeros nueve meses de 2022, se contabilizaron 56 secuestros, mientras que en el mismo período del presente año se han registrado 91, representando un rapto cada tres días y alcanzando la cifra más alta desde 2016.
Represalias derivadas del narcotráfico
Expertos policiales sugieren que este aumento está vinculado al narcotráfico, siendo los traficantes responsables de utilizar el secuestro como represalia por deudas o robos de droga.
La Costa del Sol, especialmente en Marbella, se ha convertido en un epicentro de esta actividad, con casos que van desde deudas de negocios hasta situaciones de bajo nivel delictivo que implican rescates de tan solo 3.000 euros. Además del tráfico de drogas, el secuestro se ha extendido al ámbito del juego, donde se producen retenciones por deudas económicas.
Es crucial distinguir entre un secuestro y una detención ilegal. El primero se define por la exigencia de «un rescate o cualquier condición» para liberar a la víctima, mientras que la segunda ocurre cuando una persona es retenida en contra de su voluntad.
Extorsión de prestamistas y usureros
La extorsión por deudas también emerge como uno de los motivos subyacentes en algunas detenciones ilegales, destacando la participación ocasional de prestamistas y usureros en estas acciones delictivas. En estos casos, individuos vinculados al préstamo financiero ilegal utilizan la detención ilegal como un método coercitivo para forzar el pago de deudas pendientes. Este oscuro vínculo entre la extorsión y las detenciones ilegales revela una preocupante conexión entre el crimen organizado y las prácticas financieras ilegales.
Los prestamistas sin escrúpulos, aprovechándose de la vulnerabilidad económica de las víctimas, recurren a tácticas extremas como secuestros para presionar el reembolso de sumas adeudadas. Esta forma de intimidación no solo afecta a individuos con deudas considerables, sino que también se filtra en estratos sociales donde la delincuencia financiera de bajo nivel se entrelaza con métodos más violentos.
La detención ilegal, en estos casos, se convierte en un instrumento de coacción, creando un ambiente de miedo y vulnerabilidad entre aquellos que se encuentran endeudados. Esta compleja dinámica evidencia la necesidad de abordar no solo los aspectos criminales directos, sino también las raíces económicas y financieras que facilitan tales prácticas coercitivas.
