Condenada una mujer con multa y orden de alejamiento por amenazar a su abogada

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida (Badajoz) ha sentenciado a una mujer a pagar una multa de 360 euros y le ha impuesto una orden de alejamiento de 150 metros, después de que amenazara diariamente por correo electrónico y teléfono a su abogada tras renunciar ésta a su defensa.

La condenada tiene prohibido comunicarse con la letrada por cualquier medio, y si incumple el pago de la multa diaria de ocho euros, será castigada con un día de privación de libertad y deberá cubrir los costos procesales.

La sentencia indica que la abogada empezó a recibir correos electrónicos y llamadas constantes de manera hostil y amenazante después de dejar el caso debido a desacuerdos con la condenada.

«Frases como ‘Voy a acabar con tu cartera de abogados’ o ‘Por mis muertos que vas a sufrir’ eran habituales en los mensajes que recibía la letrada», menciona el abogado defensor de la misma, Pedro Antonio Espada Pérez, quien destaca la necesidad de proteger a los abogados en su ejercicio profesional contra posibles represalias de los clientes.

Espada advierte sobre la importancia de considerar a los abogados como autoridades y la necesidad de denunciar estos incidentes para salvaguardar la libertad y la tranquilidad en el ejercicio de su profesión. «Muchos abogados se sienten coaccionados pero no lo revelan, simplemente bloquean las vías de contacto y viven con miedo», agrega.

Aunque la acusada negó haber enviado los correos electrónicos, reconoció ser la responsable del dominio del correo electrónico desde el cual se enviaron los mensajes. Según Espada, durante la vista, la condenada mostró cierta agresividad verbal hacia la abogada.

El juez ha determinado que hay pruebas suficientes para declarar un delito leve de amenazas. No obstante, el abogado lamenta la baja cuantía de la multa impuesta debido a la falta de un informe médico que justificara el estrés y la ansiedad que padecía la letrada.

«En muchas ocasiones, la persona amenazada no se siente capaz o no está en condiciones de acudir a un centro de salud», expresa el abogado.

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