El Supremo confirma la expulsión del cuerpo de un Guardia Civil condenado por tenencia de pornografía infantil

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria de separación del servicio impuesta por la ministra de Defensa a un sargento de la Guardia Civil, quien fue declarado culpable y condenado a 1 año de prisión por un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, según una sentencia firme.

El sargento, con residencia en el cuartel de Eritaña en Sevilla, fue hallado culpable de almacenar en su teléfono móvil 10 imágenes de menores en poses sexualmente explícitas, algunas de las cuales incluían adultos desnudos. Además, compartió parte de este material a través de WhatsApp y Facebook Messenger, utilizando un número oficial de la Guardia Civil, con una mujer con discapacidad visual del 87%.

La Sala desestimó el recurso contencioso-disciplinario militar presentado por el sargento, en el que solicitaba la anulación de la sanción o, en su defecto, una suspensión de empleo de seis meses, alegando la falta de daño a la administración o a los ciudadanos, así como la falta de proporcionalidad de la sanción.

La sentencia, redactada por la magistrada Clara Martínez de Careaga, confirma que el sargento cometió una falta muy grave al ser condenado por un delito doloso relacionado con el servicio, causando un grave daño a la administración y a los ciudadanos, según el artículo 7, número 13 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

La Sala respalda la elección de la sanción de expulsión del servicio, considerándola la más adecuada para un comportamiento tan reprobable e incompatible con la condición de militar y miembro de la Guardia Civil. La sentencia destaca la gravedad de la conducta del sargento, que atenta contra los principios básicos de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, afectando al prestigio y dignidad de la Institución.

Además, rechaza las alegaciones del sargento sobre su historial y la falta de repercusión pública de los hechos, enfatizando la inaceptabilidad de su comportamiento en relación con los valores y principios éticos esperados de un miembro de la Guardia Civil.

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