Aquellas empresas con 250 empleados o más, así como las administraciones y organismos, deben tener el sistema antes del 13 de junio de 2023
La Ley 2/2023 de febrero de 2023 establece las normas para proteger a las personas que reporten infracciones legales y luchan contra la corrupción. Esta legislación se basa en la Directiva (UE) 2019/1937 emitida por el Parlamento Europeo y el Consejo el 23 de octubre de 2019. Según el tamaño de las empresas, así como de las administraciones y organismos, se establecen diferentes plazos para implementar un sistema de denuncias.
Las empresas con más de 250 empleados y todas las entidades del sector público (excepto los municipios con menos de 10,000 habitantes) deben tener un sistema de denuncias interno antes del 13 de junio de 2023. De acuerdo con la Ley 2/2023, vigente desde el 13 de marzo de 2023, las empresas, administraciones y organismos deben implementar un sistema de denuncias antes del 13 de junio de 2023.
La Directiva (UE) 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblowing, se ha incorporado al derecho español con el propósito de prevenir y detectar infracciones. La Ley 2/2023 busca proporcionar un marco regulatorio completo que proteja adecuadamente a las personas que informen sobre infracciones en el ámbito de la Directiva (UE) 2019/1937, así como de conductas que puedan constituir infracciones penales o administrativas graves o muy graves.
El requisito de implementar un sistema de denuncias varía según el número de empleados en las empresas: aquellas con 250 empleados o más, así como las administraciones y organismos, deben tener el sistema antes del 13 de junio de 2023. Por otro lado, las empresas con 249 empleados o menos y los municipios con menos de 10,000 habitantes tienen plazo hasta el 1 de diciembre de 2023 para implementar su sistema de denuncias.
El no cumplir con la obligación de establecer un sistema interno de información conforme a lo requerido por la ley se considerará una infracción muy grave, lo cual resultará en sanciones para las empresas que oscilan entre 30.001 y 300.000 euros. Asimismo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) podrá tomar las siguientes medidas:
- Emitir una amonestación pública.
- Prohibir a la empresa recibir subvenciones u otros beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.
- Prohibir a la empresa realizar contratos con el sector público durante un máximo de tres años.
