Última actualización: 9 de septiembre de 2026
1. A qué se refiere esta política
Este documento informa del tratamiento de datos personales que se realiza con motivo del servicio de solicitud de retirada de contenido que se contrata a través de thedigitallaw.com.
Es una política independiente. La navegación por el sitio web como medio de divulgación jurídica, la suscripción al boletín y el formulario general de contacto se rigen por la Política de Privacidad del sitio, que tiene un responsable del tratamiento distinto.
2. Responsable del tratamiento
David García Ferrero, abogado colegiado n.º 113.370 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
NIF 50554944-R.
Domicilio profesional: calle de Luisa Muriel n.º 5, 2.º C, 28047 Madrid.
Correo electrónico: contacto@thedigitallaw.com
3. Categorías de datos y de personas afectadas
Este servicio implica el tratamiento de datos de dos categorías de personas distintas, y conviene distinguirlas.
3.1. Datos del cliente. Nombre o razón social, NIF o CIF, domicilio, correo electrónico, teléfono, naturaleza del titular, y los datos relativos al encargo y a su facturación.
3.2. Datos de terceros contenidos en la publicación. Para prestar el servicio resulta inevitable tratar los datos que figuran en el contenido cuya retirada se solicita: el nombre o seudónimo de su autor, el propio texto de la publicación y, en su caso, los datos de otras personas mencionadas en ella.
Estas personas no han facilitado sus datos ni han prestado consentimiento. Su tratamiento es necesario porque sin él no cabe identificar el contenido ni fundamentar la solicitud, y se limita estrictamente a esa finalidad.
4. Finalidades
- Analizar la viabilidad del encargo con carácter previo a su aceptación.
- Preparar y presentar la solicitud de retirada ante la plataforma correspondiente.
- Realizar el seguimiento del expediente y comunicar su resultado.
- Gestionar el cobro, la facturación y las obligaciones fiscales y contables.
- Conservar el expediente a efectos de acreditar la diligencia profesional y atender eventuales reclamaciones.
5. Base jurídica
Respecto de los datos del cliente, la ejecución del contrato y de las medidas precontractuales (artículo 6.1.b del RGPD), y el cumplimiento de obligaciones legales en materia fiscal, contable y deontológica (artículo 6.1.c).
Respecto de los datos de terceros contenidos en la publicación, el interés legítimo (artículo 6.1.f del RGPD), consistente en la defensa del honor, la reputación y los intereses comerciales legítimos de quien resulta afectado por el contenido, así como en el ejercicio del derecho de defensa.
Ponderados los intereses en presencia, el tratamiento se limita a lo estrictamente necesario para la finalidad descrita, no se emplea con ningún otro fin, y no se difunde ni comunica más allá de la plataforma destinataria y, en su caso, de la autoridad competente.
6. Destinatarios
Los datos se comunican a:
- La plataforma donde está publicado el contenido (Google, Tripadvisor o Trustpilot), en la medida imprescindible para identificar la publicación y fundar la solicitud. Esta comunicación es inherente al servicio contratado.
- Proveedores que actúan como encargados del tratamiento, bajo contrato y siguiendo instrucciones: el proveedor de alojamiento y automatización de procesos, el proveedor de correo electrónico transaccional y el proveedor de servicios de pago.
- La Administración tributaria y demás autoridades competentes, cuando exista obligación legal.
- El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, en caso de reclamación deontológica o discrepancia sobre honorarios.
Fuera de estos supuestos, no se cede ningún dato a terceros.
Algunas de las plataformas destinatarias están establecidas fuera del Espacio Económico Europeo o tratan datos en terceros países. La comunicación resulta necesaria para la ejecución del contrato solicitado por el interesado, conforme al artículo 49.1.b del RGPD.
7. Plazos de conservación
Expedientes admitidos y tramitados. Se conservan durante el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad profesional y de las obligaciones fiscales y contables, así como mientras subsista el deber de custodia que impone la normativa deontológica.
Expedientes rechazados. Cuando el encargo no llega a aceptarse, se conserva únicamente el registro mínimo que acredita la solicitud, la fecha y el motivo del rechazo, durante un año. Transcurrido ese plazo se suprime, incluidos el texto de la publicación y los datos de su autor.
Solicitudes caducadas. Cuando el cliente no completa la información en el plazo concedido, los datos se suprimen a los tres meses desde la caducidad.
Este apartado se aplica con particular rigor respecto de los datos de terceros: no se conservan más allá de lo necesario para acreditar la actuación profesional.
8. Derechos de los interesados
Cualquier persona cuyos datos se traten conforme a esta política —incluido el autor de una publicación— puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a contacto@thedigitallaw.com con acreditación de su identidad.
El ejercicio de estos derechos se atiende en el plazo de un mes.
Los derechos de supresión y de oposición pueden verse limitados mientras el expediente resulte necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, conforme al artículo 17.3.e del RGPD, o mientras subsista una obligación legal de conservación.
Puede presentarse reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), sin perjuicio de dirigirse previamente al responsable.
9. Decisiones automatizadas
No se adoptan decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente a los interesados. La admisión o el rechazo de cada encargo, así como el contenido de cada solicitud de retirada, son revisados y decididos por el letrado responsable antes de su emisión.
Determinados procesos auxiliares están automatizados —el registro del expediente, el cálculo de plazos y la preparación de borradores—, pero ninguno sustituye la decisión profesional.
10. Secreto profesional
Con independencia de lo anterior, toda la información que el cliente facilite queda amparada por el secreto profesional del abogado, con el alcance que establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto General de la Abogacía Española. El deber de secreto es indefinido.
11. Seguridad
Se aplican medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo: cifrado de las comunicaciones, control de accesos, alojamiento en infraestructura propia y limitación del acceso a los expedientes a las personas que intervienen en su tramitación.
12. Modificaciones
Esta política podrá modificarse para adaptarla a cambios normativos o en la prestación del servicio. Toda modificación se publicará en esta misma página, con indicación de su fecha.