El objetivo es que ciudadanos y profesionales que les representan, puedan comparecer telemáticamente en vistas judiciales y actos de conciliación ante jueces o letrados de la Administración de Justicia
“La transformación digital no es un fin en sí mismo; es un medio para mejorar la vida de las personas y, en Justicia, va a mejorar, además, la prestación del Servicio Público de Justicia«. Así lo ha dicho hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una sesión informativa organizada por su gabinete para explicar los proyectos de inmediación que está llevando a cabo y que son “únicos en el mundo».
El Ministerio de Justicia, junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarrollado un conjunto de procedimientos técnicos y organizativos, así como herramientas asociadas a los mismos, para dar seguridad jurídica en la inmediación digital y los servicios no presenciales. El objetivo último es aportar confianza a los ciudadanos y profesionales del sector en su relación con la Administración de Justicia.
La inmediación digital se refiere a la posibilidad de que la ciudadanía, entidades privadas o administraciones públicas, así como los profesionales que les representan, puedan comparecer telemáticamente en vistas judiciales, actos de conciliación ante jueces o letrados de la Administración de Justicia, entre otros.
Así, el Ministerio de Justicia ha integrado el sistema Cl@ve de la AEAT, desarrollando una aplicación propia llamada ClaveJusticia, que actúa como interfaz para que el funcionario de la Administración de Justicia pueda identificar con seguridad a las personas que participan en actos a distancia.
Para el resto de actuaciones procesales, más allá de las vistas, se ha desarrollado la herramienta EVID, que dota de seguridad en la identificación de la persona usuaria del servicio público de Justicia.
Actualmente ya se están realizando algunas actuaciones judiciales mediante inmediación digital. Entre ellas: información general personalizada, apoderamientos apud acta, ratificaciones de mutuo acuerdo en materia de divorcio o separación o juntas de herederos.
En última instancia, “este proceso busca mejorar la vida de las personas, al no tener que desplazarse para realizar actuaciones judiciales, reduciendo gastos económicos y tiempo, especialmente aquellas que viven en lugares con una baja densidad de población y cuyo desplazamiento es especialmente costoso; también va a impactar positivamente en el medio ambiente», ha destacado Llop.
“Vamos a cuidar a las personas con dificultades para facilitar su acceso a estos instrumentos desde las Oficinas de Justicia en los municipios y la Oficina Judicial, o las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. Las personas mayores o las personas con alguna discapacidad estarán debidamente atendidas para no dejar a nadie atrás», ha asegurado la ministra de Justicia.
Igualmente tendrá un impacto positivo en los profesionales -abogacía, procura, graduados sociales-, que, además, tendrán más tiempo para conciliar la vida laboral y personal.
En definitiva, este proyecto, en el que se trabaja en colaboración con todo el sector Justicia -órganos judiciales, trabajadores del sector, abogados, procura, las consejerías de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas (CCAA) que tienen las competencias de Justicia transferidas, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado, “será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital«, ha concluido Llop.
“Salto cualitativo»
Por su parte, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, se ha referido a este proyecto de transformación digital como un magnífico ejemplo de las posibilidades brindadas por los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Nos permiten contar con tecnología innovadora y emprender cambios organizativos e, incluso, culturales hacia una digitalización útil e inteligente que redunde en la ciudadanía, e incremente la competitividad del país».
Olmedo ha destacado el “salto cualitativo» que en este proceso de transformación digital van a suponer las tres leyes –de eficiencia procesal, organizativa y digital– que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, aportando una base legal común.
“La inmediación digital es un proyecto enmarcado en el plan Justicia 2030, que cuenta con un presupuesto, ya ejecutado de tres millones de euros, y aprobado por unanimidad por las CCAA», ha puesto en valor el secretario general.
“Creo que estamos en el buen camino para aportar calidad e innovación en el servicio público de Justicia de forma coordinada y compartida», ha concluido Olmedo.
Por su parte, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, ha ahondado en los beneficios que supone la inmediación digital en las políticas contra la despoblación, al posibilitar el teletrabajo de funcionarios y la atención a la ciudadanía desde cualquier lugar. Asimismo, favorece la universalidad del servicio, ya que permite el uso desde cualquier dispositivo sin necesidad de un software específico, ha señalado. “Se trata de una medida que, en definitiva, acerca la Administración de Justicia al ciudadano, con una atención personalizada para cada trámite».
Cubo también ha querido destacar “la vertiente social de este proyecto, al permitir, por ejemplo, la declaración de las víctimas en entornos seguros», y “los beneficios claros en la lucha contra la brecha de género».
El subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales, Javier Hernández, ha puesto en valor “las garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad exhaustiva» que permite este sistema que trabaja desde la nube.
Ejemplos prácticos
En la sesión informativa, además han participado otros agentes de las administraciones públicas y del sector para explicar sus experiencias en la implementación del proyecto de inmediación digital.
Así, Miguel Ángel Soler, secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha destacado las 183 actuaciones de inmediación llevadas a cabo hasta finales de 2021 en esta región que, junto a Palencia, han llevado a cabo los proyectos piloto. En ellas, “se ha impedido el desplazamiento de 350 personas, que son las que han intervenido en estas actuaciones, con los consiguientes ahorros que esto implica».
Miguel Hermosa, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia, ha señalado el valor de la inmediación en ahorro de tiempo, “pasando a 5-10 minutos para hacer un proceso de aceptación de cargo de perito que antes implicaba un desplazamiento de varios cientos de kilómetros».
Por su parte, desde la Consejería de Justicia de Asturias, se ha enfatizado que, además de la agilización de los procedimientos, existe un plan alternativo para quienes no cuenten con las herramientas digitales que se requieren. “Elimina brechas digitales, pero también de otro tipo, al poner el foco en las personas vulnerables», han concluido.
Fuente: Ministerio de Justicia
