Estafan a 200 personas simulando representar a un Banco chino

Cada colaborador se encargaba, según las instrucciones recibidas, de gestionar una cartera de clientes, normalmente de la zona donde residían. Los clientes, para poder formalizar los préstamos, habían de remitir cierta documentación a través de los colaboradores y esperar su estudio y posterior concesión, siendo para ello necesario el previo pago de cierta cantidad de dinero, en la mayoría de los casos a través de ingresos en cuentas bancarias facilitadas por los acusados a los colaboradores y éstos a los clientes.

Existía de forma patente una jerarquía, así como una interrelación entre los intermediarios. Pese a que en muchos casos no se conocían físicamente, mantenían contactos entre sí bien por vía telefónica o bien a través de Internet, lo que hacía posible la coordinación entre ellos pese a residir en provincias distantes unas de otras.

En esta estructura, los intermediarios recibían dinero de los clientes que luego remitían al siguiente responsable de la cadena y éste a su vez los remitía a la cúpula de la organización, es decir, más bien a los acusados. Por ello, no necesariamente la primera persona que recibía el dinero se lo apropiaba, puesto que el destino final del dinero eran los acusados, quedándose en algún caso con una parte de dicho dinero los citados intermediarios en retribución de los gastos de la gestión que habían llevado a cabo para los propios acusados.

En muchos de los casos una persona contactaba como cliente con aquellos que ofrecían financiaciones con objeto de solicitar un crédito para sí mismo, tras lo cual se lo «concedían» y le ofrecían que captase clientes a cambio de las promesas de una comisión una vez se firmasen las operaciones.

A su vez, éste lo recomendaba a su vez a parientes y conocidos, y así sucesivamente, con lo que se ampliaba el número de afectados considerablemente, dándose numerosos casos en que la misma persona eras a la vez víctima y colaborador inconsciente en la trama ,siendo a veces, esa colaboración forzosa como único modo de recuperar lo invertido.

Pasados los meses algunos de éstos «clientes-colaboradores» se percataron de que las operaciones nunca llegaban a firmarse y se desvinculaban de las operaciones financieras, mientras que en otros casos seguían participando en los hechos.

En algún caso, los colaboradores llegaron incluso a interponer denuncias contra los acusados o entre los propios colaboradores entre sí.

Los acusados, directamente o a través de sus intermediarios, ofertaban las hipotecas y rehipotecas con unas condiciones irrisorias, como un plazo de tiempo a pagar en la mayoría de los casos en ochenta y cinco años, y con un 1.5 % de interés, lo cual, resultaba como evidente atractivo para la captación de las víctimas, dada la evidente disparidad de las condiciones de financiación que ofrecían en comparación con cualquier entidad bancaria o de crédito que operase en España.

En general, se aprovechaban de clientes desfavorecidos económicamente que se encontraban acosados por su respectivos bancos.

A estas personas, a la postre perjudicados, se le que requerían el pago anticipado de todo tipo de gastos como tasaciones, que nunca se llegaban a realizar y en algunos casos se les llegaban a cobrar a los clientes los gastos de tasación en varias ocasiones, alegando que la financiación con esa entidad no había llegado a buen fin y que la iban a realizar con otra entidad, o bien que era necesaria otra tasación debido al tiempo transcurrido, no dándoles en muchos de los casos los correspondientes recibos de haberlas abonado.

El engaño también era extensivo al mercado de inversiones, donde con evidente ánimo de beneficio ilícito se aprovechaban del desconocimiento de los perjudicados y de la crisis económica que se vivía en ese momento.

Así, las inversiones que ofrecían a los pequeños inversores, las cuales denominaban como «SKR» o pólizas de alta rentabilidad, ofrecían supuestamente unos beneficios astronómicos, puesto que por importe de 1.000 € que aportaban las víctimas, obtendrían un beneficio de 150.000 €, todo ello en un plazo de 45 días.

Las cantidades de dinero que solicitaban como «gastos de gestión» o «gastos de tasación», variaban completamente, siendo cantidades aleatorias dependiendo de las circunstancias de cada caso, aunque era generalizado exigir desde el primer momento al menos 360 euros en concepto de tasación.

La actuación de los acusados se ha prolongado y sostenido en el tiempo, así como la dinámica empleada ya que muchas de las victimas iniciaron los trámites en el año 2008, continuando las estafas hasta las fechas en las que se llevaron a cabo las primeras detenciones, es decir, mediados del año 2011.

Ante las reclamaciones de las víctimas del entramado, al ver que nunca se contrataba el préstamo del supuesto banco chino, los acusados empleaban excusas y demoras durante meses o años, siendo transmitidas de unos colaboradores a otros continuamente con lo que se generaba una apariencia de solvencia y veracidad.

Para ello se les facilitaba a los clientes diferentes teléfonos de contacto, así como cuentas de correo electrónico para mantenerse en contacto, si bien con posterioridad quedaban en desuso por parte de los acusados , acudiendo a un repertorio de burdas excusas e incumplimiento de lo prometido, sin devolverles tampoco el dinero obtenido a base de mentiras y engaños.

Otra de las tácticas empleadas era que cuando los perjudicados contactaban con los intermediarios agobiados por la situación económica en la que se encontraban, conseguían que se les facilitaban fechas para la firma de las financiaciones, para posteriormente volver a cancelarlas alegando todo tipo de justificaciones, o culpándose de la situación uno colaboradores a otros, asegurándoles a las víctimas que todo se arreglaría y que solo se trataba de demoras, viéndose las víctimas inmersas en un círculo vicioso que les hacía pensar que la única opción que tenían era esperar.